Las inversiones que realizan compañías en zonas de conflicto pueden afectar el orden social y agudizar las problemáticas sociales de las comunidades donde operan. Así, la empresa se expone a diversas tensiones e incluso a la interrupción de su operación. Esta es la advertencia que plantea un informe de la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cual pretende convertirse en una guía para empresarios e inversionistas que están desarrollando negocios en lugares clasificados como de alto riesgo.
Lineamientos sobre responsabilidad empresarial en áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos: recursos para empresas e inversionistas, es el nombre de la guía que, con base en los Diez Principios del Pacto Mundial, expone ciertos desafíos que tienen las compañías en convertir sus operaciones e inversiones de orden social en un vehículo para su sostenibilidad, actuando de manera “sensible” ante el conflicto.
Algunos de los desafíos son: saber cómo tratar las quejas de la comunidad, ampliar las actividades del negocio principal para apoyar la paz, establecer un marco jurídico claro en la cadena de suministros, estrechar relaciones con los gobiernos, evitar la complicidad en la violación de derechos humanos, lograr que los grupos de interés participen en estrategias de consulta y comunicación para que los programas de inversión social puedan reunir a los grupos en conflicto en lugar de exacerbar divisiones.
Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, explica que “el desafío ante nosotros es claro: asegurar que las empresas apliquen los Principios del Pacto Mundial dentro de sus propias organizaciones para hacer una causa común con otras empresas e interesados para ayudar a satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo”.
En el informe se plantea la discusión en torno a qué constituye un negocio responsable y enfatiza en la falta de acuerdo en lo que éste representa, así como la carencia de una guía única para actuar en contextos de conflicto. Aunque evidencia riesgos comunes para las empresas.
Por ejemplo, “un riesgo común es contratar o consultar a un grupo de interés local e ignorar al resto, con lo que se beneficia de manera no intencional a un grupo más que a otro, lo cual puede fomentar inconformidades entre comunidades. Asimismo, los proyectos de inversión social pueden absorber el papel de un gobierno en el suministro de servicios básicos; o bien, las fuerzas de seguridad insuficientemente entrenadas podrían usar un exceso de fuerza en torno a los activos de las empresas y resultar en abusos sobre los derechos humanos”.
Si bien la seguridad es responsabilidad de los gobiernos, el sector privado puede ayudar a través de distintos mecanismos, como la creación de políticas de contratación incluyentes. Pero el manejo erróneo de los proyectos de responsabilidad social “puede impactar negativamente la reputación de la empresa”. Si las comunidades no se involucran en la identificación y desarrollo de proyectos o no los consideran de su propiedad, los esfuerzos de inversión social no tendrán impactos a largo plazo y aportarán poca voluntad para la empresa, reduciéndose así las ganancias de una empresa en inversión social, al igual que se dañarían los resultados financieros finales”.