A pesar de que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, ha venido insistiendo en que los subsidios que se le han dado al campo deben ser desmontados de manera progresiva y en que la cartera que maneja debe promover la agricultura familiar, los bienes públicos (como asistencia técnica, sistemas de riego, drenaje, vías terciarias, entre otros) y una transformación del Incentivo de la Capitalización Rural (ICR) —para enfocarlo en proyectos asociativos—, los gremios del agro no han podido ocultar su molestia con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ya que argumentan que la hoja de ruta para el sector no es clara.
Así quedó demostrado en la más reciente junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en la que, según el jefe de esta agremiación, Rafael Mejía López, los principales afiliados a la SAC manifestaron su malestar. Argumentaron que el Gobierno ha dejado de lado la institucionalidad gremial y que sectores como los arroceros han sido blanco de los desplantes del Gobierno.
“Cuando uno mira los anuncios hechos por el Gobierno (como quitar subsidios y otros), dan a entender que todo es malo; nada es bueno. El Estado quiere partir de ceros, cuando eso no es posible. La SAC ha tratado de buscar una política agraria ordenada, pero el Gobierno apenas nos notifica lo que quiere hacer; aparentemente en el Ministerio de Agricultura no se toma una decisión sin que pase por Presidencia. Parece que quisieran acabar con el sector”, señaló Mejía.
Rafael Hernández Lozano, presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), señaló que el ministro Lizarralde ha venido recorriendo varias regiones del país “diciéndoles a los agricultores que están produciendo más arroz del que se necesita; que pasemos a una actividad más rentable”.
El líder gremial aseveró que “a Colombia no le sobra arroz, sino contrabando del cereal, debido a la falta de eficiencia del Estado para controlar este fenómeno. El camino más fácil es decir: no siembren y cambien de actividad. No hay políticas claras por parte del Gobierno para el sector agropecuario en general. Que nos digan qué nos ponemos a hacer y lo hacemos”.
En línea con lo anterior, el gremio arrocero argumenta que el rompimiento de la franja de precios que había establecido el Gobierno y que funcionaba para el pago de la cosecha arrocera viene atado al creciente contrabando.
Entretanto, Alejandro Estévez —presidente de Fedepapa (gremio de los productores de papa)—, considera que “los gremios hemos coincidido en que el Gobierno no ha pasado de hacer anuncios y buenos titulares. En el caso de la papa se logró una mala salida con respecto a las compras de producto por parte del Estado. Las medidas de fondo pedidas no se han aplicado por falta de decisiones. Cuando se levantaron los paros agropecuarios del año pasado, el Gobierno se dedicó a otras cosas”.
Recientemente, Lizarralde le recordó al presidente Santos que este año el sector agropecuario tendrá un presupuesto histórico de $5,3 billones (de los cuales $4,1 billones se destinarán al Ministerio de Agricultura y $1,2 billones a entidades adscritas a esta cartera). Sin embargo, según contó Estévez, entre los gremios del agro aún no se sabe cómo se van a destinar estos recursos para el campo, aunque se habla de inversión pública.
Pese a las posiciones expresadas por los gremios agropecuarios, el Gobierno sostiene que hay varios pilares que determinarán “la nueva política de Estado para la ruralidad”. Estos son: el Pacto Agrario, el Censo Nacional Agropecuario, los acuerdos de libre comercio, el programa de apoyo a la competitividad y el papel del Ministerio de Agricultura en el posconflicto.
Adicional a esto, el Ministerio dio a conocer que en la próxima década tiene como grandes metas “lograr el desarrollo productivo y competitivo del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, con un crecimiento del PIB agropecuario mínimo del 5% anual; reducir a la mitad la brecha urbano-rural de pobreza por ingresos y duplicar el área cultivada, para llegar a 10 millones de hectáreas, de las cuales cinco millones tendrán adecuación de riego y drenaje”.
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