Mientras las organizaciones defensoras del medio ambiente se oponen a los proyectos extractivos en varias regiones, los gobernadores claman al gobierno por unas regalías mayores para hacer inversión regional y dinamizar la economía en sus departamentos golpeados por la pandemia del Covid-19.
Durante una audiencia pública en las comisiones quintas conjuntas de Senado y Cámara, los mandatarios regionales se mostraron preocupados por los alcances del decreto reglamentario a la ley de regalías que presentó el Gobierno del presidente Duque. El proyecto debe ser aprobado en el Congreso antes del 30 de agosto, de lo contrario, el Ejecutivo lo adoptará por decreto.
Durante el evento, se conoció desde Planeación Nacional que actualmente con los recursos de las regalías han sido aprobados cerca de 292 proyectos por $700.000 millones asociados al covid-19. Amparo García, subdirectora Territorial del DNP, indicó que en el país hay más de 18.000 proyectos por más de $43 billones se han transformado en kilómetros de red terciaria, red urbana, soluciones en educación, medio ambiente y vivienda.
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Durante la realización de la audiencia pública, la mayoría de gobernadores manifestó que la iniciativa generará un recorte importante en la distribución de los recursos. Pidieron que no sea el factor poblacional el que determine la asignación de los recursos de regalías, sino que se tengan en cuenta las necesidades básicas insatisfechas.
Ante la fuerte caída de los ingresos tributarios y no tributarios en las regiones, los gobernadores cerraron filas en el pedido de que los recursos de las regalías no se disminuyan y que sean administrados desde las regiones. Los impuestos de registro, loterías foráneas, impuestos de licores, cervezas y estampillas han disminuido considerablemente, según manifestaron algunos gobernadores en la audiencia pública que examina el proyecto de reglamentación del Sistema General de Regalías (SGR).
El reclamo generalizado ante el proyecto es la pérdida de autonomía, de igualdad y la reducción de recursos para la inversión regional. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, advirtió la reducción del 50% de los recursos correspondiente a la asignación para la inversión regional que hoy pertenece a los territorios. La propuesta del gobierno nacional pretende crear una bolsa concursable en cada región en detrimento del 100% que opera en la actualidad, “esta iniciativa quitaría y centralizará de tajo 3,1 billones de pesos a los departamentos, que serían repartidos en seis bolsas regionales pretendiendo que en cada bolsa, quede apenas medio billón de pesos para ser peleados por los departamentos”, dijo.
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Denunció que el proyecto pretende una centralización de los recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación al Ministerio de Ciencia y Tecnología; son recursos que suman $1,8 billones. Otros gobernadores hicieron iguales reparos a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Ante los reclamos de los mandatarios regionales, la subdirectora Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Amparo García, explicó que no se pretende volver al sistema anterior y que se defiende la autonomía de los territorios. “Nuestro propósito claro es que este recurso público tan importante, que se agota en el tiempo, se transforme en un activo monetario, en activos fijos que resuelvan las necesidades en alcaldías y gobernaciones”, dijo
Recordó que desde 2016 Planeación Nacional viene haciendo medición del desempeño de los proyectos, generando sistemas de alerta tempranas para que los mandatarios tengan control sobre los proyectos en ejecución.
Una de las premisas del proyecto va a ser la de fortalecer la transparencia, el buen gobierno, la participación ciudadana y la vinculación de la sociedad civil. Dijo que hoy las regalías están permitiendo que 292 proyectos por más de $700.000 millones asociados al covid-19 han sido aprobados, de manera autónoma para conjurar la pandemia.
Según Amparo García, en el país hay un poco más de 18.000 proyectos por más de $43 billones se han transformado en kilómetros de red terciaria, red urbana, soluciones en educación, medio ambiente y vivienda.
Por su parte, Rosa Emilia Solís, representante de las comunidades negras destacó el trabajo de algunos gobernadores y alcaldes con esas comunidades para la ejecución de proyectos sociales.
Para el senador, Jorge Eduardo Londoño, los entes territoriales ya tienen la capacidad de definir su propio futuro y necesidad, y eso es lo que se debe apoyar desde el Congreso.
Destaca el gobierno que el proyecto de ley busca que, dadas las importantes necesidades de la sociedad en materia social y de provisión de bienes públicos, “no contar con estos recursos obligaría a incrementar la carga tributaria de la sociedad por otras vías, como la tributación general, tanto nacional como local”.