“Era ahora o nunca. Es emocionante la respuesta positiva de los congresistas, legislando con un propósito de país, para los jóvenes, para las comunidades y territorios que sufren la desigualdad. Sin duda alguna, contar con un marco normativo para el emprendimiento social es indispensable en el actual contexto del país y es una voz de respaldo importante para todos aquellos emprendedores sociales que trabajan por el triple impacto en Colombia”.
Las palabras son de Andrés Santamaría, director de Recon, la organización que en Colombia se encarga de apoyar la creación de negocios con sentido social y quien, en entrevista con El Espectador el pasado noviembre de 2021, había dicho que si el proyecto pasaba en el legislativo y se convertía en Ley, “los jóvenes van a poder ser sostenibles, generar soluciones e impactos financieros. Hace tres años el 20 % se formalizaba y hoy estamos en el 50 % sin existir la norma. Un primer efecto es llegar a la formalización y con ello la oportunidad de crecer y seguir impactando”
El documento cursó los dos debates en el Senado y los dos respectivos en la Cámara de Representantes, donde fue aprobado y ahora pasa a conciliación y sanción presidencial. “Aprobado en último debate, proyecto de ley del Partido Mira que reconoce y promueve el emprendimiento social en el país. Una política pública para los emprendedores que le apuestan a impactar sus entornos y comunidades”, escribió Irma Luz Herrera Rodríguez, vicepresidenta de ese partido y representante a la Cámara por Bogotá.
¿Qué datos concretos explican este positivo avance para el país y los creadores de empresa desde lo social? Esto explica Recon:
- Triple impacto: 83,3% de los emprendedores sociales buscan generar principalmente impacto social positivo, 31,1% impacto ambiental positivo y 19,3% desarrollo económico.
- Constructores de paz: 62,7% benefician a algún grupo poblacional del conflicto armado.
- Equidad de género: 45,3% son mujeres y 54,8% son hombres. Esto equivale casi a una relación 1:1, a diferencia de la relación 2:1 en el emprendimiento convencional. Se evidencia que el emprendimiento social reduce brechas de desigualdad de género.
- Juventud: 45,5% de los emprendedores sociales tienen entre 18 y 35 años, lo que señala el gran interés de los jóvenes por generar cambios sociales y, al mismo tiempo, desarrollo social y económico.
- Multisectorialidad: De los emprendimientos sociales identificados en 28 de los 32 departamentos: 11,7% trabajan en economía naranja, 15,4% en paz y Derechos Humanos, 24,4% en educación, 21,1% en medio ambiente, 8,7% en salud y bienestar, 6,4% en desarrollo agrario y 3,2% en equidad de género.
- Impacto social: 100% de los emprendedores sociales están impactando positivamente en comunidades vulnerables: 23,1% a víctimas del conflicto armado, 45,2% a mujeres, 15,4% a población LGBTI, 16,7% a población en condición de discapacidad, 15% a afrodescendientes, raizales o palenqueros, 16,1% a comunidades indígenas, 10,4% a excombatientes, 57,7% a niños, niñas y adolescentes, 34,2% a población rural, 27,9% a adultos mayores y 4,3% a refugiados o inmigrantes.
- Nivel académico: Los líderes de los emprendimientos sociales, 51,7% son profesionales, y 17,2% tienen posgrado. Sin embargo, 59,7% no gana ningún ingreso por el emprendimiento social.
- Oportunidades: Los emprendimientos sociales impactan en promedio a 507 personas cada uno. Los encuestados impactan, entre todos, a 270.365 personas a través de sus emprendimientos sociales.
- Agenda 2030 de los ODS: Todos aportan al cumplimiento de uno o más objetivos de desarrollo sostenible. Todos los ODS tienen a emprendimientos sociales trabajando por su cumplimiento.
- Oportunidad de fortalecer el impacto: 60,4% consideran que el Estado no apoya a los emprendimientos sociales y 81,1% que el Estado, desde sus distintas entidades, debería expedir e implementar políticas públicas para apoyarlos.
- Financiación: 83,7% no han accedido al sistema financiero. 66,2% consideran que no cuentan con líneas de crédito adecuadas. 44,6% no tienen personería jurídica. De los que sí tienen personería, 43% son entidades sin ánimo de lucro, 14,2% sociedades comerciales y 1,3% entidades de economías solidaria.
La senadora autora del proyecto de Ley, Aydeé Lizarazo Cubillos, dijo en su momento que del “emprendimiento social no se hablaba en el país en temas de marco normativo. Llegó la hora que el Congreso legisle en esta materia para tener una política pública en economía y emprendimiento social. Queremos con este proyecto que se den pilares y lineamientos para avanzar”. Y Omar de Jesús Restrepo, representante a la Cámara y ponente del proyecto, también dijo en su momento que “este es un proyecto de ley que aporta a la paz, a las oportunidades, a la visibilización de los territorios y las comunidades”.
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