Las sugerencias de Fedesarrollo en materia de corrupción es el tercer tema, de los 16 documentos, del proyecto “qué hacer en políticas públicas”, con ocasión de la llegada de un nuevo gobierno que será electo este año.
“Estas recomendaciones se basan en los resultados de la comisión de expertos anticorrupción liderada por Fedesarrollo en 2021, que en ese entonces también contó con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral, Dejusticia y Transparencia por Colombia”, afirmó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
El diagnóstico reconoció a la corrupción como uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.
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Además, socava el crecimiento al distorsionar la asignación de recursos en la economía. En el ámbito político y social, erosiona la legitimidad de las instituciones públicas y privadas, disminuye la confianza en la democracia, y deteriora el tejido social.
Para la entidad, las manifestaciones más graves de la corrupción reflejan la capacidad de intereses particulares para capturar la política y el Estado. Estos se pueden agrupar en tres categorías:
- Las redes clientelares entre el sector público y privado, que abarcan los actores que permiten la operación del clientelismo político a gran escala.
- Los grandes intereses económicos, incluyendo los grupos económicos y los grandes terratenientes, cuyo poder les permite incidir en las decisiones de las autoridades públicas de forma indebida.
- Los grupos ilícitos de crimen organizado, como paramilitares y guerrillas, y las organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, y otras actividades ilícitas, que cuentan con una enorme capacidad para corromper a algunos actores políticos y servidores del Estado por medio del ejercicio de la violencia.
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Fedesarrollo añadió que la corrupción se origina en el sistema electoral porque lleva a abusos en la operación del Estado para generar rentas y beneficios privados. Esto se da debido a la dependencia de los candidatos del financiamiento privado, la debilidad de las autoridades electorales y la ausencia de partidos políticos fuertes.
“Los mecanismos principales para distribuir estos beneficios son la contratación pública, el empleo público, y la formulación e implementación de regulaciones y políticas públicas”, resaltó la entidad.
Con base en este diagnóstico, las propuestas más importantes son:
- Modificar la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fortalecer su capacidad con presupuesto y planta autónomos y una mejora en sus capacidades de investigación.
- Aumentar la financiación pública directa e indirecta a las campañas del 30 al 70 por ciento de los gastos de campaña y fortalecer el control a los reportes de ingresos y gastos de las campañas políticas.
- Adelantar una reforma integral a los organismos de control para mejorar su eficacia y garantizar la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), mediante un fortalecimiento de los mecanismos de elección, restricciones para ocupar cargos de elección popular, ajustes en los periodos institucionales para evitar coincidencia con periodo presidencial y de Congreso, y la declaración de conflictos de interés.
- Hacer seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción y combatir el uso del efectivo en las campañas políticas y la falta de transparencia de estos recursos.
- Combatir la corrupción en la contratación estatal al restringir el uso del régimen de contratación por los esquemas especiales, limitar contrataciones no competitivas y las adiciones a los contratos, así como fortalecer el gobierno corporativo de las entidades del gobierno nacional.
- Reformar el servicio civil y el empleo público y crear un régimen de vinculación en planta de los servidores en prestación de servicios sin un aumento del gasto público.
- Combatir la transaccionalidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso al aumentar la transparencia del proceso legislativo, regular los cupos indicativos y hacer del trámite legislativo un proceso digital y transparente.
- Fortalecer la capacidad de la sociedad civil de hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante y mayor acceso a información.
“Esperamos que estas recomendaciones puedan ser debidamente discutidas para concretar acciones que permitan luchar contra la corrupción, uno de los peores males que aquejan al país”, concluyó Luis Fernando Mejía.
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