Las consecuencias de la aplicación de la resolución 109 de 2015 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con la que se asignarán a través de subastas los recursos del cargo por confiabilidad (un porcentaje que pagan los demandantes para garantizar el servicio de energía) a las compañías que estén en capacidad de generar a precios por debajo de los costos de escasez, es decir, lo que se paga en momentos climáticos extremos o de limitación de contratos, tienen a las térmicas con los pelos de punta.
Según el director de la CREG, Jorge Pinto, la medida “no busca quebrar a nadie” e incluso, sobre el reclamo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras por el plazo de apenas un mes que dio la entidad para la revisión del decreto, dijo que “si vemos que el tiempo es poco, pues lo alargaremos. No hay problema, se puede extender, pero no puede ser demasiado porque tenemos otros problemas por resolver”.
El Espectador consultó a dos de las empresas más importantes del sector, Termobarranquilla y Termoemcali, para conocer sus preocupaciones sobre la medida. De entrada ambas coinciden en que habrá un inmediato default financiero, pues el cargo por confiabilidad es un factor determinante para la operación de estas generadoras, que este año han recaudado $1,7 billones por este concepto. Es decir, la discusión no es de poca monta ya que de aprobarse la propuesta contenida en la resolución las pérdidas para las termoeléctricas serían significativas.
“La Resolución 109 plantea un cambio profundo en el esquema de confiabilidad. Su aplicación traerá como resultado la salida del mercado de aproximadamente 1.471 MW de tecnología térmica a gas, incluyendo ciclos combinados ubicados en el interior del país, que actualmente respaldan sus obligaciones con combustibles líquidos porque no pueden acceder a gas natural”, dijo Luis Miguel Fernández, presidente de Termobarranquilla.
Pinto manifestó que se está haciendo todo lo posible para que el “aterrizaje” de las térmicas con esta nueva norma sea lo menos traumático y que la idea es cambiar la generación de líquidos a gas y no sacarlas del mercado. Sin embargo, la escasa oferta del combustible las deja sin muchas opciones.
“No se ofrecieron los incentivos suficientes a la búsqueda de nuevos hallazgos ni al desarrollo oportuno de yacimientos existentes de gas y, más recientemente, las equivocaciones regulatorias frenaron la expansión del sistema de transporte y dificultaron la comercialización. Ello ha traído como consecuencia la restricción de una disponibilidad de gas flexible para las plantas, por lo que no se puedan contratar, quedando como únicas opciones el diésel y, próximamente el GNL importado”, explicó Jorge Pineda, gerente de Termoemcali.
De acuerdo con las empresas, la resolución de la CREG pondrá en riesgo la confiabilidad del sistema energético del país y deja en arenas movedizas las reglas de juego que se han generado en Colombia para la inversión en el sector. Sin embargo, el viceministro de Energía, Carlos Eraso, advirtió que hay que dejar el “alarmismo”, porque el marco regulatorio está en discusión. “Hay unas señales del Gobierno a través de la CREG en el sentido de que tenemos que incorporar nuevas plantas que no solamente aporten confiabilidad, sino que puedan ser más activas en la venta de contratos de energía eléctrica”.