La respuesta del ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, a las denuncias que hizo el senador Jorge Robledo —que señalaban que las EPS Cafesalud, Saludcoop y Cruz Blanca le estaban generando mayores costos al Gobierno por cuenta de la sobrefacturación de medicamentos— fue enfática y directa: aseguró que el Ministerio identificó este tipo de irregularidades en el sistema desde diciembre de 2010 y que las puso en conocimiento de los órganos de control.
“Esto no es un hallazgo nuevo, ni lo hizo el senador Jorge Robledo (…) Se origina en el estudio que anualmente realiza la Dirección General de Gestión de la Demanda del Ministerio, con base en información reportada por 19 EPS del régimen contributivo y 36 EPS del subsidiado”, indicó el ministro.
El senador Robledo citaba un estudio de la Universidad Nacional según el cual estas tres EPS estaban generando un sobrecosto de $825.760 millones en los medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que le implicaba al Estado aumentar el valor que le provee a cada entidad por afiliado (llamado UPC: Unidad de Pago por Capitación). Robledo argumentaba que “mientras el promedio de las otras EPS en gastos en medicamentos fue de $36.324 por afiliado en 2009, las tres citadas dicen haber gastado en promedio $207.790 por persona”.
En rueda de prensa Alberto Castro, vicepresidente científico del Grupo Saludcoop, desmintió la afirmación del senador y aseguró enfático que su sistema está abierto a los escrutinios de los organismos de control. Explicó que el mencionado estudio de la Universidad Nacional toma cifras de diciembre del año pasado, que fueron corregidas posteriormente por estas tres EPS por petición del mismo Ministerio de la Protección Social, que encontró algunas “inconsistencias técnicas” en sus reportes.
“Se reflejaba equivocadamente un incremento en el valor de los medicamentos, pero de la misma manera una disminución de los otros servicios de atención médica. Una vez se detectó, se corrigió y se envió nuevamente”, aseguró Castro.
El Ministerio aseguró que está “validando la calidad de la nueva información enviada por las aseguradoras”, para elaborar nuevamente el estudio que establece el pago de la UPC para este año. Y remata: “Si al 31 de marzo la información enviada por las EPS no es consistente y confiable para tomar una decisión definitiva para 2011, la UPC se ajustará con base en la inflación de 2010”.