Ante la denuncia de que las autoridades no actuaron en la debida forma, pese a los llamados de las autoridades locales, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga dice que nunca recibió una alerta de las autoridades locales.
"Como ministro de Hacienda nunca recibí una carta de un alcalde o un gobernador, poniéndonos al tanto de que se veía un hecho anormal de un establecimiento de comercio en algún municipio".
En entrevista con Elespectador.com defendió la actuación del superintendente Financiero, Cesar Prado, que ahora se encuentra en el ojo del huracán. El opositor Partido del Polo Democrático ha solicitado la renuncia.
¿El Gobierno actúo en su momento oportuno para frenar la acción de las pirámides?
Nosotros tenemos una responsabilidad administrativa. La actuación administrativa corresponde a lo que la ley determina, con toda la solidez financiera y jurídica, y eso permite apoyar y aportar los mayores elementos de juicio a la actuación de la parte fiscal o de la parte penal, entendiendo fiscal a la Fiscalía.
Esa ha sido nuestra voluntad de apoyar, de entregar todo nuestro esfuerzo para que la Fiscalía tenga los mayores elementos de juicio y pueda tener las decisiones en materia penal.
¿Es difícil para el Gobierno anticiparse a la actuación de este tipo de negocio?
Generalmente quien actúa en la ilegalidad sabe muy bien lo que hace, y juega a que el Gobierno tiene que actuar bajo la ley y bajo las normas, y es muy difícil anticiparse. Tenemos casos de pirámides que se montan un lunes y el fin de semana desaparecen.
Estado actúa con lentitud
¿Pero no actúa es por falta de herramientas?
No, es porque la información no fluye a esa velocidad y porque nosotros tenemos que actuar. El Estado tiene que respetar un procedimiento, tiene que respetar unas normas, tiene que tomar más tiempo, tiene que tener una coordinación interinstitucional, y eso es parte a lo que siempre juegan quienes fomentan las actividades ilícitas, que el Gobierno no puede reaccionar a la misma velocidad de quien está diseñando una estrategia para defraudar como es el caso de estas pirámides.
¿Pero se tardó en actuar para frenar las pirámides?
En septiembre de 2007 el superintendente Financiero dictó una medida administrativa declarando captación masiva ilegal de lo que en aquel entonces era DMG, un vehículo que estaba captando masivamente de manera ilegal. Esa actuación que fue la primera de una manera rápida, como corresponde, fue notificada a las instancias judiciales, en este caso a la Fiscalía, para que se iniciaran las acciones penales correspondientes.
Posteriormente la Superfinanciera siguió haciendo un ejercicio de seguimiento y actuó sobre tres resoluciones de pirámides donde pudo actuar con información que logró construir para sustentar una decisión jurídica. A partir de
todas estas comunicaciones se pudo hacer un inventario de cuántas pirámides podrían haber, y se llegó a contabilizar como 200.
¿Qué se encontró en ese momento?
Que una inmensa mayoría eran de papel y que muchas de ellas se creaban y desaparecían en muy poco tiempo, porque no generaba ningún espacio de intervención. Muchas de ellas ya desaparecieron, no hay forma de localizarlas por la forma como se habían creado.
¿Esa fue la primera ola de pánico?
Para ubicarlos cronológicamente eso fue como en marzo y junio de este año. Hacia agosto empieza a rodar muy fuerte el surgimiento de una pirámide que parecía ser en un momento la persona que la crea, había tenido relación con Grupo DMG. Esa pirámide empieza a multiplicarse con mucha fuerza en el departamento de Nariño, lo que lleva a la Superfinanciera a empezar una indagación.
Viene septiembre, que es una fecha importante porque el 13, el Presidente (Uribe) va al consejo comunal de Pasto, y a Ipiales. Estaba en ese momento una efervescencia, empezando a tomar mucha fuerza este grupo.
El Presidente hace unas referencias explicitas de la mayor importancia en el consejo comunitario. Y nosotros radicamos el día anterior, el 12, el proyecto de ley que busca endurecer las penas; en un mensaje claro que íbamos tras los responsables para llevarlos a la cárcel.
En ese momento la Superintendencia (financiera) empieza a avanzar. Cuando se mete a mirar estas pirámides que encuentra que nadie está dispuesto a denunciar, nadie, de los que están involucrados, está dispuesto a aportar información, y se encuentra con unas estructuras, con movimientos en efectivo, y sin ningún tipo de información, ni documentos.
Entonces la Superfinanciera decide avanzar para tratar de integrar y concretar esta organización tan grande. Eso le lleva unos meses para hacer un seguimiento e identificar esta estructuras tan grande, que fue la que esta semana colapsó, y que empezó a colapsar unos días antes, ante la insistencia de la Superfinanciera, pero que ya venía en marcha. Los apoderados, al ellos estar indagando, seguramente advierten que se viene una actuación por parte de la Superfinanciera, y eso presiona.
Una coincidencia
¿Por qué sólo actúa el Gobierno cuando revienta el problema?
Ahí fue una coincidencia, pero que se producen a sabiendas de lo que venía ya porque la Superfinanciera venía definiendo información, y venía actuando en todas estas circunstancias, tratando de recoger toda esa información para definir una actuación que pudiera cubrir a todas.
En condiciones normales una pirámide de 66, de nada sirve notificar la sede principal, cuando hay sesenta sucursales. Se quería tener la plena identidad para definir un operativo claro, contundente como el que se hizo, interviniendo de manera activa con la policía, suspendiendo la actividad, para poder tomar los inventarios y asegurar recursos, que en un momento sirviese para el pago.
¿Esta experiencia con la primera pirámide les va a permitir actuar en contra de DMG?
Eso ya abre un camino. La Superfinanciera y el Gobierno pueden hacer intervenciones administrativas, y luego viene la instancia judicial. No hay mucha experiencia por parte de la justicia civil para manejar estos procesos.
¿Qué temor hay?
Si no se entregan procesos sólidos jurídicamente un juez civil los puede devolver y eso, en un momento dado, puede significar una contrademanda a la Nación, porque no se ha actuado con todo el rigor y la diligencia. Por eso la Superfinanciera quiso armar un caso técnicamente muy sustentado que fuera inobjetable para la actuación del juez civil para proceder a su liquidación.
La superfinanciera actúa hasta la parte administrativa y de aquí en adelante ya es el juez civil del circuito, a quien corresponde iniciar el proceso de liquidación y lo que corresponde en la parte civil, y viene también el proceso ante la Fiscalía.
La superfinanciera se ha querido documentar con el mayor rigor para que eso le signifique ganancia de tiempo a las actuaciones de la Fiscalía.
¿El Gobierno hace blindaje de este primer proceso para evitar demandas posteriores?
Tiene mucho trabajo jurídico para garantizar su éxito en la instancia judicial, y para que pueda ser un elemento contundente para la actuación de la Fiscalía en la parte penal.
Grandes cifras comprometidas
¿Qué cifras estima el Gobierno, se pueden mover en el negocio de las pirámides?
Es una cifra grande. Es muy difícil medirla, un indicio son los movimientos que pudo descifrar la Superfinancia de cerca de tres meses de 400.000 millones de pesos en 95.000 operaciones, muchas de esas pueden ser repetitivas, pero eso muestra la dimensión de que el número de personas es muy grande y, obviamente, allí hay recursos muy grandes.
Sé que hasta hoy en la mañana (jueves) en los inventarios que venía haciendo la policía ya había identificado $14.000 millones en diferentes oficinas sin que hubiese terminado en todos los departamentos. Son 12 departamentos y aquí estamos hablando también de municipios muy pequeños.
Como ministro de Hacienda nunca recibí una carta de un alcalde, un gobernador, poniéndonos al tanto de que se veía un hecho anormal de un establecimiento de comercio en algún municipio, nunca. No hay una denuncia ciudadana efectiva en la Superfinanciera, aquí nos ha tocado recurrir a lo que se ve y proyectan los medios, para poder actuar.
Pero obtener información de una actividad que es ilegal, que todo es en efectivo, que no se maneja contabilidad, que no hay rastro de las cosas, pues es mucho más complejo.
Reitero, hemos querido blindar jurídicamente la actuación de la Superfinanciera para que en las instancias judiciales posteriores no vayamos a sufrir ningún traspié en un proceso que sería muy delicado para el Estado.
¿El gobierno va a seguir actuando de esta forma para enfrentar todo el problema de las pirámides?
Es indudable que nosotros ya podemos ir con mucha más fuerza. En la medida en que hay conocimiento, se va trazando un camino en las actuaciones de tipo administrativo, que involucra no solo a la Superfinanciera, en algunos caso será a la Supersociedades, porque hay unas empresas que se organizan como entidades mercantiles, a través de las cuales tratan de blindarse para que no sea considerada la captación masiva. Buscan unos protectores que les permiten mantener una actividad que pueden camuflar.
¿Han entrado en contacto con otros países donde se dice que las pirámides colombianas tienen presencia?
Son redes internacionales, no es la primera vez que se mostrarían. En el pasado se ha visto en muchos países. Yo recuerdo hace algunos años en Centroamérica y el Caribe, en Europa y Estados Unidos. En otros países de América Latina ha habido olas de pirámides en los últimos meses, y seguramente eso tiene tentáculos con organizaciones internacionales que cada día son más sofisticados.
¿Pero han entrado en contacto?
Yo no tengo información sobre eso. Quien puede encontrar alguna conexión es la UIAF (La Unidad de Información y Análisis Financiero) , porque ese es su papel.
La UIAF ha hecho un seguimiento de muchas operaciones en el sistema financiero, las cuales ha reportado a la Fiscalía para que sean investigadas y se pueda determinar el origen de estos recursos.
¿El proyecto para endurecer las penas no se vinculará a la reforma financiera?
No. Porque este es un proyecto que busca endurecer penas que es de régimen del código penal.
¿Y el manejo de las tarjetas prepago?
Ese sería un tema que podría ir en la reforma financiera.