Después de tres años y siete meses de negociaciones y consultas, los gobiernos de Colombia y Panamá firmarán el próximo viernes el texto final de su tratado de libre comercio. Un logro conjunto si se tiene en cuenta que los diálogos entre sus equipos negociadores no estuvieron ajenos a las presiones de los gremios industrializados y que el proceso entró en el congelador por cerca de un año.
Aunque ambos gobiernos reportaron en octubre de 2011 que la suspensión en las negociaciones se debía a temas puntuales para el acceso de las exportaciones agrícolas e industriales colombianas, en la asistencia aduanera y la facilitación del comercio, lo cierto es que el desencuentro tiene nombre propio: la zona libre de Colón.
Se trata de la zona franca más grande del continente (es la segunda del mundo en tamaño), con una extensión de 2,4 kilómetros cuadrados, donde operan alrededor de 2.000 compañías que comercializan sus mercancías libres de impuestos. Ella, según los gremios colombianos, es la principal responsable de las enormes importaciones de productos que han contribuido a afectar el comportamiento de la industria.
Según cifras oficiales, en 2012 entraron a Colombia US$1,89 millones desde Panamá por concepto de teléfonos celulares, US$787.000 en monitores de equipos de cómputo y US$335.223 en equipos para impresión; también se consignó que en el primer trimestre del año se importaron 19,8 millones de pares de calzado. La mayoría de esas compras se originaron desde el puerto de Colón y sus críticos sostienen que son un factor clave para propiciar el contrabando.
“El proceso se suspendió ante la imposibilidad de acordar un convenio aduanero basado en la información con el objetivo de controlar el contrabando. Mientras no hubo voluntad política de ambos gobiernos no fue posible reanudar el proceso”, explica Eduardo Cristo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias Colombo-Panameña.
Ese es, precisamente, el principal componente del acuerdo que se firmará el viernes. Teniendo en cuenta que la DIAN estima que el contrabando mueve al año US$6.000 millones, la cooperación entre las agencias de seguridad se vuelve un activo estratégico a la hora de trazar planes para combatirlo.
“Hay que decir que la zona libre de Colón no hace contrabando: es una responsabilidad del importador a la hora de reportar sus bienes en el país. La diferencia de precios es visible en los registros de salida y en los de entrada. Todo eso se resuelve con mecanismos de cooperación”, asegura Carlos Ronderos, exministro de Comercio y académico.
Según el texto final, las disputas que puedan resultar del control oficial se someterán al mecanismo de solución de controversias del acuerdo, con el compromiso de las autoridades de tramitar cada petición en un plazo no mayor a 30 días. Además, se crea un subcomité en materia aduanera, el cual tendrá un diálogo directo y permanente con las fuerzas de control en ambos países. Asimismo, se establece la creación de un sistema de verificación bilateral que le hará seguimiento a cada uno de los procesos y metas comerciales.
Otro de los capítulos también establece normas puntuales en cuanto a la procedencia de los productos importados desde el istmo. “Hay normas de origen claras en sectores sensibles como el calzado y los textiles, en donde se exige un certificado del país de origen con la garantía de que el contenido no se manipuló en su tránsito por la zona franca de Colón”, explica Cristo.
Superado el escollo comercial, los empresarios colombianos podrán dedicarse a atender con sus productos un mercado en plena ebullición económica, marcada por las obras de infraestructura para ampliar el Canal de Panamá, una demanda creciente gracias a fuertes aumentos salariales para los panameños y los efectos que tienen el plan de estímulo económico de EE.UU. en sus compañías con negocios en el istmo. Gracias a ello, se proyecta que el país se expandirá 7,7% este año.
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