El sistema eléctrico del Caribe, como una casa vieja con cables parchados, exhibe cada año los problemas de siempre. Apagones, baja calidad, precios en las nubes.
En un intento por enmendar cables, el Gobierno anunció un plan para reforzar la red eléctrica de la región con una inversión superior a los USD 1.700 millones (equivalente a COP 6,29 billones, a una tasa de cambio a 3.700).
El proyecto contempla más de 35 intervenciones estratégicas que buscan blindar el sistema, reducir el riesgo de apagones y preparar la red para integrar hasta 6 gigavatios (GW) de energías limpias, principalmente eólicas y solares.
El Ministerio de Minas y Energía reúne un conjunto de obras eléctricas con efectos directos en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Córdoba y Sucre. Entre las principales intervenciones se incluyen:
- 15 compensadores síncronos, equipos que estabilizan la red cuando hay fluctuaciones fuertes (algo así como amortiguadores eléctricos).
- 4 transformadores del Sistema de Transmisión Nacional, que permiten mover grandes volúmenes de energía sin sobrecargar el sistema.
- 3 reactores para controlar tensiones.
- Más de 13 obras del Sistema de Transmisión Regional, enfocadas en subestaciones, refuerzos de red e interconexiones clave.
Energías limpias, pero con cables insuficientes
Uno de los ejes centrales del plan es preparar la infraestructura para la transición energética. Las nuevas obras permitirían integrar hasta 6 GW de generación renovable, una capacidad equivalente a varias veces la demanda de ciudades como Barranquilla o Cartagena.
El plan incluye una obra largamente aplazada: la interconexión del Chocó Norte al Sistema Interconectado Nacional, con una inversión cercana a USD 125 millones.
“Estas no son obras menores ni paños de agua tibia. Estamos corrigiendo décadas de rezago en la infraestructura eléctrica del Caribe, fortaleciendo la red y creando las condiciones técnicas para que la transición energética sea una realidad, sin poner en riesgo la confiabilidad del sistema”, afirmó el ministro Edwin Palma.
Sin embargo, el anuncio llega en un momento sensible. En paralelo, la empresa Air-e confirmó que mantendrá estable su tarifa en COP 796 por kilovatio hora durante 2026 en Atlántico, Magdalena y La Guajira, un valor COP 80 por debajo del promedio.
El alivio tarifario, sin embargo, convive con una presión estructural: una deuda cercana a COP 2,5 billones que el Gobierno busca aliviar mediante un cobro transitorio de COP 8 por kilovatio hora a nivel nacional, actualmente en discusión regulatoria.
Ahí está una de las claves del debate: invertir para evitar apagones y bajar costos futuros, sin trasladar de forma desproporcionada la carga a los usuarios, especialmente en una región con alta vulnerabilidad económica.
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