Siguen los problemas para el Ministerio de la Protección Social. El martes la Contraloría General de la República anunció que investigará a esa cartera y a las personas que fueron contratadas para la redacción de los decretos de la Emergencia Social, que buscan recuperar el sistema de salud en el país.
El contralor Julio César Turbay Quintero manifestó que “se investigarán los contratos firmados por la entidad, con el objeto de asesorar las reformas a la salud y ya se inició la auditoría fiscal en el interior del Ministerio para establecer quiénes participaron de la contratación, incluido el Ministro”.
El candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, hace unos días reveló que el Minprotección firmó tres contratos para tal fin: uno por $125.000 millones, con vigencia entre 2003 y 2008, y otros dos por $1.925 millones, convenidos a finales del año pasado con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, que a su vez tenía un contrato con la señora Teresa Tono, quien también es contratista del Ministerio.
Incluso, la investigación de la Contraloría se extenderá a las personas externas contratadas para asesorar la redacción de los decretos, además de Tono, Julio Portocarrero y Augusto Galán.
El tema también llegó al despacho del zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González, quien hará las averiguaciones para establecer si hubo corrupción en los contratos.
El ministro de la Protección, Diego Palacio, ha defendido los convenios asegurando que se suscribieron para dar cumplimiento a la Sentencia T760 de 2008, de la Corte Constitucional, que busca la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los regímenes contributivo y subsidiado.
De otra parte, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, manifestó que la próxima semana dará a conocer su pronunciamiento sobre la legalidad de los decretos de la Emergencia Social.