El Gobierno ya radicó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, más conocida como ley de tarifas.
Se trata de una apuesta “para bajar las tarifas de energía, proteger a los usuarios y modernizar el sistema eléctrico del país”, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía.
La iniciativa propone cambios como la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, y la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El proyecto introduce reformas en las leyes 142 y 143 de 1994, con el objetivo de “garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio, promover la sostenibilidad financiera del sistema, y avanzar en la transición energética justa y la adaptación al cambio climático”, dice la cartera.
Este proyecto buscaba llegar al Congreso en el mes de agosto, pero no se presentó porque el Ministerio estaba buscando acuerdos con los gremios.
El jefe de la cartera, Edwin Palma, le dijo a este medio que para el 7 de octubre no habían logrado un consenso, pero “con o sin acuerdos” radicarían el documento para “abrir el debate”.
“El tema energético no había estado en discusión después de 31 años, pero hoy se está hablando de energía. Le hemos demostrado a la gente que puede pagar cero pesos si instala paneles o se organiza en comunidades energéticas, con recursos públicos, gracias a la reglamentación de una ley de hace 11 años”, añadió Palma.
Las claves de la ley de tarifas
- Mitigación de los impactos de la Opción Tarifaria, distribuyendo de forma solidaria los saldos que afectaron a los estratos más vulnerables.
- Reforma en la entrega de subsidios, con criterios técnicos y transparentes que garanticen que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
- Facturas más claras y sin cobros ajenos al consumo energético, para proteger el bolsillo de los usuarios.
- Mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales, que reduzcan la volatilidad del precio de la energía.
- Tarifas justas y sin abusos, que eviten el cobro doble de activos amortizados o pérdidas no justificadas.
- Tarifas diferenciales para industrias limpias.
- Fondos para el cierre de brechas energéticas y compensaciones a los territorios impactados por las grandes generadoras, de hasta el 2 %, para financiar proyectos sociales, disminuir la pobreza energética y reducir los costos del servicio.
- Crea un Comité Consultivo Ciudadano de Participación, encargado de garantizar el diálogo entre el Estado y la ciudadanía en los procesos regulatorios.
- Nuevos mecanismos de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética del país.
“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, concluyó el ministro Palma.
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