El Gobierno necesita $12 billones adicionales para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2025 y, para ello, presentará una ley de financiamiento. ¿Se modificará el impuesto al 4×1.000? Este martes 20 de agosto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se refirió al respecto.
El Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), más conocido como 4×1.000, es un impuesto en el que -básicamente- los bancos le cobran $4 pesos por cada $1.000 pesos de cualquier movimiento financiero. Ese dinero es transferido a las arcas del Estado y, dicho sea de paso, representa una jugosa fuente de ingresos para impulsar los planes de cualquier Gobierno. Solo en el primer semestre de 2024, el GMF representó $7 billones.
Este martes 20 de agosto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que la ley de financiamiento no incluirá modificaciones al 4×1000.
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Cabe destacar que el Gobierno tiene al 15 de septiembre para presentar esta suerte de reforma tributaria. Pese a que todavía no se conoce su articulado, el Gobierno ha dejado entrever algunas “líneas rojas”: como no tocar el régimen de renta de personas naturales ni el IVA; el proyecto también podría incluir la promesa de reducción paulatina de la tarifa corporativa del impuesto sobre la renta, del 35 % actual al 30 %, reducción que se espera comience con posterioridad al período fiscal 2025.
Año tras año, las discusiones sobre qué hacer con el 4×1000 son constantes. Acabarlo de golpe, desmontarlo progresivamente y hasta incrementarlo son algunas de las propuestas que pululan. Hoy, la conversación gira en torno a dos posturas: que el 4×1000 bien podría ser un “salvavidas” en un momento en que la situación fiscal del país no es la mejor y el Gobierno necesita “combustible extra” para su presupuesto; por otro lado, que este impuesto (creado en 1998 como 2×1.000 por una coyuntura de los bancos) desincentiva la bancarización y, para evitar dicho impuesto, muchos preferirán hacer movimientos en efectivo, con todo lo que ello conlleva.
De fondo, la cuestión con el 4×1000 es que se mantiene debido a las dificultades existentes de los gobiernos para sustituirlo por otra fuente de ingresos permanentes de la misma magnitud.
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Aunque ya no se destina este dinero para salvar a los bancos y otras instituciones, como ocurrió a finales de los años 90 durante el gobierno Pastrana, el impuesto sigue siendo muy criticado, debido a que comenzó como un gravamen temporal, pero se sigue cobrando.
En su momento, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios recomendó eliminar el impuesto a los movimientos financieros, al considerarlo “altamente distorsionante”. El grupo de expertos consideró que, de no eliminarse este impuesto, debería convertirse en un tributo que afectara sólo a los retiros en efectivo.
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