El Estado se anotó una victoria jurídica, y económica, al ganar una serie de demandas por los problemas generados por los esquemas de captación de dinero, comúnmente conocidos como pirámides. Los procesos tenían pretensiones de $20 billones.
La información fue revelada este jueves por el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, en conjunto con el superintendente Financiero, Jorge Castaño.
En un comunicado de prensa, las entidades recuerdan que «en 2009 un grupo de personas demandó al Estado colombiano debido a que algunas empresas, bajo la fachada de que eran legalmente constituidas captaron de forma ilegal su dinero».
Más de 73.000 personas en todo el país han resultado afectadas por este tipo de negocios.
La proliferación de las llamadas pirámides llevó a que el expresidente Álvaro Uribe decretara la emergencia social en 2008 para lidiar con este fenómeno. Amparado en esta facultad, el gobierno de la época buscó que la captación de dinero tuviera mayores penas y no fuera un delito excarcelable.
Por estos hechos y argumentando supuestos daños, los demandantes exigían alrededor de 20 billones de pesos correspondientes a los recursos entregados a la captadora, los intereses que les prometieron y al perjuicio moral que según ellos padecieron.
Al igual que en casos anteriores, el Estado colombiano demostró que los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor con total diligencia, contrario a lo que sucedió con los ciudadanos que no tuvieron el debido cuidado con su patrimonio.
Dice el informe de prensa que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán negó todas las pretensiones de la demanda y advirtió que no puede atribuirse culpa alguna al Estado que, en todo momento y una vez descubierto el fenómeno, empezó a alertar a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad.
Castaño indicó que de las 564 demandas presentadas contra la Superintendencia Financiera desde 2008 por temas relacionados con la captación ilegal de recursos del público, cerca de la mitad han terminado con sentencia favorable al Estado colombiano (220 en primera instancia y 50 en segunda instancia).