En la mañana de este jueves, funcionarios de la Delegatura para la protección de la competencia, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), adelantaron una visita en las oficinas de la Cancillería. ¿El propósito? Según lo explicado por la superintendente Cielo Rusinque, lo que se busca es “obtener evidencias sobre eventuales prácticas violatorias del régimen de competencia”.
Rusinque también precisa que no se han decomisado celulares ni otros equipos, según lo informado por la delegatura encargada.
Hay que tener en cuenta que esta visita es una de tantas que ha adelantado la SIC esta semana y que, al parecer, tendrían en la mira a la firma Thomas Greg (la que está inmersa en el escándalo de los pasaportes).
Es así como la SIC también adelantó, el martes, inspecciones en las oficinas de la Registraduría, y en las de las empresas asociadas a Thomas Greg. Según lo mencionado por algunos testigos, en estas visitas se habría intentado inspeccionar computadores y correos electrónicos.
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La superintendencia ha explicado que cada una de estas se ha hecho con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia en los procesos de selección contractual.
En otras palabras, lo que estaría buscando es levantar pruebas que evidencien las presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la impresión de pasaportes que ha denunciado el presidente Gustavo Petro.
Sobre la legitimidad y pertinencia de estas visitas, la SIC ha reiterado que con las mencionadas labores no se está extralimitando en sus funciones.
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“A la entidad se le ha encargado adelantar indagaciones e investigaciones para determinar la existencia de acuerdos, actos, abuso de posición de dominio en relación con comportamientos que puedan o tengan efectos en los mercados nacionales, en especial en los procesos de contratación estatal”, señaló en un comunicado.
La entidad argumenta que la libre competencia económica es “particularmente fundamental en los procesos de contratación del Estado para garantizar una dinámica efectiva en el sistema de compra pública”. De ahí que puede hacer visitas a los proponentes de los procesos de selección contractual, pero también a la entidad estatal contratante para tener un contexto completo de cómo se adelantan los procesos.
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Agrega que las entidades estatales deben atender las visitas de inspección, impedir su desarrollo puede implicar una infracción al régimen de libre competencia.
“La Corte Constitucional avaló las facultades de la Superintendencia de realizar visitas de inspección indicando que se tratan de diligencias cuya práctica no requiere autorización judicial previa, persiguen una finalidad legítima porque permite recaudar las pruebas necesarias para el desarrollo de la investigación, y no requieren el aviso previo, destacando que el factor sorpresa de estas es vital para el desarrollo adecuado de las mismas”, concluye.
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