Hay varios hechos que, sin duda, le darán un impulso importante en los próximos años a la infraestructura y, por ende, al país. El Gobierno Nacional debe adjudicar en el primer semestre de este año la contratación de los primeros nueve corredores de Concesiones de Cuarta Generación que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), algunos de los cuales iniciaron su proceso licitatorio en 2013. De igual manera, se espera que Fonade finalice las otras estructuraciones que corresponden a una segunda y tercera fase, lo que lleva a un total de 21 corredores que deberán irse contratando en los próximos años.
Asimismo, existen corredores viales adicionales de estas concesiones y otras obras que actualmente están en proceso de licitación y algunas ya en ejecución por parte del Fondo de Adaptación, entidad que debe lograr la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’.
Una pronta respuesta por parte del Gobierno y la contratación inmediata de varias Alianzas Público-Privadas (APP) de obras de diferente naturaleza presentadas por el sector privado al Gobierno Nacional y a algunas entidades territoriales permitirán un aumento en la inversión, lo que redundará positivamente en el crecimiento económico.
Lo importante y fundamental es garantizar por parte del Gobierno Nacional la ejecución de la totalidad de las obras objeto de los diferentes procesos mencionados, en el tiempo previsto, para así poder confirmar el aporte del sector al crecimiento de la economía, el cual se estima superará el 3% del Producto Interno Bruto.
Para ello es necesario conocer con certeza los riesgos que deben asumir el Gobierno, los inversionistas y los constructores que ejecutan las obras. En todo caso, es claro que las inversiones de las Concesiones 4G y de otras obras de infraestructura tendrán un impacto relevante en la economía nacional, al punto que especialistas afirman que el liderato de los sectores lo asumirá la infraestructura.
Es importante tener presente que la ejecución de los trabajos se dará en los próximos 2 a 5 años, tiempo en el cual se espera la finalización de los mismos y el inicio de la etapa de operación.
Las inversiones que tiene proyectadas Cormagdalena mediante una APP para mejorar las condiciones de navegabilidad del río Grande de la Magdalena y la aprobación de la Ley de Infraestructura sancionada por el presidente Santos el pasado 22 de noviembre, que busca mejorar los tiempos por efectos de la gestión predial y dar celeridad a procesos de autorizaciones ambientales, serán otros hechos que permitirán lo mencionado anteriormente.
Resaltamos las inversiones que ejecuta el Instituto Nacional de Vías para proyectos en vías principales, secundarias y terciarias, que además de permitir llegar a sitios apartados del país, aportan al cumplimiento de metas y cifras propuestas.
En materia de la infraestructura regional existe preocupación en la Sociedad Colombiana de Ingenieros porque existen inversiones y proyectos viales pendientes y suspendidos que, sin duda, permitirían una mayor conectividad con los corredores principales que se licitan a través de las concesiones. Además de obras pendientes en saneamiento básico y adecuación de tierras requeridos en los centros de producción del país.
De igual forma, es preocupante la bajísima participación que se registra en las convocatorias regionales, situación que se esperaría resolver con pliegos de licitación que mantengan requisitos habilitantes con condiciones adecuadas y proporcionales a las obras que se van a ejecutar.
Una cabal aplicación del artículo 72 de la Ley de Infraestructura que conceptúa sobre la capacidad residual de contratación y estipula que de ninguna manera se tengan en cuenta las utilidades y la rentabilidad para la escogencia de los contratistas permitirá una pluralidad de oferentes que garantizará escoger al mejor proponente.
* Presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.