En la dirigencia gremial, la academia y ciertos sectores políticos algunas personas se empeñan en difundir la ideología de que el trabajo es un asunto individual, que depende del estado mental que se obtiene con motivación personal y que es resultado de la generosidad empresarial. En verdad, en una sociedad casi todo, incluso la cultura, está delineado por definiciones políticas (en el sentido amplio de su significado) que moldean la vida y las costumbres de la ciudadanía. Además, el trabajo es resultado de la necesidad empresarial de reproducir la riqueza, no una acción altruista.
En este sentido, la estructura del mercado laboral, en cuanto a la relación de personas ocupadas sobre la población en edad de trabajar, el tipo de contratación, la informalidad, la vinculación de las mujeres y la juventud al mercado, la formación, capacitación y la relación de la remuneración del trabajo sobre la riqueza total son el resultado de toda la estructura económica y política del país. Seguro en todas las naciones hay personas perezosas que no están interesadas en el trabajo como la máxima dignificación humana, pero siempre serán una excepción.
En Colombia sabemos que el mercado laboral tiene unas características casi sistémicas: alto desempleo, que venía creciendo en los últimos cuatro años y se agravó con la pandemia; alta inactividad, caracterizada por personas que desisten de buscar trabajo y se dedican a otras tareas, o por falta de políticas públicas para el cuidado de niños y adultos mayores que tienen a más de 10 millones de mujeres en esta obligación, y alta informalidad, como consecuencia de la enclenque estructura empresarial, que según datos de la ANIF, la mitad de las empresas del país son informales; baja educación y capacitación, en un sistema educativo incapaz de brindar una mayor formación técnica, tecnológica y profesional; bajos salarios, con una buena parte de las personas ocupadas en actividades de poca capacidad de creación de valor agregado, como el comercio minorista, y, por último, baja participación del trabajo en el Producto Interno Bruto, que es reflejo de una profunda concentración de la riqueza que impide que el mercado interno pueda prosperar, y con este más y mejores emprendimientos y empresas de mayor tamaño.
A este panorama se sumó en 2020 la peor crisis económica que haya sufrido el país en más de un siglo. La recuperación de los trabajos perdidos ha sido lenta, y entre mayo y octubre el 51 % de los nuevos ocupados fueron trabajadores por cuenta propia, no vinculados formalmente a una empresa. Además, la tasa de desempleo de las mujeres es hoy más del doble que la de los hombres, en una economía incapaz de aprovechar esta fuerza de trabajo. De acuerdo con el DANE, para 2020 las personas que ganan menos de dos salarios mínimos crecieron y ya son el 88 % del total de trabajadores, los más afectados por la crisis sanitaria y económica, al mismo tiempo.
Así las cosas, es obvio suponer que el reto social más importante que tenemos como nación para 2021 es, simultáneamente, la vacunación y el fortalecimiento del sistema de salud, así como vincular laboralmente a millones de personas, pero no al rebusque, sino a un trabajo decente.
La forma de lograrlo no es con discursos o propuestas politiqueras, sino con acciones reales de economía política, es decir, la macroeconomía, el rol del Estado y el entorno favorable que brinde a los empresarios. Como las reformas para impulsar el crecimiento se gestan en las crisis, se requieren no solo buenas ideas, sino voluntad para establecer medidas que propicien la reactivación de la maquinaria de la producción.
Se necesitan más hectáreas cultivadas con alimentos que hoy están siendo importados, más tecnología y asistencia técnica en el campo, créditos subsidiados y acciones de defensa comercial para la producción nacional. El campo y la minería, además, deben encadenarse significativamente con la ciudad en empresas manufactureras que agreguen valor, para lo cual se debe disponer de más infraestructura con transporte multimodal y menores costos de energía. La mayor parte de países desarrollados ya están montados en el tren de la transición energética, que no nos puede dejar nuevamente, como ya lo hizo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial. Es un proceso que debe ser orientado por el Estado para el interés del país.
En lugar de una reforma laboral que recorte derechos a los trabajadores y que reglamente la informalidad, como la están proponiendo los tanques de pensamiento que llevan 50 años orientando el fracasado modelo de desarrollo, se requiere una reforma tributaria progresiva y una reforma al sistema financiero, hoy ultraconcentrado en cuatro grupos económicos.
Si estas reformas se hacen pensando en el crecimiento y la reactivación que se necesita, habrá un entorno más favorable para invertir, para producir y, por supuesto, para demandar mano de obra. Entonces resolver el grave problema de desempleo e informalidad será efecto de una transformación positiva de la estructura productiva, capaz de aprovechar la enorme riqueza de Colombia para ponerla al servicio del bienestar general.
Estas ideas no son ciencia ficción, pues son el camino seguido por las naciones más ricas y desarrolladas del planeta, logradas en ausencia de una clase política supercorrupta. Como se ve, la solución a la precariedad del trabajo en Colombia radica en buena medida en una acertada decisión electoral que derrote a quienes piensan que la única vida posible para nuestra ciudadanía es la que se logra con salarios precarios.
*Analista económico y docente universitario.