Sin duda alguna la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, en el departamento de Córdoba, generó un daño irreversible al medio ambiente y a la comunidad indígena del Alto Sinú, pero también transformó positivamente esta olvidada región, que vio cómo se abrieron carreteras y se construyeron escuelas, batallones y se implementaron proyectos sostenibles entre las comunidades campesinas que fueron reubicadas tras la inundación de 107 mil hectáreas de lo que hoy es el Parque Nudo de Paramillo.
Hoy, once años después, la hidroeléctrica semiestatal, que genera el 2% de la energía que consume el país, está de plácemes, y no es para menos: logró por primera vez en 10 años utilidades por más de $20 mil millones.
La realización de este proyecto ha tenido todos los tropiezos posibles, tal vez por falta de previsión o por enfrentamiento entre entidades del Estado o la intromisión de las fuerzas al margen de la ley, o por ONG que aprovecharon esta situación como caldo de cultivo para enfrentar a las comunidades y buscar indemnizaciones millonarias, de las cuales se ha beneficiado mucha más gente que las personas afectadas.
Cuando la Corte Constitucional profirió el fallo, que obligó a la hidroeléctrica a pagar durante 20 años a las comunidades emberas afectadas por la inundación de 407 hectáreas, el número de indígenas que arrojó el censo ascendía a 2.031. Mientras que el primer pago mensual por indígena fue de $100 mil, hoy, 11 años después, se pagan $157.848 a 4.735 miembros, muchos de ellos como resultado de nacimientos y de la llegada de emberas de otras partes del país, como Chocó, Antioquia e incluso de Panamá. Este crecimiento, que se acerca al 4%, es una situación sui generis en este tipo de etnias para Miguel Campo, uno de los antropólogos que más conocen de estas comunidades, ya que ha vivido con ellas a lo largo de varios años, y junto con su esposa, Melba Maldonado, han acompañado los programas que buscan integrar a las comunidades.
Otro de los obstáculos para la compañía en sus finanzas es que las comunidades indígenas no reportan los fallecimientos de sus seres queridos.
El no denunciar los fallecimientos generó otra leyenda en la zona, como la de los indígenas que sostienen que no van a pescar al embalse por considerar que de allí saldrá una serpiente gigante que los atacará. La nueva leyenda es que los indígenas son inmortales y que por esta razón es que nadie muere en sus comunidades.
Lo cierto es que los indígenas que fallecen son enterrados en silencio y en lugares alejados de los tambos (tipo de vivienda de los emberas) por considerar que no deben estar en el lugar donde se duerme.
Al no reportarse ninguna muerte, las familias mantienen intacto el pago, que se les desembolsa cada tres meses, para evitar que tengan que bajar continuamente a Tierralta a cobrar.
Si bien la mujer es la persona más importante en la comunidad, por ser la propietaria de la tierra, por ser la que educa a los hijos y responde por el hogar, la occidentalización hizo que sea el hombre el que reciba el pago y sea él el que decida qué se va a hacer con los ingresos de la familia.
En un hogar con cinco hijos la mesada hoy es cercana al millón de pesos, razón por la cual el hombre invierte el dinero, muchas veces, en cosas innecesarias, como es el caso de un indígena que compró una nevera y la llevó a su tambo, pese a que allí no había energía eléctrica. Y así como este caso han ocurrido otros similares, como el que compró una moto y para llevarla al resguardo tuvo que cargarla en troncos de madera con ayuda de su esposa, recorrido que duró más de 10 horas.
Antropólogos consideran que este tipo de situaciones no se presentarían si el fallo del Consejo de Estado hubiera definido no entregar dinero, sino realizar proyectos productivos en los que toda la comunidad estuviera involucrada y no que los recursos de toda una familia terminen en compras inútiles o en borracheras, mientras que las mujeres esperan en las afueras de las cantinas la salida de sus esposos, que luego de embriagarse salen sin un solo centavo.
Los esfuerzos de Urrá para cumplir con las obligaciones por haber construido una represa en medio del río Sinú —lo que impide el paso de los peces y obligó a la salida de 589 familias campesinas y 2.031 indígenas— no cesan y la empresa ayuda y acompaña a las comunidades que desarrollan proyectos sostenibles para mejorar la calidad de vida de campesinos e indígenas en la zona de influencia de la hidroeléctrica, que genera 340 gigavatios.
Sin embargo, hay una gran preocupación por la posición de los indígenas, quienes no hacen nada por superarse y por sacar adelante los proyectos que tienen como objetivo ser sostenibles. En los estanques, que la empresa construyó para tratar de restaurar los daños por la construcción del embalse, se siembra un número de peces, pero las comunidades no hacen nada por repoblarlos, sino que esperan que la empresa les suministre los alevinos para mantener este proceso.
Algo contrario pasa con las comunidades campesinas que fueron reubicadas, ya que éstas, como no reciben dinero en efectivo, sino la puesta en marcha de proyectos, tienen más proyección y se han capacitado en distintos programas, lo que les ha permitido mejorar su calidad de vida.
Es el caso de la familia de Carlos Jaramillo, quienes fueron reubicados de la vereda Montevideo por ser afectados directos por la inundación de la zona.
Don Carlos y su familia, entre ellos sus hijos Franklin y Elvis, se ubicaron en jurisdicción de Tierralta y allí iniciaron una nueva vida, la cual fue mejor para ellos, pues abandonaron una zona impenetrable, muy alejada de civilización.
Mientras que Franklin logró enrolarse en la universidad para cumplir su sueño de trabajar en la hidroeléctrica como ingeniero mecánico, su hermano Elvis no se quedó atrás y también pudo llegar a trabajar en Urrá. Elvis trabaja en una compañía de vigilancia que presta el servicio a la central de máquinas de la hidroeléctrica, la misma que 11 años atrás los sacó de sus tierras para mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Once años después de que las comunidades indígenas se dividieran y una optara por recibir durante 20 años una mesada, y la otra consolidara y pidiera por anticipado el pago de la indemnización, que sumaba $2.500 millones, la suerte de la etnia embera es estable, pero hay una gran preocupación por parte de Rafael Piedrahíta, directivo de Urrá, quien considera que las comunidades deben ser más activas dentro del proceso de los proyectos productivos.
En el campamento Tuis Tuis, una zona que las comunidades adquirieron para ampliar su resguardo y realizar proyectos productivos, hay 25 familias. El resto de la comunidad sólo está a la espera de que lleguen los giros cada tres meses para adquirir lo necesario para sobrevivir, pero no hay proyecciones que les permitan mejorar y ser autosostenibles en el tiempo.
La vida útil del proyecto es de 50 años, de los cuales han pasado 11, y la gran preocupación es que como los emberas son eternos, no habrá tantos recursos para suplir sus necesidades básicas si la población sigue creciendo de esta forma tan desbordada, sostienen expertos antropólogos que vienen estudiando este caso de intervención.
Urrá, un proyecto inconcluso
La hidroeléctrica de Urrá inició operaciones el 15 de febrero de 2000, pero su concepción arrancó en 1952, luego que la Caja Agraria contratara a la firma R.J. para entregar las potencialidades de los recursos hidráulicos del departamento de Bolívar (hoy territorio de Córdoba).
En 1992 el Instituto de Recursos Naturales Renovables (Inderena) aprobó la licencia ambiental para la etapa inicial de Urrá I.
La segunda etapa, Urrá II, nunca se podrá desarrollar, por estar dentro de un parque natural. Sin embargo, se espera un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el tema.
Esta segunda fase tendría un costo cercano a los 800 millones de dólares.
Según los expertos, la construcción de las dos fases eliminaría las continuas inundaciones por el desbordamiento del río Sinú.