Después de que la Superindustria de Industria y Comercio inspeccionara a varias empresas de fabricantes de pañales desechables, y que dos de ellas, se acogieran al Programa de Beneficios por Colaboración, confesaran su participación y aportaran las pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento del cartel empresarial, la entidad de control decidió formular pliego de cargos contra cinco empresas del sector.
En una rueda de prensa el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo señaló que además de la investigación abierta aTecnosur, Tecnoquímicas, Familia, Kimberly y Drypers, también se formula cargos a 44 personas naturales directivos y empleados de dichas compañías.
Robledo indicó que la investigación se realizó por presuntas infracciones al régimen de libre competencia, derivada de su participación en acuerdos empresariales con el fin de aumentar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en Colombia desde el año 2000 y fijar su calidad y formas de comercialización.
Dijo que es la primera vez en la historia de Colombia que la autoridad de competencia suscribe acuerdos de colaboración con empresas que deciden delatar la existencia de un acuerdo anticompetitivo.
El mercado de pañales desechables para bebé en Colombia, en los últimos 15 años, ha registrado ventas por más de 7,7 billones de pesos por más de 1.300 millones de pañales vendidos.
Recuerda el funcionario en un comunicado de prensa que en Colombia, más de 2 millones de bebés usan pañales desechables; se venden más de medio billón de pesos al año representados en más de mil millones de pañales.
El 96 % del mercado de pañales en Colombia en los últimos 6 años ha tenido participaciones promedio de 41 % para Tecnosur – Tecnoquímicas con sus productos Winny, 28% para Productos Familia con Pequeñin, 21% para Kimberly con Huggies y 6% para Drypers con Baby.
Adicionalmente, en Colombia hay más de 2 millones de bebés en edad para usar pañales desechables (menores con promedio de 2 años y medio), y en el mercado consume más de 1.088 millones de unidades de pañal anual, por 560 mil millones de pesos.
El caso
En un comunicado de prensa, el funcionario explicó que después de recibir información que daba cuenta de la posible comisión de conductas anticompetitivas en el mercado de producción, distribución y comercialización de pañales desechables para bebé en Colombia, la entidad de control efectuó en noviembre de 2013, varias visitas administrativas de inspección en las que recaudó importante material probatorio (documentos, e mails, testimonios, entre otros) que daría cuenta de la posible existencia de un cartel empresarial para aumentar los precios de los pañales para bebé y manipular artificialmente otras condiciones en dicho mercado.
Varias empresas participantes en dicho mercado y sus respectivos directivos y empleados, acudieron a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de reconocer su participación en dicho cartel empresarial, aportar las pruebas que demostraran la existencia del mismo, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento a los distintos acuerdos realizados, contactos estos que terminaron con la efectiva suscripción de dos acuerdos de colaboración por delación, según los cuales, una de las empresas delatoras recibirá la exoneración total de las posibles sanciones a imponer y la otra la exoneración parcial.
Contempla el informe que dentro de la negociación se acordó mantener en reserva la identidad de las empresas delatoras hasta el Informe Motivado, sin perjuicio de que dicha información sea de libre acceso para las demás empresas no delatoras a las que se les formula Pliego de Cargos, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
Dentro de las pruebas recaudadas en las visitas a las distintas empresas y aportadas por las empresas que se acogieron al Programa de Colaboración se encuentran más de 700 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y testimonios, pruebas sobre más de 20 reuniones llevadas a cabo en el extranjero y en el territorio colombiano en las que acordaban las condiciones de implementación del cartel, así como el seguimiento, control y verificación de los acuerdos previamente celebrados.