En Ipiales, donde el comercio con Ecuador se siente en cada bodega, cada tractomula y cada almacén, el mensaje fue directo: La disputa comercial entre Ecuador y Colombia ya empezó a golpear la economía real, advirtió Confecámaras durante una reunión del Comité de Fronteras de la Red de Cámaras de Comercio realizada este viernes en Nariño.
Allí participaron 14 cámaras regionales, representantes del Gobierno, entidades financieras públicas y empresarios vinculados al comercio binacional.
“Es un SOS para esta frontera”, dijo Nicolás Botero‑Páramo durante el encuentro. “El llamado a la tregua es fundamental para poder retirar esos aranceles de los dos países”.
Las zonas de frontera en Colombia no son marginales en términos económicos. Según cifras presentadas por Confecámaras, allí operan 181.268 empresas, cerca del 10 % del tejido empresarial nacional.
En conjunto generan más de 304.000 empleos formales y participan en una quinta parte de las exportaciones del país.
Cuando el comercio se frena, el impacto se siente de inmediato.
En el corredor Ipiales–Tulcán, la principal puerta terrestre entre Colombia y Ecuador, se movilizan más de USD 5 millones diarios en mercancías, explicó Iván Javier Flórez Portilla.
Ese flujo sostiene transportistas, bodegas, restaurantes de carretera, estaciones de servicio y miles de pequeños negocios que viven del tránsito comercial.
Por eso la tensión arancelaria entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa empezó a sentirse rápidamente en el terreno.
El golpe logístico
A la disputa comercial se sumó un problema físico en la frontera.
El cierre durante 80 días del puente San Miguel, en Putumayo, uno de los pasos hacia Ecuador, ha complicado aún más el transporte de mercancías.
Las consecuencias son rutas más largas, mayores costos de combustible, demoras en entregas y menor volumen de comercio.
Empresarios y cámaras de comercio advierten que la situación afecta no solo a Ipiales, sino también a otras zonas de intercambio como Putumayo y el puerto de Tumaco.
Las propuestas sobre la mesa
Durante el encuentro en Ipiales, Confecámaras y las cámaras regionales plantearon varias medidas para contener el impacto.
Entre ellas:
- Declarar emergencia económica en zonas de frontera.
- Suspender temporalmente aranceles dentro de la Zona de Integración Fronteriza.
- Reactivar el Gabinete Binacional Colombia–Ecuador, el principal mecanismo político para coordinar decisiones entre ambos gobiernos.
Una “guerra arancelaria” que escala
El trasfondo del conflicto está en las medidas comerciales adoptadas por los dos países desde enero.
Ecuador impuso primero un arancel general del 30 % a importaciones provenientes de Colombia. Semanas después lo elevó al 50 %, una decisión que encareció de forma abrupta la entrada de productos colombianos a ese mercado.
Bogotá respondió con medidas equivalentes.
El resultado ha sido una escalada comercial que golpea directamente el transporte de carga, el comercio fronterizo y las cadenas productivas construidas durante décadas bajo el paraguas de la Comunidad Andina.
El comercio bilateral supera los USD 2.700 millones al año, con una fuerte dependencia del transporte terrestre.
Miles de camiones cruzan esa frontera cada semana transportando alimentos procesados, textiles, insumos industriales, químicos y bienes de consumo.
Empresas en riesgo
Los gremios empresariales ya habían advertido sobre el impacto potencial del conflicto.
Sumando ambos lados de la frontera, gremios como la ANDI, Analdex y Acopi estiman que cerca de 6.000 empresas y cerca de 200.000 empleos podrían verse afectados si la confrontación comercial se mantiene.
Muchas de esas compañías dependen casi por completo del mercado ecuatoriano.
En algunos casos, más del 70 % de la producción está diseñada para venderse allí.
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