Dos nuevos hechos revivieron la controversia en la licitación del tercer canal privado de televisión. El primero de ellos fue la petición del consorcio Canal 3 (del que hace parte el Grupo Planeta), de que se adelante la adjudicación del nuevo canal —prevista para el 27 de julio—, argumentando que “al no haber más ‘oferentes o proponentes’ y no teniendo Canal 3 ninguna observación frente al Informe de Verificación y Evaluación (sobre su propuesta), no tiene por qué haber lugar a contraobservaciones”. Pero Sergio Michelsen, abogado de Pacsa (Grupo Prisa), y Eduardo Noriega, ex comisionado y veedor ciudadano del proceso, coincidieron en que esta petición es ilegal y demuestra que “hay un afán” por entregar el canal.
El segundo hecho fue la decisión del Gobierno de nombrar como comisionado de televisión encargado a Gustavo Adolfo Araque, en reemplazo de Alberto Guzmán (representante de las asociaciones de padres de familia, ligas de televidentes y facultades de comunicación). El decreto de nombramiento advierte que Araque estará en el cargo hasta que la Registraduría realice el proceso de elección como lo prevé la ley.
Esta decisión ha despertado fuertes críticas, debido a que con Araque en la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) serían tres (de una junta de cinco miembros) los representantes del Gobierno, es decir, una mayoría que podría quitarles independencia a las decisiones tomadas por la entidad, según Noriega.
Más argumentos en contra
El martes pasado la CNTV recibió una comunicación firmada por Pacsa en la que solicita que “se rechace la oferta presentada por Canal 3”. En la misiva argumentan que la propuesta de este consorcio tiene varias irregularidades, fundamentalmente en dos aspectos: por un lado, sostienen que la participación extranjera de Canal 3 es del 42%, cuando la legislación colombiana dispone que máximo sea del 40%. Y por otra parte, afirman que “Canal 3 se abstuvo de identificar adecuadamente la totalidad de los beneficiarios reales de las acciones que componen su capital”, desconociendo las exigencias de los pliegos de condiciones. “A mí no me sorprende que el Grupo Planeta esté solicitando que se anticipen los términos por el temor de que se encuentre que su propuesta debería ser rechazada”, aseguró Michelsen.
A esta petición de Pacsa se suman cuatro acciones populares que, según Eduardo Noriega, hay en marcha en contra de este proceso. “En una de ellas, que ya fue fallada en primera instancia por el Juzgado Octavo administrativo de Bogotá, se declaró que la CNTV había faltado a la moralidad pública e incurrido en detrimento patrimonial. La Comisión apeló”. Una más busca que la subasta de adjudicación no se realice con un solo oferente (Planeta); otra, que en el proceso no tengan ni voz ni voto Caracol y RCN; y otra pide que se declare detrimento patrimonial.
Noriega asegura que también hay una tutela interpuesta por el periodista Felipe Zuleta, en la que pide que se respete la pluralidad de oferentes y se garantice la libertad al espectro electromagnético. En el listado además hay una acción de cumplimiento que busca la suspensión del proceso y la reapertura del Registro Único de Operadores (RUO), para que nuevos interesados compitan por el tercer canal. Por último, hay una acción de nulidad contra el pliego de condiciones que también pide la anulación de la actual licitación.
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