Producir está generando pérdidas: en eso están de acuerdo los paperos con los arroceros, que salieron recientemente del segundo paro del año. Ambos sectores le han pedido soluciones al Ministerio de Agricultura, pues la situación no solo ha afectado su rentabilidad, sino que ha sido una caminata al borde del precipicio de la quiebra para algunos.
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Una de las respuestas de la entidad fue fijar un precio mínimo para el arroz paddy verde (grano sin procesar) con valores diferenciales por región. La medida quedó en firme con la Resolución 241 de 2025, luego de discutirse como uno de los acuerdos centrales que permitieron finalizar los bloqueos de los arroceros. Además, el Ministerio publicó para comentarios otra resolución que “somete al régimen de libertad regulada de precios al producto arroz blanco a granel y empacado”.
Entre tanto, Minagricultura estableció acuerdos con los paperos para atender la crisis en la que ellos se encuentran. Aunque se han resistido a salir a paro como gremio, muchos de ellos apoyaron las movilizaciones de los mineros y parameros en Boyacá, porque la situación económica del departamento “atraviesa días difíciles”, en palabras del mismo gobernador, Carlos Amaya.
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En medio de este contexto, se conoció un borrador de decreto que le entrega nuevos poderes y facultades al Ministerio de Agricultura para que participe del mercado de la comercialización de alimentos. Se trata de una larga lista de acciones entre las que está importar, exportar, comprar, almacenar y hasta fijar precios mínimos. El borrador estará disponible para comentarios hasta el 16 de agosto.
Según la memoria justificativa del documento, entre los soportes de este se encuentran los derechos del campesinado (artículo 64 de la Constitución) y el derecho humano a la alimentación (artículo 65 de la Constitución), el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la reforma rural integral consagrada en el Acuerdo de Paz.
Las nuevas funciones del Ministerio de Agricultura
A las facultades que ya tiene la cartera se le suman 10 más que están relacionadas con la comercialización de alimentos. No se trata de un invento reciente sino, más bien, del reacomodo de competencias que en su momento fueron del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) hasta los años 90, pero que se liquidó por falta de transparencia y corrupción al interior de la entidad.
A grandes rasgos, las funciones que se le añadirían a la cartera de Agricultura son:
- Apoyar la comercialización de productos nacionales de origen agropecuario, especialmente no perecederos. Para ello podrá construir o cofinanciar la infraestructura física.
- Garantizar a los productores un precio mínimo de compra, que será fijado por el Ministerio cuando haya distorsiones en el mercado.
- Contribuir al mejoramiento del abastecimiento de productos básicos, especialmente granos.
- “Apoyar o realizar la distribución minorista de productos básicos en zonas marginales o campesinas, al igual que en aquellas zonas urbanas con altos índices de necesidades básicas insatisfechas”, se lee en el borrador.
- Importar y distribuir, al por mayor, alimentos básicos cuando se presenten graves fallas en los mercados.
- Exportar con referencia a los precios de los mercados internacionales, alimentos y productos adquiridos en la cosecha nacional.
- Para garantizar la estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, el Ministerio podrá administrar Fondos de Estabilización de Precios.
- Apoyar a los productores preferencialmente de zonas marginales y garantizar adecuados canales de comercialización de productos agropecuarios. Esto incluye inversiones que se harán mediante un fondo de inversiones para capital de riesgo en empresas comercializadoras y de transformación, que será administrado por el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro).
- Pagar a productores o intermediarios para cubrir los costos de almacenamiento de las cosechas que lo requieran.
- Comprar a futuro a los productores y vender a futuro a los intermediarios de los bienes agropecuarios.
Expertos consultados por este medio coinciden en que se trata de una buena noticia para los productores y una medida necesaria dada la coyuntura, aunque también hay alertas importantes a considerar.
Lo positivo del borrador de decreto
De entrada, las nuevas herramientas del Ministerio de Agricultura ayudarían a hacerle frente a la desregulación y a las crisis cíclicas de algunos sectores.
Que haya un mejor manejo de precios y una garantía a los productores constituye un elemento importante porque brinda otras opciones de sustentabilidad para ellos, de acuerdo con Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle.
El sentido del documento es que el Gobierno pueda entrar a proteger al eslabón más débil de la cadena, que es el campesinado. Además, en la agricultura “queda demostrado que el mercado necesita intervención de políticas públicas. Los países que son potencias tienen esas políticas que garantizan la producción y la soberanía alimentaria”, afirma Rendón.
Por su parte, Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali, apunta que el instrumento se debe asociar al proceso de “cédula campesina” para construir una base de quiénes hacen parte del encadenamiento de cada producto y así diseñar políticas que les lleguen directamente a ellos, evitando las intermediaciones “politizadas de los gremios”.
Las dudas que quedan del documento
Entre las preocupaciones que se asoman en el panorama por las nuevas facultades del Ministerio de Agricultura está el hecho de que fijar precios mínimos incida en la inflación de los mismos. No se trata de un tema menor, ya que a quienes más les pega una subida en la inflación de la comida es, justamente, a los sectores más vulnerables de la población, que destinan una mayor porción de sus ingresos para cubrir sus necesidades alimenticias.
Incluso se pueden “generar mercados paralelos o escasez de bienes si los precios establecidos son muy distintos a los del mercado”, resalta Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Y advierte que el papel aguanta todo, pero pone en duda la capacidad del Gobierno para gestionar todos los elementos.
Por su parte, Duarte reconoce que por ser una herramienta que se utiliza de acuerdo al criterio del gobierno de turno, el riesgo es que se pervierta su uso por intereses de los oligopolios, en lugar de fortalecer la producción nacional. Así se distorsionaría la oferta y el acceso para beneficiar a algunos círculos de poder.
Otro de los aspectos que queda en el limbo es el del financiamiento de todas las medidas que contempla el borrador de decreto. Si bien no tiene un impacto directo, se requiere de presupuesto para echar a andar estos nuevos mecanismos. El documento dice que la plata saldrá del presupuesto vigente del Ministerio, “de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Para Bedoya es clave conocer cuánto vale que el Gobierno se involucre en estos temas y de dónde salen los recursos, especialmente en un momento en el que la situación fiscal del país es delicada, por decir lo menos.
Naturalmente, asignar dineros a la comercialización implicaría “dejar de invertir en otras cosas porque el presupuesto no es infinito”, en palabras del presidente de la SAC. Por eso cuestiona si en lugar de pensar en resolver coyunturas, no sería mejor tener soluciones más duraderas. Algunos ejemplos son el fortalecer la asistencia técnica para la integración vertical y construir bienes públicos rurales para proteger estructuralmente a los productores de futuros ciclos de precios bajos.
Finalmente, Rendón defiende la propuesta del Minagricultura. Aunque advierte que se debe tratar de un proceso de modernización del campo colombiano que introduzca nuevas tecnologías y desarrollos para aumentar la productividad y planificar las siembras. De lo contrario, “las políticas aisladas siempre van a ser un fracaso y llevarán a unos efectos que no son los deseados. Se debe buscar que el campo sí sea una opción de vida”, concluye.
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