Las vías del Catatumbo han sido, por décadas, una barrera para su desarrollo. Conectividad limitada, rutas en mal estado y dificultades de acceso han mantenido a la región en una situación de aislamiento, dificultando el comercio y la movilidad de sus habitantes. Ayer, en el consejo de ministros, el Gobierno puso la lupa sobre la zona, con una serie de proyectos liderados por el Ministerio de Transporte para transformar la infraestructura vial.
Sin embargo, el avance de estas iniciativas no ha estado exento de obstáculos. Uno de los propuestos, el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, eje clave de la estrategia gubernamental, enfrenta retrasos significativos en su ejecución general, y la Contraloría lanzó advertencias sobre el manejo de los recursos desde octubre pasado.
La jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, señaló que el plan de infraestructura en el Catatumbo contempla cuatro intervenciones principales:
- Vía La Mata – Convención – El Tarra: el tramo entre La Mata y Convención contará con una inversión de $200.000 millones, mientras que la pavimentación de la ruta hasta El Tarra recibirá $40.000 millones.
- Caminos Comunitarios para la Paz Total: un programa de adecuación de vías terciarias que contará con $63.200 millones, destinados a intervenciones puntuales en rutas clave para la movilidad de las comunidades rurales.
- Aeropuerto de Tibú: la pista, que anteriormente pertenecía a Ecopetrol, pasará a la Aeronáutica Civil, con el fin de crear una ruta aérea operada por Satena.
- Transversal del Catatumbo: una vía estratégica que conectará la región desde la frontera hasta la Troncal del Magdalena, facilitando la salida al mar y al centro del país.
Estos proyectos buscan mejorar la conexión de la región con el resto del país y, en palabras de la ministra Rojas, reducir las tensiones humanitarias y comerciales que han marcado la historia del Catatumbo.
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Caminos Comunitarios: un programa enredado en problemas
Ubicando el retrovisor en uno de los pilares del Gobierno en infraestructura, encontramos el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, una apuesta por mejorar la conectividad rural mediante la participación de Juntas de Acción Comunal y mano de obra local.
El objetivo es ambicioso: intervenir 33.102 km de vías terciarias en 26 departamentos, con una inversión estimada de $8 billones. Pero el ritmo de ejecución ha sido alarmantemente bajo.
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A pesar de contar con $514.700 millones para el 2024, solo 16,3 % de esos recursos habían sido ejecutados, con un avance físico de apenas 20 %. En octubre pasado, la Contraloría General calificó estos resultados como insatisfactorios y anunció que, desde enero de 2025, iniciaría una auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional de Vías (Invías) para evaluar la gestión de los recursos.
Entre los principales problemas detectados están los retrasos en la ejecución, ya que los plazos iniciales de uno a tres meses se han extendido hasta siete y 12 meses; las fallas en la supervisión con montos insuficientes a interventorías, y baja inversión, pues 27 de los 48 meses del Gobierno Petro (para ese momento), apenas se había ejecutado 6,56 % de la meta.
El director del Invías, Juan Carlos Montenegro, defendió el programa argumentando que las dificultades se deben a factores externos. No obstante, la Contraloría insiste en que las alertas sobre su ejecución son fundadas y que el panorama no es el que el Gobierno intenta presentar.
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El financiamiento y los nuevos impuestos
Para materializar estos proyectos en el Catatumbo, el Gobierno ha diseñado un esquema de financiamiento basado en tres impuestos clave, con los que se espera recaudar $2,7 billones hasta finales de 2025.
- Juegos de azar en línea: actualmente no pagan IVA en Colombia, pero el Gobierno propone gravarlos con un 19 %, lo que podría generar cerca de $1 billón en ingresos.
- Exportaciones de petróleo y carbón: un impuesto del 1 % sobre la primera venta de estos productos en el mercado internacional.
- Impuesto de timbre: aplicable a trámites notariales de bienes inmuebles con valores superiores a 20.000 UVT (cerca de $996 millones en 2025).
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El jefe de la cartera de Hacienda, Diego Guevara, señaló en el consejo de ministros que estos tributos permitirán garantizar los desembolsos necesarios para ejecutar los proyectos de infraestructura. La incertidumbre, a pesar de todo, persiste sobre la sostenibilidad de este modelo y si los recursos llegarán en los tiempos esperados.
La ejecución de inversión pública ha sido históricamente baja en el sector de infraestructura. En 2024, solo 31 % de los recursos obligados habían sido ejecutados hasta noviembre, con el Invías registrando un desempeño por debajo de su promedio histórico: 38,7 %, frente al 62,1 % en 2023 y el 70,6 % entre 2017 y 2019.
La ministra de Transporte pidió poner el pie en el acelerador en la gestión financiera. “Aquí es importante, ministro de Hacienda, usted que conoce ya bien el programa, que aquí podamos en su momento, y en la medida que se pueda, garantizar el pago”, dijo Rojas, y agregó que la iniciativa de Caminos Comunitarios rompe el esquema tradicional de contratistas, pues al trabajar con las comunidades directamente se requieren inversiones iniciales sin lentitud para iniciar la labor.
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