El monto de recursos que el Gobierno del presidente Duque ha conseguido para atender las necesidades por la pandemia del covid-19 y para no dejar apagar el aparato productivo, ascienden a $28,5 billones, equivalente al 2,5% del PIB. Estos recursos financiarán necesidades del sector de salud y la población vulnerable, lo mismo que se busca preservar el empleo de las personas que se encuentran activas en el mercado laboral.
Pese a la preocupación y queja de la mayoría de medianos y pequeños empresarios por la falta de créditos y ayudas, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, señaló en la Comisión III del Senado, que hay una reserva con miras a pagar las nóminas para la segunda quincena de abril. Un segundo plan de acción tiene que ver con la protección de los contratos laborales del grupo de empresas que no han podido volver a la producción por la estrategia para combatir a pandemia. “En ese sentido, han estado enfocadas las medidas laborales (contribuciones a la nómina) como las medidas crediticias”, señaló.
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Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reafirmó, en la plenaria del Senado, que el gobierno ha establecido cuatro áreas de acción: la primera tiene que ver con la salud. Este primer bloque cuenta con unos recursos de $7,1 billones para financiar las pruebas, el fortalecimiento de las unidades de cuidado intensivo, la garantía de los insumos necesarios para prestar los servicios y compensación económica para los afiliados al régimen subsidiado.
En el segundo plano está el bloque de atención humanitaria inmediata que tiene varios componentes específicos como Familias y Jóvenes en Acción y Adulto Mayor que cuenta con unos cuatro millones de beneficiarios que tiene un fortalecimiento de $630.000 millones. Lo otro tiene que ver con el programa de devolución anticipado del IVA para los colombianos pobres con un millón de beneficiarios y un costo de $75.000 millones cada dos meses.
El fortalecimiento alimenticio de los adultos mayores con una duración de tres meses y un cupo de $100.000 millones mensuales. También está el programa de ingreso solidario que se diseñó con el fin de atender a la población vulnerable del país tiene unos tres millones de beneficiarios y durante tres meses tiene un costo de $750.000 millones, para la atención de la población mayor a los 70 años se establecieron tres giros mensuales con un costo total de $100.000 millones.
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La transferencia económica a trabajadores cesantes que hayan realizado aportes a las cajas de compensación tiene un costo de $230.000 millones; son tres mensualidades equivalentes a dos salarios mínimos legales. El diferimiento por tres meses de los servicios públicos para los estratos 1 y 2 que tiene un costo de $2 billones. Estos programas contemplan el frente humanitario, señaló Carrasquilla.
Otro plan tiene que ver con las dificultades en materia de actividad económica. Reafirmó que abril, mayo y junio va a ser “el peor trimestre de la historia económica de nuestro país”. El tercer frente de atención tiene que ver con los esfuerzos que se vienen haciendo para tratar de contrarrestar los efectos del retroceso de la economía. Mencionó una línea de $12 billones que garantizan créditos para pago de nóminas de las pequeñas, medianas y microempresas del país con garantías del 90% del crédito desembolsado.
Una línea de $3 billones para capital de trabajo en las mipymes con garantía del 80% y una de un billón de pesos para los trabajadores independientes con garantía del 80%. También se subsidió la comisión que cobra el Fondo Nacional de Garantías (FNG) en un 75% que demanda un costo de $1,8 billones. Las decisiones tomadas en el frente de la regulación bancaria contempla un programa de reprogramación de deuda, esa medida ha permitido reprogramar 8,5 millones de créditos. Hasta el viernes pasado se han reestructurado deudas por $140 millones.
(Contexto: Ministerio del Trabajo ha recibido 12 solicitudes de autorización de despido colectivo).
Sobre los aportes al Sistema General de Pensiones se suspendió por dos meses, desde la caja tiene una presión de $1,5 billones para Colpensiones, y el aplazamiento del pago de parafiscales (Sena-ICBF) para los sectores más afectados por la pandemia.
El ministro Carrasquilla recordó que los recursos necesarios para atender la crisis por la pandemia que ascienden a $28,5 billones y provienen del Fonpet (pensiones regionales) por $ 3,8 billones que se tienen que devolver antes del año 2029; del Fondo de Ahorro y estabilización (FAE) provienen $12 billones, préstamos con recursos del Fondo de Riesgos Laborales $429.000 millones, también se obligó al sistema financiero hacer inversiones forzosas en títulos de solidaridad por $9,8 billones.
Esas son las fuentes de recursos, explicó el ministro de Hacienda. Durante la plenaria, la mayoría de senadores enfilaron baterías hacia la función del sistema bancario y su poca efectividad en la ayuda a los comerciantes y usuarios. Todos requieren más agilidad en la reestructuración de las deudas y la aprobación y desembolsos de nuevos recursos. La mayoría de estos dineros se requieren para garantizar que los empresarios tengan la caja necesaria para evitar afectar las nóminas.