El pasado 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio culposo al ingeniero civil Pablo Villegas Mesa —representante legal de la constructora Lérida CDO—, a Jorge Aristizábal Ochoa (ingeniero calculista) y a María Cecilia Posada (auxiliar residente de la misma firma). Esta decisión se da luego de siete meses del desplome de la torre 6 de la unidad residencial Space de Medellín y de casi tres meses de la implosión de la torre 5 del mismo proyecto.
También, fueron imputados, por el delito de prevaricato por acción, Eliney Sther Francis Llanos, excuradora segunda de Medellín y el actual curador segundo de la capital antioqueña Carlos Alberto Ruiz, contra quien se pidió medida de aseguramiento.
A este capítulo tras el desplome del Space, se suma el anuncio hecho por el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, de imputar cargos a cuatro empresas constructoras del Grupo CDO (Lérida Alsacia, Calamar y Vifasa) y también, a cinco de sus representantes legales (Jorge Aristizábal, Pablo Villegas Mesa, Álvaro Villegas Moreno, Ileana Arboleda Villegas y María Cecilia Posada) por presunto incumplimiento del estatuto del consumidor.
La razón de esta decisión tomada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, radica en una presunta violación del artículo 6 del Estatuto del Consumidor, según el cual los constructores y diseñadores de varios proyectos inmobiliarios hechos por el Grupo CDO en Medellín —como Space, Continental Towers, Asensi y Colores de Calasania—, debían garantizar calidad, idoneidad y seguridad en la ejecución.
La decisión, según explica la resolución de la SIC, se tomó luego de que los inspectores de la Superindustria visitaron los cuatro proyectos del Grupo CDO y pidieron información a los presuntos infractores. “Contra el pliego de cargos no proceden recursos”, sostuvo la Superintendencia.
Si el ente regulador establece que en efecto se violó el estatuto mencionado, por cada infracción podrían ponerse sanciones de $1.232 millones o incluso, el cierre de los establecimientos. Entretanto, representantes legales, personas naturales investigadas y miembros de juntas directivas podrían pagar multas individuales de hasta $184 millones.
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, dijo a El Espectador que “teniendo en cuenta las graves afectaciones al derecho a una vivienda digna del cual son titulares propietarios y usuarios de los inmuebles de los cuatro proyectos afectados y respetando los términos procesales que se deben observar en el desarrollo de una investigación administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio decidirá la actuación administrativa en un término que no superará los cinco meses”.
Agregó que la SIC tuvo conocimiento de un informe de la Universidad de los Andes “en donde se analizaban las normas propias del diseño y construcción de los proyectos Space, Continental Towers y Asensi. En el citado informe, la Universidad logró establecer el incumplimiento de algunos requisitos establecidos en la Norma Sismo Resistente 98 (NSR-98) en los tres proyectos”.
Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, dijo a este diario que la decisión de la SIC fue recibida “con satisfacción” y que está a la espera de las determinaciones que tome la Procuraduría General de la Nación. “El Ministerio lideró una mesa para que se vincularan Fiscalía, Procuraduría y Superindustria. La primera medida cautelar en el caso fue obligar a la empresa (Grupo CDO) a pagar los arriendos a las familias afectadas. Estamos esperando que la Superindustria avance para asegurar que el grupo empresarial responda a los afectados”.
Agregó que el proyecto de ley que radicó el Gobierno ante el Congreso para poner reglas al sector de la construcción, ha presentado buenos avances y que la iniciativa “está lista para ponencia y se encuentra radicada ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”. Henao contó que el Gobierno planea hacer foros en las regiones del país con los constructores, con el propósito de dar a conocer en detalle temas como el seguro de construcción y la reestructuración de las competencias de las curadurías urbanas.
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