Cuando la luz estaba a una alarma más de apagarse, según los gremios de energía y gas, el Gobierno optó por mantener a flote el esquema de los subsidios y oxigenar así el déficit financiero que amenazaba a las empresas.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que de este modo se da “continuidad de ambos servicios y el acceso a este derecho fundamental para millones de colombianos”.
Con un giro de aproximadamente $2,5 billones, el jefe de la cartera anunció el pago por concepto subsidios a empresas del sector eléctrico y de gas, una cifra que cubre tanto las obligaciones rezagadas del presupuesto 2024, como seis resoluciones expedidas entre enero y mayo de 2025.
Una inyección directa para sostener la energía de colombianos en los estratos 1, 2 y 3.
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El país que se prende con subsidios
Los costos del servicio de la energía son elevados. Con el objetivo de que la luz llegue a más beneficiarios, el Estado ha construido sobre los subsidios un “equilibrio” en la frágil telaraña de los precios, pues en los rincones donde el servicio llega con dificultad, es la diferencia entre encender leña o encender un taco.
El Sistema Interconectado Nacional (SIN), las Zonas No Interconectadas (ZNI), el Fondo Especial de Energía Social (FOES), la compensación para transporte de gas en Nariño, los cilindros de gas GLP, el gas por redes y hasta el programa de sustitución de leña son piezas de una arquitectura subsidiaria que mantiene encendido el motor de los hogares pobres.
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Anatomía de la transferencia
El desembolso de los $2,5 billones se dio de la siguiente manera:
- $1,93 billones fueron destinados a 87 empresas del sector eléctrico, donde el SIN acaparó $1,8 billones y FOES $68.523 millones.
- $564.000 millones fueron girados a 76 empresas de gas, entre ellas las encargadas de programas de gas combustible domiciliario y GLP en cilindros.
- Tres filiales del Grupo EPM recibieron una porción de $1,1 billones, incluyendo Afinia.
- La región Caribe sumó $697.000 millones en pagos para las empresas Air-e y Afinia, con $233.100 millones y $463.900 millones, respectivamente.
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Además, el Gobierno saldó la totalidad de la deuda que se había constituido como reserva presupuestal en 2024 ($203.246 millones), y cumplió con los pagos de seis resoluciones más recientes en 2025, por $888.054 millones.
Lo que pedían los gremios: pagar, ya que la tensión del flujo de caja de las empresas se mantuvo en rojo durante meses en que esperaron el reembolso del Gobierno por un servicio ya prestado.
Esto causa un efecto dominó que apretaba las inversiones y amenazaba con un “apagón”.
¿Qué queda pendiente?
Por otro lado, todavía quedan deudas por saldar. En una comisión especial de la Contraloría y la Procuraduría, las entidades se proponen vigilar, apurar respuestas y prevenir el “riesgo sistémico” del sector. Según las cifras del Comité Intergremial, las deudas del Estado ascienden a $7,6 billones, de los cuales quedan pendientes $5,1 billones si se restan los $2,5 billones que acabó de saldar.
Inicialmente, así se distribuyó la deuda:
- $2,7 billones corresponden a subsidios eléctricos no girados.
- $3,3 billones por la llamada “opción tarifaria”, un mecanismo que permitió diferir el pago de las facturas durante la pandemia.
- $1 billón es deuda de entidades oficiales usuarias.
- $628.000 millones están pendientes en subsidios para gas combustible.
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Revisión de los subsidios
Ahora seguirá la revisión de este mecanismo. En un estudio reciente de la Contraloría, se revelaron fallas estructurales en la asignación y sostenimiento de los subsidios.
Según ese análisis, el sistema actual basado en estratificación social no garantiza que los subsidios lleguen realmente a quienes los necesitan. Peor aún: muchas veces terminan beneficiando a hogares con capacidad de pago, mientras excluyen a familias vulnerables mal clasificadas.
La investigación abarca el periodo 2014-2024 y deja en evidencia serias deficiencias en la entrega y gestión de los subsidios. En los últimos diez años, la Contraloría ha identificado irregularidades por más de $190.000 millones, asociadas a presuntos delitos fiscales, disciplinarios y penales.
Una lógica fiscal desconectada de la lógica social. La propuesta de la entidad es reemplazar este esquema por el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación.
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