Poco más de una semana de ocurrido el terremoto del 10 de agosto, que ha cobrado la vida de más de 300 personas, el Gobierno publicó el esperado decreto de emergencia económica, con el cual busca delinear su estrategia para enfrentar esta crisis.
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La emergencia económica es un estado de excepción que le permite al gobierno de turno expedir decretos, con fuerza de ley, pero sin pasar por el Congreso. Esto con el fin de enfrentar una situación grave que afecta la estabilidad económica y social del país.
Esta figura está contemplada en el artículo 215 de la Constitución y puede durar hasta 30 días, con la posibilidad de prorrogarla por otros 30 más, aunque el uso acumulado no puede superar los 90 días dentro de un mismo año.
Una vez decretada, la Corte Constitucional debe revisarla y decidir si la situación realmente justificaba su uso, mientras el Congreso conserva la facultad de ejercer control político sobre las medidas adoptadas.
En esta ocasión, el Gobierno la invoca pues reconoce que la escala de la destrucción, así como los esfuerzos que requerirán la reconstrucción, supera por mucho las herramientas normales que tiene el Estado para lidiar con este tipo de panoramas.
Por ejemplo, se habla de una reconstrucción que costará billones de pesos, pero en la bolsa del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hay apenas poco más de COP 47.000 millones, que ayudan a solventar algunas necesidades inmediatas, pero no están a tono con la tarea bajo ninguna perspectiva.
Si bien el decreto no establece medidas inmediatas, sí señala varias rutas a través de las cuales se buscará atender a la población afectada y a manejar los esfuerzos de reconstrucción.
Estos son algunos de los aspectos más relevantes acerca de la estrategia de la administración De la Espriella para la atención ante el terremoto.
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El diagnóstico que hace el Gobierno
Si bien nunca hay un buen momento para que ocurra una tragedia como la que desató el terremoto, el momento fiscal por el que atraviesa el país pone todo más complicado en términos de la respuesta a esta emergencia.
El Gobierno calcula que el déficit fiscal puede cerrar el año en 7,8 %, muy por encima de las estimaciones que hizo la administración Petro en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (5,3 %). De materializarse esta cifra, esto representaría volver al nivel de déficit registrado en la pandemia (2020).
Así mismo, el nivel de deuda se estima en 60 % del PIB, mientras que el gasto público llegó a 22,9 % del PIB entre 2023 y 2025, superando los niveles registrados entre 2017 y 2019 en 4,2 %.
En últimas, para el gobierno De la Espriella la economía se encuentra sobrecalentada, en buena parte por el aumento del gasto.
El tamaño de la reconstrucción
El panorama fiscal constituye malas noticias per se, pero lo es un poco más cuando se tiene en cuenta que la reconstrucción podría costar, “por lo menos”, COP 30 billones, lo que equivale a 1 % del PIB.
El decreto indica que este cálculo es consistente con otras mediciones y proyecciones, como un marco de referencia del Servicio Geológico de Estados Unidos, que ubica el impacto del sismo entre 0,2 % y 1,9 % del PIB. El BID, por su lado, tiene estimaciones (sin publicar aún) que llevan el impacto material, tan sólo en infraestructura, a 0,45 % del PIB.
Para tener una referencia más clara de lo que implica este nivel de recursos, si se materializan los COP 30 billones en reconstrucción, esto superaría los montos que se destinaron para la recuperación después del terremoto del eje cafetero.
En ese entonces, el total invertido ascendió a 0,84 % del PIB, con poco más de COP 17 billones comprometidos entre 1999 y 2001.
Fondos especiales del Presupuesto
Si bien el decreto habla de la posibilidad de invocar medidas tributarias para atender la emergencia derivada del terremoto, no hay nada explícito que señale el camino hacia cambios en los impuestos, al menos de momento.
Lo que sí hay es ingeniería entre el Presupuesto, si se quiere. Especialmente en reasignación de recursos desde fondos especiales.
Por ejemplo, el Gobierno habla de utilizar recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para “financiar proyectos de inversión en el marco de los preceptos constitucionales”. Esto se haría con cargo al Fondo de Ahorro y Estabilización del SGR.
Otra de las medidas planteadas es la enajenación exprés por parte de la SAE de activos y bienes que puedan servir en la atención a las víctimas del terremoto y a la tarea de reconstrucción. Esto se haría en parte a través del Fondo la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra Crimen Organizado (FRISCO), que administra esta entidad.
También está esbozada la posibilidad de redirigir parte de los recursos que van hacia Coljuegos para financiar temas de salud en las zonas afectadas.
Apoyo a las micro y pequeñas empresas
El decreto de emergencia económica establece la necesidad de asistir a las micro y pequeñas empresas con apoyos para cubrir una parte de los salarios y aportes de los trabajadores de estas unidades productivas. Aunque no explica estos recursos de dónde saldrían o a cuánto podrían ascender, tanto en su monto global, como en el individual para cada mipyme.
En el terreno de las micro y pequeñas empresas, el Gobierno habla de establecer líneas de crédito de emergencia “con condiciones no previstas hoy en la regulación financiera (tasas subsidiadas, periodos de gracia extraordinarios). También se prevé usar recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para subsidiar “temporalmente” la operación de los hoteles en las zonas afectadas.
Asistencia financiera y alivios tributarios
Aunque no se dan detalles (que podrían llegar en otros decretos), el Gobierno habla de establecer condiciones favorables (compensación de tasa, coberturas, subsidio de comisiones, períodos de gracia, garantías) en los instrumentos que ofrecen las entidades del Grupo Bicentenario, que comprende a 13 instituciones, como el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras.
El decreto también menciona la posibilidad de “ajustar de manera temporal la legislación financiera y del mercado de valores para facilitar el acceso de los damnificados a recursos propios y a financiación formal”.
Por último, en la visión del gobierno De la Espriella, se hace necesario “otorgar alivios y demás medidas de carácter tributario, aduanero y cambiario temporales que liberen liquidez de los contribuyentes y generen recursos destinados a la emergencia”.
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