La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) plantea una serie de desafíos para el próximo cuatrienio (2026-2030), que deben ser tenidos en cuenta por aquellos que aspiren a llegar a la Presidencia de la República.
Se trata de asuntos relacionados con la necesidad de preservar el modelo de participación privada, recuperar el grado de inversión y devolver la institucionalidad a algunas entidades. A continuación, se detallan los principales desafíos y recomendaciones planteados por el gremio:
Concesiones viales
La CCI destaca que hay demoras en la gestión contractual por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por lo que piden una gerencia pública eficiente y oportuna en la entidad.
Otro aspecto que destacan son los riesgos asociados al pago oportuno y completo de las vigencias futuras de los contratos. Para lo que se deben garantizar los recursos para el pago de las vigencias futuras y su oportuno desembolso por parte de las entidades gestoras.
Entre las solicitudes está que haya una iniciativa legislativa para regular las consultas previas con las comunidades étnicamente diferenciadas y evitar o solucionar inconvenientes de orden público en los corredores viales y estaciones de peaje.
Puertos y aeropuertos
El gremio hace énfasis en que se debe agilizar el trámite y adjudicación de las iniciativas privadas aeroportuarias que no requieren de desembolso de recursos públicos para su financiación, construcción, operación y mantenimiento.
Así como avanzar en el diseño de mecanismos regulatorios para el proceso de reversión y otorgamiento de nuevas concesiones portuarias, con el fin de que no se interrumpa la prestación del servicio.
Además, piden mayor inversión en las vías de acceso a los puertos y la implementación de una herramienta tecnológica en la que las concesiones portuarias puedan registrar la información en tiempo real.
Retos generales del sector
En términos generales, la CCI recomienda:
- Recuperar y, de ser necesario, robustecer las condiciones técnicas y la institucionalidad en entidades.
- Generar las condiciones propicias que brinden seguridad jurídica a todos aquellos actores (nacionales e internacionales) que le apuestan al sector de la infraestructura como motor de desarrollo.
- Capitalizar los derroteros trazados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal. El Plan está proyectado a 2051 y requerirá una inversión del 1,3 % del PIB anual, durante su duración.
- Dar impulso a la denominada carretera del siglo XXI: Pacífico-Orinoquía, una vía de 1.450 kilómetros que se desplegará a lo largo de 350 municipios, entre Buenaventura y Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela.
- Promover la creación de una política que garantice la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Especialmente porque más del 90 % de las compañías del sector están caracterizadas dentro de las llamadas Pymes.
- Recuperar el grado de ‘inversión’ y las calificaciones riesgo-país mediante una política fiscal sostenible, acorde con los niveles de ingreso, y la cual garantice una senda de austeridad del gasto.
- Promover mecanismos de financiación de proyectos terciarios mediante obras por impuestos, valorización y obras por regalías.
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