Dentro de las preocupaciones del Gobierno en el inicio del año, en conjunto con la agenda del proceso de paz en La Habana (Cuba) con las Farc y la campaña reeleccionista, hay una que ha adquirido una relevancia especial por su alto impacto económico y reputacional tanto en el mercado local como en el externo: el futuro inmediato de la estatal petrolera Ecopetrol.
Una muestra de ello fue la reunión que mantuvieron Rafael Merchán, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, con los altos ejecutivos de la estatal petrolera para redactar el texto final de la demanda que, en horas de la tarde, radicaron ante la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de soborno que envuelve a uno de sus exempleados y la firma extranjera PetroTiger.
“Se conformó un grupo especial de fiscales, de policía judicial y asistentes de fiscal para llevar a cabo la investigación con respecto a los hechos que se han informado”, explicó Mario Montes, jefe de la Unidad Anticorrupción de la entidad, quien anunció la vinculación de un funcionario de Ecopetrol, cuatro empleados de PetroTiger y tres particulares a la investigación; ellos serán procesados por interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación.
La urgencia de brindar respuestas contundentes en medio de este escándalo, en el que la firma de servicios petroleros habría obtenido un contrato de US$39,6 millones tras haberle girado alrededor de US$330.000 a la cuenta de un exfuncionario de Ecopetrol, se da dentro del proceso de entrada del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el llamado “club de las buenas prácticas”, donde se busca erradicar todo tipo de acciones relacionadas con la corrupción.
Otra urgencia manifiesta se encuentra en el futuro inmediato de la compañía, el cual se decidirá el 23 de enero en la asamblea extraordinaria de accionistas con la elección de los nuevos miembros de la junta directiva. Un proceso en el que el Gobierno, haciendo el papel de socio mayoritario (la Nación posee el 88,5% de las acciones), tomó la voz líder al decidir el retiro del empresario Fabio Echeverry.
Su lugar, tal como se establece en la plancha de candidatos diseñada para la elección, lo ocuparía Luis Fernando Ramírez, exministro de Defensa y presidente de Fedeleasing. A él se unirían, como independiente, Gonzalo Restrepo (presidió el Grupo Éxito entre 1990 y 2013), y como representante de los departamentos productores Horacio Ferreira (actual presidente de Surpetrol).
La principal tarea de la nueva junta directiva será recuperar el perfil de una empresa que, además del negativo conflicto reputacional en el que se encuentra, ha visto cómo su capitalización bursátil se ha reducido en el último año en $82,8 billones por una producción menos favorable a la inicialmente proyectada y la huida de inversionistas extranjeros a la Bolsa de Nueva York.
“Tiene que tomar una decisión estratégica en términos de exploración. Ecopetrol ha sido muy buena produciendo y exportando petróleo, pero sigue perdiendo en el área de exploración. Necesita hacer fuertes inversiones en esta área para consolidar activos y fortalecer su capital humano, tanto el operativo como el gerencial. Además, fortalecer el gobierno corporativo, que es muy bueno, para garantizar la absoluta transparencia”, comenta Julio César Vera, consultor de hidrocarburos.
Otro de los termas urgentes es la culminación de la obra de expansión y modernización de la Refinería de Cartagena, la cual está siendo investigada por la Contraloría General de la República por sobrecostos que rondarían los US$1.500 millones. “La junta tiene que asumir una posición de vigilancia y control, además de exigir que la obra se termine en el presente año. Ha costado mucho”, dice Germán Corredor, director del Observatorio Colombiano de Energía de la Universidad Nacional.
Ese futuro comenzará a elaborarse la próxima semana, cuando los accionistas se reúnan en las instalaciones de Corferias, en Bogotá, para elegir a quienes decidirán la nueva dirección de la compañía.
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