El déficit fiscal ocurre cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Básicamente, es el resultado de un desequilibrio entre los ingresos que entran a las arcas públicas y los compromisos de gasto que el Gobierno Nacional Central debe cumplir. Para cubrir ese hueco, se suele recurrir a endeudamiento, reformas tributarias o recortes en el presupuesto.
En el primer trimestre de 2025, ese desbalance no solo continúa, sino que alcanzó uno de sus niveles más altos en dos décadas.
Según el reporte más reciente del Ministerio de Hacienda, el déficit del Gobierno Nacional Central fue de 2,1 % del PIB al cierre de marzo, frente al 1 % reportado en el mismo periodo de 2024. Por su parte, el CARF calcula dicho déficit en 2 % del PIB. Aunque ambas entidades coinciden en que se trata del nivel más alto desde 2004, el año comparable más lejano.
El nivel actual de déficit, incluso, supera el déficit registrado en el primer trimestre de 2021 (1,3 %), en medio de la pandemia.
La última vez que el balance fue positivo en este periodo fue en 2014, con un superávit de 0,1 % del PIB. Desde entonces, la cifra ha estado en terreno negativo.
Gasto e inversión
De los $525,8 billones asignados en el Presupuesto General de la Nación para 2025, el Ministerio de Hacienda reportó que, a marzo, el Gobierno había obligado $84,4 billones (16,1 %) y comprometido $144,8 billones (27,5 %).
El presupuesto de funcionamiento del Estado (que incluye salarios, transferencias y pensiones) fue del 18,3 %, lo que supera la ejecución registrada en el mismo periodo de 2024, pero se mantiene por debajo del promedio histórico del 19,1 % (2000–2024).
En contraste, la ejecución en inversión fue apenas del 7,9 %, inferior al 9,1 % del año pasado y lejos del promedio histórico del 11 %.
El CARF, en su informe de seguimiento fiscal publicado el pasado 15 de mayo, advierte que el gasto total del GNC ha crecido 4,6 puntos del PIB entre 2019 y 2024, alcanzando un récord del 23,2 % del PIB, mientras que los ingresos apenas aumentaron 0,3 puntos.
Esta expansión del gasto sin un ingreso que la respalde es, en buena parte, la raíz del déficit que se tiene en este momento.
¿Cómo va el recaudo?
Según el más reciente informe mensual de la DIAN, el recaudo bruto acumulado a marzo fue de $72,14 billones, lo que representa un crecimiento del 6,8 % frente al mismo periodo de 2024 ($67,52 billones).
Esa cifra coincide con la proyección mensualizada del Plan Financiero del Gobierno, que preveía cerrar el primer trimestre en torno a los $72 billones.
No obstante, el CARF señala que el crecimiento nominal del recaudo fue de solo 1,5 %, muy por debajo del ritmo requerido para cumplir la meta anual de ingresos del Plan Financiero 2025, que es de $324 billones. Además, calcula que el recaudo neto estuvo $0,9 billones por debajo de la meta mensualizada establecida por la DIAN a marzo.
En otras palabras, aunque el resultado en términos brutos parece ajustarse al plan, la dinámica real del recaudo muestra señales de desaceleración.
El informe de la DIAN también muestra que $10,09 billones del total recaudado se obtuvieron a través de acciones de control y facilitación tributaria.
Es decir, estrategias que no dependen directamente de la actividad económica, sino de esfuerzos administrativos como:
- Gestión de cobro coactivo y persuasivo: $5,92 billones en total.
- Acciones masivas de control (a omisos o con errores): $2,14 billones.
- Declaraciones sugeridas: $1,21 billones.
- Fiscalización directa: $735 mil millones.
- Formalización tributaria: $78.935 millones.
Estos mecanismos han permitido mejorar el recaudo en el corto plazo, pero el CARF advierte que su impacto es limitado si la economía no acelera y la base tributaria (es decir, el número de colombianos que paga impuestos) no se amplía.
El recorte que propone el CARF
El CARF advierte que el país deberá hacer un ajuste de al menos $46 billones (2,6 % del PIB) si quiere cumplir con la regla fiscal, es decir, una norma que (aunque no es obligatoria) marca límites al déficit y a la deuda pública para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
En un escenario más adverso, por ejemplo, si el crecimiento económico es menor al previsto, el gasto social aumenta o el recaudo no mejora, ese ajuste podría elevarse hasta $75 billones (4,1 % del PIB), indicó el CARF.
A esto se suma que la deuda neta del Gobierno Nacional Central ya alcanza el 59,3 % del PIB, por encima del ancla legal del 55 % definida en la misma regla fiscal.
Esta situación puede restarle margen de maniobra al Gobierno, encarecer el acceso al crédito y presionar la calificación crediticia del país en los mercados internacionales.
En esta línea, el CARF advierte que el deterioro del balance no es solo consecuencia de factores coyunturales, sino de una trayectoria en la que el gasto ha crecido de forma sostenida sin un aumento proporcional en los ingresos.
El Comité también subraya la necesidad de fortalecer la eficiencia del gasto, mejorar la ejecución presupuestal (especialmente en inversión) y revisar el diseño de los ingresos permanentes del Estado.
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