En medio del más absoluto sigilo y con verdadero mensaje de urgencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) escarba con lupa la base de datos de los colombianos buscando a quienes desde 2006 hayan incrementado su patrimonio por encima de $1.000 millones.
El informe debe estar sobre el escritorio del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, a finales de esta semana y a partir de ese momento él dispondrá de no más de 20 días para concertar, a partir de dicho estudio, el proyecto de reforma tributaria que prolongará la vigencia del impuesto al patrimonio para mantener la seguridad democrática.
La DIAN está en la tarea de mirar qué personas naturales y jurídicas deben ser incorporadas a la base tributaria, que por el momento sólo cobija a 7.200 colombianos con patrimonios superiores a $3.000 millones, con una tarifa del 1,2%.
El presidente Álvaro Uribe abrió la puerta, en la noche del martes, para que aquellos que han incrementado su patrimonio en los años fiscales 2007, 2008 y 2009, por encima de $3.000 millones, sean quienes lo paguen, excluyendo a los 7.200 contribuyentes que lo han venido pagando desde 2006. No obstante, el estudio de la DIAN busca patrimonios tres veces menores, situación que aumentó las especulaciones sobre cuántos serían en realidad los nuevos contribuyentes si el Congreso autoriza la ampliación del cobro del gravamen más allá de 2010, año en el que en teoría debería finalizar su vigencia.
Según el Presidente, se cobraría de manera transitoria, a partir de 2011, para recaudar $1 billón anual, dirigido a mantener los equipos y pie de fuerza que se han incorporado desde hace cuatro años.
El ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, en declaraciones a Caracol Radio, calificó como adefesio tributario el que se excluya a los más ricos de este gravamen y consideró que el Gobierno está improvisando y no tiene claridad de lo que puede o debe hacer. Y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda, dijo que la permanencia del tributo sería un golpe bajo a la competitividad y recomendó que los recursos que requiere el sostenimiento de la seguridad democrática se busquen entre los evasores para que no sean siempre los mismos empresarios quienes tengan que hacer esta clase de aportes.
Queda la inquietud de si las empresas que han firmado contratos de estabilidad jurídica (según los cuales no se les pueden cambiar las condiciones tributarias) lo pagarían, aunque el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, manifestó que las compañías que los han firmado no representan más del 5% de los contribuyentes potenciales.
Con esta manifestación, por ahora, el Gobierno no acoge la propuesta de la ANIF de que lo paguen quienes tienen patrimonios superiores a $200 millones. Quedan pendientes, además, inquietudes sobre temas como la transitoriedad que tendría el impuesto a partir de 2011, con el antecedente de que otros como el 4×1.000, que eran temporales, terminaron volviéndose permanentes. Y así, con los nuevos contribuyentes que identifique la DIAN, se alcanzará a recoger la meta propuesta de $1 billón al año.