El dinero estaba, pero no se ejecutó. En 2024, la inversión pública cerró con la peor ejecución en un cuarto de siglo: solo 57 % de los recursos destinados para inversión fueron realmente utilizados. Un nivel tan bajo no se veía desde 2002 y refleja una gestión del gasto marcada por demoras, trabas administrativas y falta de planeación.
El balance es preocupante. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la ejecución global del Presupuesto General de la Nación (PGN), incluyendo el pago de deuda, fue de 83 %. Pero si se excluye la deuda pública, la cifra cae a 81,9 %, un resultado que se ubica 7,5 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico y evidencia que el Gobierno no logró poner en marcha programas y proyectos clave.
El rezago presupuestal (es decir, los recursos asignados que no se ejecutaron y se convirtieron en reservas y cuentas por pagar) alcanzó $63,4 billones, casi el doble de lo registrado en 2023. Esto significa que una parte considerable del presupuesto quedó atrapada en trámites y procesos sin concretarse en bienes, servicios o inversión social.
De hecho, si se compara el presupuesto aprobado con el realmente ejecutado, el panorama es más crítico. En 2024, el Congreso aprobó un gasto total de $502,6 billones, pero al cierre del año solo se ejecutaron $394,7 billones. En otras palabras, más de $100 billones no fueron utilizados en el tiempo previsto, lo que se traduce en menos programas sociales, menos infraestructura y menos dinamismo económico.
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¿Dónde se ejecutó el dinero y dónde quedaron las deudas?
Mientras algunos sectores lograron ejecutar la mayoría de sus recursos, otros quedaron rezagados.
Los sectores con mejor desempeño presupuestal fueron:
- Educación: 96,4% de ejecución.
- Salud y Protección Social: 94%.
- Fiscalía General de la Nación: 93%.
- Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: 90,1%.
En contraste, algunos sectores clave para la inversión y el desarrollo mostraron niveles críticos de ejecución:
- Presidencia de la República: 27,7%.
- Deporte: 36%.
- Agricultura y Desarrollo Rural: 38,6%.
- Transporte: 48,1%.
- Ambiente y Desarrollo Sostenible: 54,7%.
Los analistas detallan que el bajo desempeño en estas áreas no solo refleja problemas administrativos, sino que también tiene un efecto dominó en la economía y el bienestar de la población. Sin inversión en transporte e infraestructura, la conectividad del país se resiente. Sin recursos para agricultura y desarrollo rural, los productores enfrentan mayores dificultades. Sin una ejecución eficiente en deporte y cultura, se pierden oportunidades de formación y recreación para la población.
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¿Y qué pasa con 2025?
El nuevo año arrancó con una dinámica diferente. Según el portal Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, en enero, el Gobierno comprometió 12,5 % del presupuesto anual, lo que equivale a $64,9 billones, un aumento de 42,3 % frente a enero de 2024. Este incremento sugiere que el Ejecutivo busca corregir el rezago del año pasado y agilizar el gasto.
Dentro de este monto, $17,6 billones corresponden a inversión pública, lo que representa un crecimiento de 19,2 % respecto a enero de 2024. No obstante, comprometer recursos no significa que se hayan ejecutado o pagado en su totalidad.
A pesar de este arranque, el Minhacienda ya anunció un aplazamiento de $11 billones, lo que podría afectar la ejecución total del año.
Los sectores que han avanzado más rápido en la asignación de recursos en 2025 son:
- Relaciones Exteriores: 6,6% del presupuesto sectorial.
- Salud y Protección Social: 6,5%.
- Educación: 6,2%.
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