El Gobierno español aprobó el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que regulará el factor de sostenibilidad (adecuar el cálculo de la pensión a la esperanza de vida) y la revalorización del sistema de la Seguridad Social no vinculado directamente a la inflación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la reforma busca garantizar que los pensionistas actuales, pase lo que pase, vean incrementadas las pensiones en situación de dificultad (un 0,25 %) y que se puedan recuperar en las de bonanza (el 0,25 más el IPC).
Otro de sus objetivos es garantizar que los que cotizan hoy puedan cobrar de manera similar su pensión.
La vicepresidenta destacó que en la última década el número de pensionistas en España creció en un millón, que la previsión es que cada año aumenten en 100.000 personas y que en el 2.040 el número total ascienda a 15 millones.
Con estos datos hay que plantearse con «seriedad» que hay que garantizar su cobro en el medio y largo plazo, precisó Sáenz de Santamaría.
Ahora el Gobierno enviará al Parlamento el proyecto de ley para su tramitación.
El envío no es el fin del diálogo con sindicatos y grupos políticos, resaltó la vicepresidenta, que recordó que se inició el pasado 13 de abril con el nombramiento de un comité de expertos que hizo una primera propuesta para incorporar el factor de sostenibilidad.
Dicho factor se aplicará desde 2019 para adecuar el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida, que se fijará cada cinco año conforme a las tablas de mortalidad de la Seguridad Social.
El Gobierno no cree que desligar la revalorización de las pensiones de la inflación vaya a provocar una pérdida de poder adquisitivo significativa para los pensionistas, ya que cuenta con que ésta se modere.
Sin embargo, los sindicatos y los partidos de la oposición consideran que esta reforma supondrá una pérdida importante de poder adquisitivo para pensionistas y jubilados.