Las comisiones económicas aprobaron esta semana, en primer debate, un presupuesto por $546,9 billones, $10 billones menos frente a la propuesta original de la administración de Gustavo Petro. Todo parecía indicar que por segundo año consecutivo se aprobaría por decreto, pero el Gobierno y el Congreso lograron un acuerdo en el último día de plazo. La iniciativa pasó a su segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado.
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Como bajó el monto del presupuesto, el Ministerio de Hacienda prometió que también ajustará el monto de la ley de financiamiento (en la práctica es una reforma tributaria). La propuesta para recaudar más impuestos pasará de $26,3 billones a $16,3 billones.
Aunque el acuerdo es una buena noticia, analistas y expertos han advertido que el recorte no es suficiente para que las cuentas del Presupuesto General de la Nación 2026 sean realistas. En esta entrevista, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explica el panorama.
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¿El recorte de $10 billones anunciado esta semana elimina las preocupaciones en torno al Presupuesto 2026?
Cualquier recorte que se haga aproximará las cuentas a la realidad. Sin embargo, entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el presupuesto se estimaron $18 billones más de gasto público primario. Por otro lado, la estimación de ingreso tributario es alta, más o menos $10 billones extra, más la ley de financiamiento. En realidad, habría que recortar cerca de $50 billones para que las cuentas cuadren.
Como también se buscarán $10 billones menos en la reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro informó que se eliminarán los impuestos a la gasolina y a los licores, específicamente se refirió a la cerveza. A partir de los análisis que ha hecho el Observatorio, ¿ese ajuste minimiza los efectos que tendría la reforma en las personas de menores ingresos?
Sí, justamente encontramos que todas las medidas sobre licores afectan mucho más a las personas de bajos ingresos y, por ende, son regresivas. De todas formas, puede haber un debate interesante sobre si en términos de salud pública es deseable hacer más caros los licores.
La propuesta de reforma tributaria por $26 billones era la más ambiciosa de la historia. Parece que el Gobierno buscó ajustar en todos los rubros en los cuales había costo fiscal y desde ahí plantear la negociación de $26 billones para, eventualmente, quedarse en $16 billones. Aunque se apruebe el presupuesto por $546,9 billones, los ingresos están condicionados a la aprobación de la ley de financiamiento. El año pasado tuvimos una ley de financiamiento por $12 billones que no se aprobó en el Congreso, por eso en enero hubo un aplazamiento del gasto.
En cuanto al impuesto de renta y al patrimonio, ¿cuáles son las principales conclusiones de los análisis que ha hecho el Observatorio Fiscal? El ministro de Hacienda ha dicho que estos sí se mantendrían…
En cuanto a renta de personas naturales, se aumenta la progresividad frente a lo que está hoy. Va en la dirección correcta en un país tan desigual como Colombia. La parte que sí parece exagerada es la de los montos del impuesto al patrimonio. Nuestros cálculos muestran que sí da para un recaudo significativo, pero es muy difícil pronosticar qué pasará con un cobro de 5 % a la riqueza. En ese nivel de ingresos es más o menos fácil mover la residencia fiscal o buscar fórmulas de elusión.
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Hemos advertido que no conocemos ningún país que llegue a una tasa de 5 % sobre la riqueza: se ve demasiado alto y puede generar que la gente migre su residencia fiscal y se caiga el recaudo.
En cuanto a los impuestos que afectarían directamente a las empresas, por ejemplo, la sobretasa al sector financiero, ¿cuáles son las apreciaciones del Observatorio?
El gran problema tributario de Colombia es que aprobamos muchos beneficios tributarios y nunca los derogamos. En 2019, los beneficios sumaban casi $70 billones, y hoy estamos en $130 billones. Eso significa que el Estado deja de recaudar ese monto.
La tasa efectiva de tributación del sector financiero es del 20 %, eso quiere decir que de sus ingresos gravables, únicamente paga el 20 % en impuestos, cuando la norma dice que debería ser 35 %. Como tenemos unas leyes tributarias tan complejas, terminamos con medidas como la sobretasa en renta. Deberíamos, en lugar de hacer cada dos años una reforma tributaria, hacer todo lo posible para evaluar y derogar los beneficios tributarios existentes.
La sobretasa al sector financiero la vemos como una señal distorsionadora: si eventualmente una empresa extranjera quiere entrar al país y ve el impuesto, difícilmente vendrá.
El Observatorio alertó que es riesgoso considerar en la tributaria recursos departamentales, ¿quedó resulto el tema con la respuesta de Minhacienda?
Los impuestos al consumo de licores y tabaco fueron cedidos por la Nación a los departamentos. Por lo tanto, si se modifica ese impuesto, el dinero entra a las gobernaciones. En la ley de financiamiento esos recursos se sumaron a los ingresos de la Nación para financiar parte de los $18 billones de más gasto primario. El Ministerio de Hacienda respondió que no se iba a apropiar de esos recursos y que la medida libera presión de gasto, pues la Nación giraría menos a los departamentos. Si es así, debió reflejarse contablemente en reducción de gastos.
Con la respuesta del Ministerio de Hacienda entendemos que hay un error técnico en sumar ingresos departamentales en cuentas nacionales y que se debieron reducir los gastos en lugar de aumentarlos. Otro tema que sigue vigente es que, jurídicamente, la ley de financiamiento solo puede afectar rentas de la Nación, no se puede aumentar el catastro de los municipios, para eso hay otro canal, que es una reforma tributaria territorial.
Ambos temas están activos en el debate. Incluso si insistieran en estos tributos y el Congreso los aprobara, creemos que no pasaría el estudio de constitucionalidad.
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El presupuesto se recortará en $10 billones, hasta ahora se ha dicho que la mayoría sería en funcionamiento (unos $6 billones), pero también se recortaría inversión. ¿Cómo ese ajuste puede afectar a la economía?
Hay inflexibilidades en el gasto. En un hogar no se puede dejar de pagar la luz y el agua, por ejemplo, así mismo, el gobierno tiene gastos inflexibles, protegidos constitucionalmente, como el Sistema General de Participaciones, el pago de la deuda, las vigencias futuras y el gasto social. Casi siempre, cuando hay que hacer recortes, se sacrifica la inversión. Así ocurrió en 2024, 2025 y, seguramente, ocurrirá en 2026: presupuestos altos en el papel, pero luego se necesitan recortes que afectan la inversión. Lo ideal sería hacer el recorte, o no incrementar, el gasto de funcionamiento.
¿Qué otras acciones serían ideales en la discusión del presupuesto y la tributaria?
El mundo ideal es sincerar las cuentas: saber exactamente cuánto va a ingresar y cuánto se puede gastar. El gobierno había dicho que así sería, pero se contradijo con el Presupuesto 2026. En 2024 faltaron cerca de $50 billones; en 2025 tenemos $12 billones menos y la ejecución no va muy bien, es probable que el presupuesto termine en $480 billones, es decir, también $50 billones por debajo. Hacer esos cambios presupuestales implica que se incumplen promesas. Lo recomendable es ser conservadores en las cuentas y si entra más plata, sumar, en vez de tener que recortar.
¿Cuáles son las consecuencias de las cuentas no realistas?
Más incertidumbre en los mercados. El resto del mundo, cuando le va a prestar a Colombia, mira el balance, los presupuestos, y ante mayor incertidumbre, nos cobran más tasas de interés. Colombia hace 15 años se parecía a Perú y Chile en indicadores fiscales, pero hoy estamos más cerca de México o Brasil, que son países que manejan sus finanzas de una manera más desordenada.
Lo fundamental es sincerar las cuentas, como se prometió en el Marco Fiscal, y tener un plan presupuestal ajustado a la realidad económica. Sobre el papel se puede escribir cualquier cosa, pero la realidad económica no soporta las proyecciones del gobierno.
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