El Congreso le puso este miércoles punto final al desangre de las finanzas públicas por cuenta de sentencias desbordadas que obligaban al Estado a pagar millonarias indemnizaciones a terceros por distintos conceptos y en plazos perentorios.
El antídoto es, ni más ni menos, que el acto legislativo de sostenibilidad fiscal, una reforma constitucional que el Gobierno le había pedido al Legislativo para no tener que pagar las condenas cuando éstas pongan en riesgo la estabilidad fiscal del país. Se aclara que se trata, en este caso, de fallos judiciales ajenos a la protección de los derechos fundamentales, según el Gobierno.
El acto legislativo fue aprobado ayer, en último debate, en la plenaria del Senado con 62 votos a favor y 7 en contra. A juicio del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, “es un principio que permitirá al país avanzar en la construcción de unas finanzas públicas sanas para cumplir con los derechos fundamentales de los colombianos más pobres”.
La norma pasará a conciliación, debido a que la aprobada en Cámara mencionaba la sostenibilidad fiscal como un principio constitucional, que posteriormente fue cambiado y convertido en criterio, a pedido del Partido Liberal. Surtido este paso, será sometida a revisión de la Corte Constitucional, que finalmente decidirá si esta iniciativa restringe o no los derechos fundamentales.
Y fue la posibilidad de restringir la inversión social el motivo para que algunos sectores no acompañaran la norma durante su trámite. Al respecto, el senador del Polo Democrático Alternativo Luis Carlos Avellaneda, quien pidió el hundimiento de la propuesta, dijo que “se pretende suspender el carácter humanista de la Constitución, centrado en las garantías de los derechos de las personas para transformarlo en una carta centrada en la economía, que impondría un límite a las autoridades judiciales a la hora de fallar en garantía de los derechos fundamentales”.
Sin embargo, el ministro de Hacienda negó esa posibilidad y planteó que “puede haber tranquilidad, porque lo que queremos es cumplir con el pleno gozo de los derechos, pero en el marco del respeto de la sostenibilidad fiscal. Si este acto legislativo estuviera en firme, de igual forma habríamos tenido que allegar recursos para enfrentar la ola invernal, que no es poco dinero, estamos hablando de $12 a $15 billones”.
Aunque en la primera etapa del trámite el Partido Liberal se abstuvo de apoyarlo, finalmente votó a favor, no sin reparos. El senador Camilo Sánchez dijo: “Nosotros como bancada de la unidad nacional apoyamos la iniciativa, pero consideramos que limitar los derechos no es la forma de garantizar la sostenibilidad fiscal. Es más procedente dejar de lado el gasto burocrático, inoficioso y politiquero que no genera beneficios para la gente”.
Ante estos planteamientos y para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, este acto legislativo fue aprobado con un inciso que plantea que no existirá ninguna posibilidad de que autoridades de las tres ramas del poder puedan invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.