Cinco días después de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, rompiera relaciones diplomáticas con Colombia, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe decretó el estado de emergencia social para contrarrestar los efectos que, sobre la producción y el comercio de la zona de frontera, ha desencadenado la crisis binacional, agravada por el bloqueo que Caracas les impuso a las exportaciones colombianas desde junio de 2009.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, explicó anoche que el paquete de medidas están incluidas en tres decretos: el 2693, que declara la emergencia social; el 2694, que excluye del cobro del IVA del 16% en los 37 municipios con frontera física con Venezuela y que pertenecen a los departamentos de Boyacá, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Vichada.
Esta exclusión del IVA en esos municipios será por 120 días contados a partir de la fecha de publicación del decreto.
Según Zuluaga, la exención del cobro del IVA opera para alimentos, calzado, confecciones, materiales de construcción y electrodomésticos.
“Lo que se expide es para cualquier comprador nacional, de la zona de frontera o un hermano venezolano que venga a Cúcuta o cualquier capital limítrofe”, explicó anoche el presidente Álvaro Uribe durante la inauguración de Colombiamoda en Medellín.
Este impuesto, precisó el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, se mantendrá para aquellos artículos que generen recursos para el sector salud, como cerveza, cigarrillos, licores y juegos de suerte y azar.
El Ministro Zuluaga dijo que la emergencia social fue declarada porque “los efectos de la situación en la frontera están perjudicando directamente a los ciudadanos”. La medida, agregó, fue consultada con el Gobierno entrante.
Con la emergencia social se facultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que defina los mecanismos conducentes a facilitar el pago de aquellas deudas de los contribuyentes de los 37 municipios afectados, en el caso de créditos vigentes para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Un tercer decreto busca un tratamiento preferencial para apoyar la creación de zonas francas en los municipios fronterizos con Venezuela, con una inversión máxima, en cada caso, de un millón de dólares. La medida no incluye a las empresas petroleras, mineras y sus derivados.
El decreto que permite la creación de las zonas francas tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.
La declaratoria del estado de emergencia social lleva la firma de todos los ministros y del presidente Álvaro Uribe.
Estas medidas se complementan con las anunciadas hace dos días por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que programó dos ruedas de negocios para el próximo mes en Cúcuta. La primera tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto y participarán más de 50 compradores provenientes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
Bancóldex tendrá una activa participación en ella, pues tiene como misión otorgar créditos por valor de $50.000 millones para los empresarios locales que tengan necesidad de refinanciar sus deudas, pagar obligaciones atrasadas y para todos aquellos que busquen iniciar nuevos proyectos productivos.
La segunda ronda será de carácter internacional, en la que participarán más de 30 empresarios de México, Ecuador, Chile, Centroamérica y el Caribe, entre el 23 y 24 de agosto.
De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política, la declaratoria de emergencia social tiene una duración inicial de 30 días prorrogables por dos períodos más, hasta completar un período máximo de 90 días.