Hace 30 años parecía que muchos caminos conducían a la Península Ibérica. En especial a España, a la economía en auge del entonces primer ministro Felipe González, esa que en 1986 entró a formar parte de la Comunidad Europea a cambio de elevadas sumas de inversión que le permitieron ejecutar proyectos de infraestructura para consolidar el crecimiento en los años venideros. La España de la inflación controlada, donde el desempleo se reducía en la misma medida que el consumo aumentaba. La España que se disponía a mostrarle su mejor cara al mundo a través de los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla.
Una España, en efecto, que hoy luce muy lejana. Aquella imagen de país en pleno desarrollo ha sido reemplazada por la de una economía y sociedad en crisis, que destruye el empleo, castiga con deudas astronómicas a quienes se equivocaron en la planeación de sus créditos hipotecarios, reestructura sus entidades bancarias con fondos comunitarios y tiene serios problemas de credibilidad en los mercados externos.
¿Y cómo fue que un país próspero, el ejemplo de la Europa emergente del pasado, el refugio de los latinoamericanos que buscaban una mejor vida, se desmoronó? La respuesta habría que buscarla, precisamente, en los pedazos. En las ruinas con forma de hormigón y ladrillo, allí donde pueden encontrarse recibos de pago que nunca se cancelaron.
Un comienzo que tiene como precedente una decisión política: la tomada en 1997 por el entonces primer ministro, José María Aznar, para destinar más suelo a los constructores con la idea de que una mejor oferta de vivienda llevaría a la baja a los precios inmobiliarios. Decisión que se convirtió en una oportunidad de oro para el sistema bancario.
“A partir del año siguiente, en un ambiente de alta liquidez monetaria y bajas tasas de interés, se incrementa la demanda de créditos hipotecarios y de préstamos para adquirir terrenos. Los bancos entran en fuerte competencia para aumentar sus colocaciones en un mercado inmobiliario en plena expansión, y para ello disminuyen al máximo las tasas de tal forma que llega a ser inferior a la que debía asignarse al comprador por su perfil de riesgo. En general, las tasas se mantuvieron bajas de 1998 a 2007, oscilando alrededor del 3,5%”, explica Tomás Eguren, profesor de Finanzas Internacionales de la escuela de negocios catalana Eada.
Otro de los elementos que demostró ser desestabilizador fueron los créditos con tasas variables, los cuales pusieron en aprietos a más de un deudor cuando la tasa Euribor subió y, con ella, las cuotas mensuales. El punto de quiebre llegó en 2008: el exceso de oferta inmobiliaria, los pagos por las nubes, un aumento del desempleo, la reducción de ingresos en los hogares y el aumento en la cartera vencida hicieron que todo el sistema colapsara.
La sumatoria de la deuda se tasó en 388.000 millones de euros, de los cuales 160.000 millones de euros continúan sin pagarse. “Se hicieron más de un millón de viviendas que están vacías y a la venta; además, el endeudamiento sobre las familias españolas se ha multiplicado por siete en un período de 10 años”, comenta Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de la escuela de negocios IE, de Madrid.
Los resultados de esta política aún pueden verse en las calles. El mercado inmobiliario cerró 2012 con 269.880 operaciones de compra y venta, casi 100.000 menos que el año anterior, mientras el metro cuadrado se ha depreciado en un 25% desde que estalló la crisis en 2008. Además, la oferta de vivienda es abrumadora: al término de 2011, la firma LDC calculó que España tenía 3,4 millones de casas vacías (o nunca se vendieron o sus dueños tuvieron que cederlas por falta de pago), lo que equivale al 13,2% de los hogares.
El sistema bancario tampoco muestra su mejor forma, pues la acumulación de predios e inmuebles cesantes causó una enorme fractura. De hecho, Madrid recibió el año pasado un giro de 30.000 millones de euros para evitar la quiebra de su banca, la cual se resintió tras la intervención de Bankia, el cuarto banco más grande del país. Las exigencias de los acreedores son extremas.
Pero sería injusto achacarle todas las culpas de esta situación al sector inmobiliario y a los excesos de los bancos. El economista español Juan Velarde añade otra perspectiva: en los años 90 los políticos prefirieron atraer grandes inversiones extranjeras en lugar de consolidar programas que fortalecieran la calidad de la producción industrial y la competitividad, por lo que, tras el estallido de esta burbuja inmobiliaria, el país se quedó sin un soporte sectorial en el cual apoyarse.
“Se necesita un cambio estructural en el sector industrial. El turismo de ‘sol y playa’ parece haber llegado al límite de su crecimiento, tal como lo demuestra en la balanza de pagos los ingresos generados por el sector, que son importantes pero estables”, dice Eguren.
Pero mientras el país rema hacia ese futuro, debe depender del dinero del exterior. Para la muestra, los 1.874 millones de euros adicionales que la Unión Europea le destinó en su presupuesto hasta 2020, con los que Madrid espera reactivar el empleo (en especial el dirigido a los jóvenes), fomentar el desarrollo rural y el crecimiento regional.
Cada día se hace más difícil conseguir esa ayuda con condiciones cómodas, sobre todo desde que agencias como Standard & Poor’s y Fitch mantienen por el piso la calificación de la deuda nacional, al borde de considerar sus bonos como “basura”.
Una salida a esta marea de infortunios tiene que pasar, en palabras de Romera, por la creación de confianza, comenzando necesariamente por la industria: “Pensar que los empresarios son los creadores de empleo, que no son enemigos, sino quienes le dan valor a la economía”.