El Gobierno expidió un proyecto de decreto que modifica el Título 9 del Decreto 1077 para redefinir de los precios máximos de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
El foco central es doble. Por un lado, se fijan techos claros en salarios mínimos. Por otro, se introduce una obligación estricta de transparencia en el precio desde el momento en que el hogar se vincula al negocio.
El decreto invoca el artículo 51 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vivienda digna; el 78, sobre protección al consumidor; y normas como la Ley 388 de 1997 y la Ley 2294 de 2023.
El texto fija el precio máximo de la VIS en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y el de la VIP en 90 SMLMV.
La decisión de mantener el cálculo en salarios mínimos tiene un efecto automático: cada año, el valor máximo se ajusta con el incremento del mínimo. Esto protege el poder adquisitivo frente a inflación, pero también traslada parte del riesgo al mercado.
Hay una excepción relevante: en San Andrés, Providencia y Santa Catalina la VIS rural podrá llegar hasta 280 SMLMV, respaldada en estudios técnicos. Es un reconocimiento explícito de sobrecostos estructurales en territorios insulares.
El artículo nuevo sobre protección al adquirente introduce un cambio operativo significativo. El vendedor deberá informar “de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos” el precio total desde que el comprador se separa, firma promesa o suscribe un encargo fiduciario.
Y agrega un candado: ese será el único precio exigible hasta el final del contrato y no podrá superar el tope vigente al momento de adjudicación.
El decreto ordena que cualquier duda se resuelva bajo el principio pro consumidor de la Ley 1480 de 2011. La Superintendencia de Industria y Comercio asumirá funciones de inspección y control.
Al fijar techos en salarios mínimos y exigir precio cerrado en pesos desde el inicio, el Gobierno intenta ordenar un mercado donde la volatilidad había generado fricciones. Para los hogares, significa mayor certeza sobre cuánto pagarán. Para los desarrolladores, implica asumir el riesgo de variaciones futuras sin trasladarlas al comprador.
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