Una decisión de la Corte Constitucional le ha brindado al Estado una ventaja estratégica ante Claro y Movistar, los dos principales operadores de telefonía móvil del país, a la hora de determinar las condiciones por las cuales se regirá su operación a mediano plazo.
Se trata del fallo que el alto tribunal anunció la semana pasada, según el cual los operadores que firmaron contratos con el Estado en 1994 deben devolver la infraestructura de comunicaciones desplegada en el país, tal como estaba previsto en el acuerdo original.
Y, a pesar de que el Congreso incluyó en la Ley 1341 de 2009 un artículo que eliminaba esa condición, la Corte decidió regresar a la interpretación original. En consecuencia, en 2014, cuando se cumpla su plazo, ambas compañías deberán devolver las redes instaladas en estos 20 años, en las cuales han invertido alrededor de $7 billones.
El fallo, además, deja al Estado en una posición privilegiada a la hora de sentarse a negociar una nueva extensión del contrato. “Podría fijar tanto el precio por la concesión como las condiciones bajo las cuales se desarrollará, dejándole poco espacio de maniobra tanto a Claro como a Movistar”, explica José Otero, presidente de Signals Telecom Consulting, quien también anticipa un pulso de interpretaciones jurídicas entre los operadores a la hora de determinar el alcance de la medida.
El análisis también proclama que los efectos en la industria no serán tan catastróficos como se pudiera anticipar. “No era un tema desconocido para los ejecutivos de ambas empresas y estaba previsto ese escenario en su plan de negocios. El único problema surgiría si, haciendo una interpretación literal a la Ley 1341 de 2009, quitaron esos cálculos de sus balances”, comenta Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), órgano consultivo del Gobierno en materia de telecomunicaciones.
La medida afecta solo a Claro y Movistar (en conjunto, tienen el 84,47% del mercado de telefonía móvil), pues tanto Tigo como Une firmaron sus acuerdos de operación durante la década pasada bajo unas nuevas reglas de juego, en otro tipo de espectro.
De hecho, este escenario era barajado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de cara a la subasta de 4G, otorgada en junio pasado, en la cual ambos operadores pagaron más de $317.000 millones para adquirir el derecho a desplegar la nueva tecnología y adquirieron el compromiso de conectar a 915 municipios del país y trasladar las frecuencias de la Armada y la Policía.
Ninguna ha hecho una declaración pública. A través de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) emitieron un comunicado anunciado que esperan conocer la versión definitiva del fallo.
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