Santiago Rojas ya está curtido en temas de comercio. Había estado en el Viceministerio de Comercio Exterior, pasó por Bancoldex, fue cercano a Fiducoldex y luego ejerció como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Por eso ahora, como cabeza de la DIAN, no le resulta lejano el problema del contrabando. Advierte que, por ser un delito, no está acertadamente cuantificado, sabe que le hace un daño enorme a la economía y confía en que el Congreso apruebe con celeridad la ley anticontrabando para que, por vía penal, pueda equiparse ese delito con el lavado de activos.
¿Cómo está hoy el contrabando en Colombia? ¿Qué cifras hay?
Es uno de los flagelos de la economía, no sólo por el perjuicio que quita en ingresos sino porque es competencia desleal para los empresarios que sí pagan todos los impuestos. Por eso la política del Gobierno es una lucha frontal que se debe mantener. Hablar de cifras de contrabando es empezar a especular porque unos dicen US$5.000 millones y otros US$6.000 millones.
Nosotros distinguimos. Un tema son las fronteras. De un lado, lo que sucede con Venezuela, que tiene unos productos subsidiados más económicos, como la gasolina o alimentos, lo cual genera un incentivo para traerlos a Colombia. Hemos detectado que, en buena medida debido a la preocupación de Venezuela, crearon un centro de Lucha de Operaciones contra el Contrabando y se coordinaron la Guardia Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y eso ha permitido que se sienta una disminución en la frontera. ¿Dónde está el tema grueso? En las trochas. Se está haciendo un esfuerzo para controlarlo.
¿Y los otros temas?
El contrabando que nos preocupa es el técnico. La subfacturación. Estamos determinando si las facturas que se presentan son reales o no; ese es el gran reto. Y el otro está vinculado a grupos ilegales. Mi hipótesis es que hace 10 años, con el narcotráfico, había muchas formas de lavar dinero, como el sistema financiero. Después del 11 de septiembre de 2001 los controles subieron y el sector financiero se protegió; ya no se pudo hacer por ahí. Entonces los narcotraficantes lavan el dinero con el contrabando. Es una estructura criminal a la que estamos combatiendo con inteligencia, con la Polfa. El presidente fue muy enfático y nos dijo que la Polfa debía concentrase en la inteligencia, para desarticular esas grandes mafias.
El contrabando de cigarrillos se volvió un problema mayor…
Ese es un capítulo desafortunadamente muy importante. Cuando uno mira a Colombia en los últimos años, está incrustado de licores, cigarrillos, confecciones, calzado y electrodomésticos. Los cigarrillos vienen de Asia y de Suramérica, entran vía Panamá por La Guajira, por el régimen especial que hay allí. El ingreso es permitido para el consumo en la Costa, pero si sale del régimen especial se genera un hueco fiscal grande para la salud, y por eso trabajamos con departamentos para combatirlo. Hay una propuesta, que es el famoso Sunir, es decir, los procesos de trazabilidad de las cajetillas. Estamos a punto de firmar un acuerdo con los departamentos y las grandes compañías productoras o importadoras para tener una marcación de cada cajetilla.
¿Cuándo estaría funcionando eso?
Se pretendía que la DIAN montara todo un sistema de marcación, incluso en las fábricas, pero era muy costoso. Estamos mirando el sistema de trazabilidad con la Federación de Departamentos. Ya estamos de acuerdo en que hay un sistema para utilizar a nivel nacional, hablamos con la firmas del sector y están dispuestas a construir esas marcaciones con todos. Ese será un proyecto que estará en el Plan de Desarrollo y a finales del próximo año, si todo va bien, podremos tener el sistema.
Hay un régimen especial en La Guajira. ¿Por qué se mantiene, si es por allá que entra todo el contrabando?
Históricamente, La Guajira es un departamento muy importante para el comercio. Prohibirlo tendría unas implicaciones sociales muy graves. Lo que hay que hacer es trabajar con las autoridades locales y las comunidades para mejorar el ingreso de la mercancía que entra y lograr que realmente se quede allí, pues cuando sale se está incumpliendo. El problema no es el régimen en sí, sino la forma de garantizar que cuando llega la mercancía pague lo que tiene que pagar. Es una cuestión de aplicación en el control.
¿No hay sanciones penales para quien infrinja la ley?
La ley anticontrabando es algo que puede ayudar mucho: es equiparar el delito de contrabando al de lavado de activos con penas fuertes, para poder tener un límite, porque la idea tampoco es llevar a la cárcel al que tenga dos o tres pacas de cigarrillos. La idea es atacar a las mafias. Llevar a los grandes capos del contrabando a la cárcel y hacer un trabajo con quienes viven de él para ofrecerles alternativas.
¿Y cómo va la ley anticontrabando?
Ya fue aprobada en primer debate y los ponentes están preparando un ajuste. Esperamos, de acuerdo con lo que nos ha dicho el ministro de Hacienda, que a finales de noviembre tengamos el debate en la plenaria. Ojalá lo tengamos aprobado en el Senado este año y quede en la legislatura del año que viene en la Cámara de Representantes.
¿Se puede decir que Maicao es un caso perdido por el contrabando?
No, no diría eso, en la medida en que lo que hay que hacer es trabajar con la comunidad. Algo que Colombia tiene que entender es que este no es un problema del Gobierno o de la DIAN o de la Corte, es un tema social en el que están involucradas la autoridad local y la sociedad.
Hay programas sociales en La Guajira para apoyar comunidades y ofrecerles alternativas de producción. Se trata de llevar a la cárcel a los grandes capos, pero también ayudar a la población para que tenga medios de subsistencia adecuados.
Si se baja el impuesto que paga el cigarrillo, ¿bajaría el contrabando?
Eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Cuando comparamos lo que paga el cigarrillo, no es lo más alto del mundo, estamos en el promedio, lo que pasa es que aquí hay mafias criminales. Cuando uno habla de un producto que quiere burlar el arancel, ahí sí se mira la baja del impuesto. Acá el problema es que el contrabando es el mecanismo para el lavado de activos.
¿Hay mucha corrupción en la DIAN?
Hay que ser muy claro: la gran mayoría de los funcionarios de la DIAN somos honestos, comprometidos, trabajadores. Desafortunadamente, cuando se mueven tantas sumas de dinero puede haber corrupción en el sector privado, y también en el sector público. Lo que hay que decir es que aquí hay cero tolerancia con la corrupción, hay que tener un buen proceso de selección de personal, hay que trabajar con los escáneres y hay que hacer trabajo de inteligencia de casos puntuales de corrupción, que los hay. Tenemos el ITRC, que está enfocado en la investigación de posibles casos de corrupción en el interior de la DIAN. Ya hay capturas y seguirán las investigaciones.
A Juan Ricardo Ortega lo amenazaron. Hubo casos de funcionarios asesinados. ¿A usted lo han amenazado?
El papel de la DIAN es complejo; los funcionarios son valerosos. A mí no me han amenazado.
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