En un claro desafío a la Casa Blanca, la Cámara de Representantes votará este jueves para eliminar el plazo máximo de 90 días legislativos establecido para que el Congreso complete la votación del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Colombia, suscrito hace 16 meses.
La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, reiteró que con esa votación los legisladores de la Cámara Baja estarían esencialmente "matando" el TLC y que esto traerá graves consecuencias para la región
Pero, en un comunicado, Human Rights Watch (HRW) dijo que Colombia debe demostrar "resultados concretos y sostenibles en respuesta a la impunidad y la violencia contra sindicalistas, y en romper el poder de los grupos paramilitares"
"Colombia tiene graves problemas que no puede solucionar en 90 días", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El Congreso debe respaldar la propuesta anunciada el martes por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que reconoce que tomará un tiempo que el Gobierno de Colombia demuestre un "cambio significativo", argumentó Vivanco.
A juicio del activista, una votación apresurada por parte del Congreso "hará poco para poner fin al patrón de abusos en Colombia o reducir la influencia de los paramilitares allí".
HRW dijo que Colombia encabeza la lista de países del mundo donde más asesinatos de sindicalistas se cometen. En el primer trimestre de este año han sido asesinados 17 sindicalistas y más de 400 durante los seis años de gobierno del presidente Álvaro Uribe.
"Solo algunos de los asesinos han sido llevados ante la Justicia", dijo HRW.
El grupo elogió que, en respuesta a preocupaciones del Congreso de EE.UU., Uribe estableció el año pasado un grupo de fiscales especiales para investigar los asesinatos de sindicalistas.
Sin embargo, HRW considera que el Congreso debe mantener la presión para que las promesas del Gobierno colombiano se traduzcan en resultados concretos mediante condenas a los responsables.
Vivanco señaló que los grupos paramilitares, que participan en el narcotráfico y están incluidos en la lista de terroristas del Gobierno estadounidense, "son responsables de mucha de la violencia contra los sindicatos".
Aunque el Gobierno colombiano alega que ha desmovilizado a los "paras", "aún no ha desmantelado sus estructuras criminales, no ha confiscado su bienes ilícitos, y no ha garantizado plenas investigaciones de quienes los respaldan y financian en las fuerzas de seguridad y el sistema político", enfatizó HRW.
Ante esa situación, el grupo cree que al postergar un voto sobre el TLC hasta que Colombia dé respuesta a estas preocupaciones, "el Congreso podría comenzar a cambiar la percepción en América Latina de que EE.UU. tiende a darle más importancia a las consideraciones económicas y políticas" que a los derechos humanos.