A partir de mañana viernes, 1 de noviembre de 2024, el país dará un paso adelante en su proceso de modernización fiscal: la facturación electrónica será obligatoria para sectores clave, incluyendo servicios públicos, espectáculos y transporte.
Esta medida, regulada por la Resolución 000119 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), busca mejorar la administración tributaria, reducir la evasión de impuestos y simplificar la auditoría.
¿Qué servicios estarán sujetos a la facturación electrónica?
La nueva normativa abarca documentos y servicios comunes en la vida diaria de los colombianos. Desde noviembre, los siguientes documentos deberán emitirse exclusivamente de forma electrónica:
- Facturas de servicios públicos: Las empresas de agua, energía y gas enviarán sus facturas a través de correo electrónico, facilitando el control de pagos.
- Tiquetes de transporte: Boletos de transporte aéreo y terrestre serán emitidos digitalmente, simplificando la compra y reduciendo el uso de papel.
- Boletas de cine y eventos: Las cadenas de cine y los organizadores de eventos culturales emitirán boletos electrónicos, mejorando la experiencia de entrada y reduciendo el riesgo de falsificaciones.
- Extractos de pensiones y fondos de cesantías.
Ventajas para empresas y consumidores
La transición a la facturación electrónica trae consigo múltiples beneficios para diferentes sectores:
- Reducción de costos: La digitalización permite a las empresas ahorrar en impresión y envío físico de documentos. Según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la facturación electrónica puede reducir los costos hasta en 80 %.
- Mayor accesibilidad: Los documentos electrónicos estarán disponibles en línea de manera permanente, permitiendo a los usuarios recuperarlos cuando lo necesiten y manteniendo un archivo digital más ordenado.
- Validación en tiempo real: La Dian revisa cada factura antes de su entrega al usuario, asegurando que cumpla con los requisitos fiscales y evitando posibles errores o fraudes.
- Contribución ambiental: La disminución en el uso de papel promueve la sostenibilidad, reduciendo el impacto ambiental del país.
Impacto y sanciones para quienes no cumplan
La DIAN ha advertido que las empresas que no adopten el sistema de facturación electrónica enfrentarán sanciones severas. Por ejemplo, los comercios que no emitan factura electrónica podrán recibir sanciones de hasta $44 millones; y en el peor de los casos, aquellos negocios que continúen emitiendo documentos no electrónicos pueden enfrentarse a un cierre temporal hasta cumplir con la normativa.
Inicialmente programada para agosto de 2024, la implementación de la facturación electrónica fue aplazada al 1 de noviembre para dar tiempo a las empresas de ajustarse a la normativa. Según la Dian, esta normativa no solo optimiza el proceso fiscal, sino que también facilita la transparencia y el control en el comercio nacional.
Cecilia Rico, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, explicó que durante el año se han realizado 86.234 visitas pedagógicas para educar a los comerciantes sobre la importancia de emitir facturas electrónicas, especialmente en comercios con baja frecuencia de facturación, donde se encontró que el 18 % no cumplía con los requisitos.
Según la entidad, la adopción de la facturación electrónica en Colombia es parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la transparencia fiscal y fomentar el control en el comercio nacional. Esta medida no solo asegura el cumplimiento tributario, sino que también ayuda a reducir la evasión de impuestos al contar con una verificación inmediata de cada transacción.
El sistema, inicialmente previsto para agosto de 2024, se aplazó hasta noviembre para permitir que más empresas ajustaran sus sistemas y adoptaran las nuevas tecnologías. Hasta la fecha, la Dian reporta que de las 1.532 empresas de juegos de azar y transporte aéreo obligadas a cumplir, 1.071 ya implementaron el sistema, aunque 461 aún están pendientes de adoptar el nuevo modelo.
*Nota del editor: una primera versión de este artículo hablaba de extractos bancarios, en vez de los de pensiones y cesantías.
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