Ninguna de las contralorías territoriales pasó el examen de la Auditoría General de la República (AGR). Sólo las de Risaralda y Córdoba recibirán una certificación provisional dentro del rango de gestión. Otras 56 se ubican en los rangos de gestión regular y deficiente, mientras que las contralorías de Vichada, Floridablanca, Atlántico y Chocó fueron clasificadas en un nivel ineficaz y, por lo tanto, su gestión no fue certificada.
En 2011, los órganos de control fiscal en departamentos y municipios del país no llenaron los requisitos de gestión y efectividad. Tanto así, que el auditor general, Jaime Ardila Barrera, expresó su preocupación porque $3,9 billones en procesos de responsabilidad fiscal están en riesgo por la baja gestión e inefectividad en los procesos de responsabilidad y jurisdicción coactiva, que presentan caducidades y prescripciones, lo que se traduce en que el resarcimiento de los detrimentos causados al erario son mínimos”.
A lo planteado por Ardila se suma una iniciativa del ministro del Interior, Germán Vargas, quien propuso que la Contraloría General de la República postule las ternas de aspirantes a dichos órganos de control locales para que asambleas y concejos hagan la respectiva elección. Sugirió, además, que la Contraloría reasuma el control fiscal en las regiones, pues, asegura, “la presión política de coaliciones que presentan las ternas y la ejercida por alcaldes y gobernadores dejan un manto de duda acerca de la función y el control fiscal”.
En respuesta al ministro, la contralora general, Sandra Morelli Rico, dijo que “las contralorías territoriales existen para garantizar la autonomía de las entidades territoriales. Es una propuesta centralizante y, además, es necesario mirar si la Contraloría General de la República tiene la capacidad para asumir semejante reto”.
Morelli aprovechó este espacio para referirse a la función de advertencia que les envió al Ministerio de Hacienda y la Contaduría General de la República en relación con el pasivo pensional. “No hay ningún riesgo aún. Lo que se está pidiendo es que se revele a cuánto asciende el pasivo pensional para que, ahora sí, no tengamos el riesgo de que la reserva financiera incumpla con su función de respaldarlo. El no contar con una estimación razonable de la deuda pensional, entendida como una deuda adecuadamente calculada, registrada, actualizada y revelada, podría impedir al Gobierno y a los responsables de los diferentes entes involucrados realizar una adecuada planificación financiera y presupuestal, con el fin de atender efectivamente los pagos de las mesadas pensionales”.
Según información de la Contraloría, de los 11 fondos de pensiones en el país, sólo Caprecom, ISS y el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia están amortizando el pasivo.