El Consejo Gremial Nacional, entidad que representa a los micro, pequeños, medianos y grandes empleadores del país, presentó comentarios al Presupuesto 2025 para contribuir a la discusión de esta iniciativa legislativa.
La entidad compara la situación actual con lo sucedido durante la aprobación del presupuesto para el 2024, cuando consideraban que el Presupuesto General de la Nación (PGN) no solo era muy ambicioso, sino que dependía de ingresos fiscales transitorios e inciertos, como los litigios y la gestión de la DIAN, que finalmente no se materializaron.
El Ministerio de Hacienda presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 por $523 billones. Lo representa un incremento nominal del 3,9 % frente a 2024.
El proyecto debe superar el primer debate en el Congreso, en comisiones económicas de Senado y Cámara, para el 25 de septiembre. Si el proyecto es negado antes de la fecha, el Gobierno expediría por decreto el Presupuesto tal como lo presentó.
Hoy “los ingresos proyectados en el presupuesto nacional para 2024 inicialmente fueron de $352,4 billones, pero se ajustaron a $320,3 billones en el Plan Financiero y nuevamente bajaron a $288,7 billones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este comportamiento resalta la importancia de abordar estas variaciones antes de que se generen efectos negativos más profundos en el equilibrio fiscal” destaca una carta que le envió el Consejo al Congreso de la República.
Estos son los reparos del Consejo Gremial al Presupuesto:
- Los ingresos del Gobierno no aumentan al mismo ritmo de los gastos: frente al aumento de los gastos presentados en el proyecto, se identifican riesgos frente a la expectativa del Gobierno en el aumento de sus ingresos. Esto porque se requiere la aprobación de la Ley de Financiamientos (una pequeña reforma tributaria que busca recoger $12 billones) y asegurar el recaudo de la DIAN.
- El déficit del Gobierno para 2025 puede estar subestimado. “Si no se hace efectivo el aumento proyectado en los ingresos, el déficit podría ser superior a los $84 billones en 2025. Para mitigar este riesgo, una opción sería revisar los gastos de funcionamiento, que presentan un incremento del 6,2 %. En particular, podrían considerarse ajustes en las transferencias, que representan un 5,4% de aumento, o en la adquisición de bienes y servicios, que crece un 5,7 %”, destaca.
- El Gobierno nacional completaría seis años con altos déficits fiscales, por encima del 4,3 % del PIB. Además, los permanentes déficits fiscales van en contravía de la reactivación económica propuesta por el Gobierno.
- La deuda neta del Gobierno, proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, y que sería consistente con la regla fiscal se ubicaría en 55 % del PIB para 2025. Sin embargo, “la incertidumbre frente a la realidad de los ingresos y la sobreestimación de los gastos presupuestados genera dudas frente al cumplimiento de la regla fiscal”.
- El proyecto de ley de financiamiento, tal como está planteado, es “inconveniente e inoportuno para impulsar la reactivación económica” porque aumenta la carga tributaria y generar incertidumbre, que podría frenar la inversión y el crecimiento.
El Consejo Gremial considera que se debe priorizar la ejecución de los programas existentes y estratégicos con el ánimo de no entorpecer el proceso de recuperación económica en el que actualmente se encuentra el país.
Todas las razones anteriores hacen que “manifestamos que el gobierno debe ajustar sus ambiciones fiscales a la realidad económica del país, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas es la mejor carta de presentación para atraer inversión y con ello reactivar la economía del país”, concluye.
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