La emergencia económica por la ola invernal que le pegó especialmente a los departamentos de la costa Caribe fue decretada por el Gobierno el 11 de febrero de este año.
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Este fue el segundo estado de excepción decretado por la administración del presidente Gustavo Petro en menos de tres meses. Para finales del año pasado, el Gobierno invocó este mecanismo excepcional porque, en su visión, el estado general de las finanzas del país necesitaba una solución inmediata ante la negativa del Congreso a la ley de financiamiento, que buscaba sumarle COP 16 billones al Presupuesto General.
A pesar de la argumentación del Gobierno, la Corte Constitucional decidió suspender preventivamente ese estado de emergencia mientras analiza de fondo si las razones que invoca la administración Petro se ajustan a lo estipulado por la Constitución.
Aquí vale recordar que los estados de excepción le permiten al Gobierno de turno hacer cambios estructurales (como poner en marcha nuevos impuestos) sin pasar por el Congreso. Sin embargo, la Corte Constitucional hace control automático de todas las medidas que se arropen con la cobija de una emergencia económica, por ejemplo.
La emergencia económica por la ola invernal
El frente frío que azotó a varios departamentos de la costa Caribe a principios de año (además de zonas del Chocó y Antioquia, entre otras) generó extensas inundaciones, que perjudicaron a 252.000 personas, mientras que el número de viviendas destruidas superó las 4.000 y las afectadas se ubicaron en más de 12.000, de acuerdo con cifras de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Además de estos impactos, se contaron impactos en 19.798 hectáreas productivas han sido afectadas, así como 111 vías, 39 puentes vehiculares, 19 puentes peatonales, 38 acueductos, 4 alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios, sin contar los animales de producción, de compañía y fauna silvestre.
Para atender estos desastres, el Gobierno ha publicado una serie de decretos (para este punto suman 15), que abarcan desde nuevos impuestos, hasta planes de atención para productores agrícolas y medidas para facilitar (o postergar) el pago de servicios públicos.
El Gobierno va a hacer una adición presupuestal de COP 8,68 billones para invertir en los ocho departamentos afectados por la emergencia económica: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
La adición presupuestal se logrará con el recaudo que llegará por nuevos impuestos, en particular, el impuesto al patrimonio e IVA para juegos de suerte y azar operados por internet (de esta última medida todavía no se conoce decreto).
¿En qué se invertirá el dinero recaudado para la emergencia invernal?
Entre los nuevos decretos, publicados este viernes, el Gobierno aclaró en qué se destinarán los recursos, de forma más específica.
La UNGRD recibirá la apropiación de COP 6,35 billones, cuyo gasto se coordinará con otros sectores y entidades del Estado, de esta forma:
- COP 1,6 billones para agricultura y desarrollo rural, con destino a acceso a tierras, alivios de deuda agropecuaria, garantías y recuperación de sistemas productivos.
- COP 1,3 billones para vivienda, enfocados en reasentamientos, reparación de viviendas y gestión del hábitat.
- COP 1 billón para educación, dirigidos a aulas temporales, mobiliario, kits escolares, uniformes y equipos, tras los daños reportados en 657 sedes educativas y 15 instituciones de educación superior
- COP 220.933 millones adicionales para el PAE, para mantener la alimentación escolar aun cuando la emergencia haya obligado a suspender clases presenciales o a trabajar desde casa.
- COP 1,17 billones para recuperación temprana y rehabilitación bajo coordinación de la UNGRD.
- COP 626.220 millones para transporte, especialmente en atención de vías y reconstrucción de puentes.
- COP 878.587 millones para agua y saneamiento básico en municipios afectados.
En salud se adicionan COP 455.271 millones para atender el aumento en la demanda de servicios y reparar infraestructura afectada; Prosperidad Social recibiría COP 408.560 millones para programas como Hambre Cero, inclusión productiva y una línea de emergencia de Renta Ciudadana; y el ICBF tendría COP 280.000 millones para reforzar la atención a niños, niñas, adolescentes y familias en riesgo. A eso se suman recursos para Defensa, Policía, Defensa Civil y Bomberos.
Los nuevos impuestos de la emergencia económica
Aquí se habla principalmente de fuentes de recursos por el lado del patrimonio y los juegos de azar, como ya se dijo, pero también habrá beneficios tributarios (como normalización de patrimonios), que era una medida que contemplaba el estado de emergencia que quedó suspendido por la Corte Constitucional.
Impuesto al patrimonio
Una de las principales medidas es la modificación al impuesto al patrimonio.
El impuesto aplicará una tarifa general de 0,5 % para personas jurídicas, o sea, se hará efectivo para las empresas. Y se cobrará para patrimonios por encima de las 200.000 UVT, o unos COP 10.474 millones.
Pero habrá una tarifa más alta para las empresas del sector financiero, así como las que están en el renglón minero-energético. Para estas compañías, se aplicará una base de 1,6 %.
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La administración Petro argumenta que “la inclusión de las personas jurídicas como sujetos pasivos del tributo, cuyo patrimonio poseído al 1 de marzo de 2026 sea superior a 200.000 UVT, se fundamenta en que estos contribuyentes pueden contar con margen para contribuir al financiamiento de la emergencia. Esto en razón a su posición patrimonial y a la diferenciación de la carga tributaria frente a empresas con menor nivel patrimonial”.
Este viernes, se decidió ampliar la base de contribuyentes para cobijar también a los establecimientos permanentes y las sucursales de empresas extranjeras en Colombia.
IVA para juegos de suerte y azar
Entre las nuevas medidas que se conocieron este viernes está el cambio en el impuesto nacional al consumo de los juegos de suerte y azar en línea. Para 2026 se estableció una tarifa del 16 %. La base gravable serán los ingresos brutos del juego, entendidos como el total de las apuestas menos los premios pagados en el bimestre correspondiente.
Beneficios tributarios de la emergencia económica
Otra de las novedades es el impuesto complementario de normalización tributaria, con tarifa de 19 %, para el año gravable 2026, que estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, o de los regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026.
También hay mecanismos de alivio tributario. Los sujetos con obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias que estén en mora con la DIAN al 31 de diciembre de 2025 podrán reducir las sanciones y los intereses moratorios si realizan el pago total desde la fecha de entrada en vigencia del decreto, es decir, desde el 12 de marzo, y hasta el 30 de abril de 2026, siempre que cumplan con determinados requisitos.
Pagos en servicio de gas
Mediante el decreto 242, el Gobierno no permitirá que los prestadores del servicio de gas le cobren consumos y cargo fijo a los usuarios después de la declaratoria de la emergencia económica.
Los cobros de gas anteriores a la emergencia deben tener facilidades de pago (como diferir el tiempo de cobro de los valores) para los usuarios de estratos 1 y 2 hasta por un año.
Alivios y asistencia financiera
El Gobierno llegó a un acuerdo con el sector financiero para ofrecer un paquete de ayudas a los afectados por la ola invernal en los ocho departamentos que cubre la emergencia económica.
Estos mecanismos, ya en la práctica, operarán de esta forma:
El acuerdo se llama Abrigo (Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades) y ofrece, entre otros puntos, un período de gracia de hasta 12 meses (dependiendo el plazo del crédito) en el que no se causarán intereses, se conservará la clasificación crediticia y no habrá reporte negativo en centrales de riesgo ni ejecución de garantías.
El gobierno y la banca también acordaron nuevos créditos para impulsar la reactivación económica en los departamentos afectados. De acuerdo con cifras de Asobancaria, en esa región se entregan 1,8 millones de créditos al año. La meta es aumentarlos en 15 %, hasta 2,1 millones, principalmente para el sector productivo y con prioridad en turismo, agricultura e industria.
Se ofrecerán garantías de nuevos créditos (que incluyen obligaciones con Bancóldex), refinanciación, créditos asociativos y un programa de emergencia para el sector empresarial.
Los detalles de cada punta del programa los puede encontrar acá.
Apoyos desde Prosperidad Social
El decreto 0245 de 2026 plantea que la atención de la emergencia requerirá recursos adicionales para fortalecer programas ya existentes de Prosperidad Social. Se mencionan tres líneas de intervención: Hambre Cero, los programas de inclusión productiva y economía popular y Renta Ciudadana, a través de una línea de emergencia.
Esto implica que esta entidad podrá hacer transferencias monetarias extraoridinarias para hogares damnificados, así como ofrecer apoyos para garantizar atención alimentaria y agua segura.
Los detalles de estos apoyos los puede encontrar acá.
Atención al agro
Por otra parte, con el decreto 0175, el Gobierno busca “adoptar medidas legislativas de carácter extraordinario, excepcional y transitorio para el alivio de obligaciones financieras, el acceso urgente al crédito y normalización de cartera que permitan mitigar la descapitalización de los productores rurales y campesinos afectados”.
El decreto instaló mecanismos de refinanciación de la deuda, con especial énfasis en pequeños productores afectados por la emergencia (mujeres, desplazados y excombatientes serán priorizados). Así mismo pone en marcha varios programas de alivios para productores del campo.
Mediante este documento se creó el Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA), que está dirigido a pequeños productores de bajos ingresos hasta por COP 12 millones, que se irán para cubrir abonos a capital o intereses de deudas contraídas bajo el crédito de fomento agropecuario con el Banco Agrario.
También se puso en marcha el Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria que, de forma temporal, “comprenderá operaciones de compra de cartera agropecuaria, incluida la cartera de redescuento y sustitutiva, con el fin de contribuir a la recuperación económica y productiva de los pequeños productores de ingresos bajos y pequeños productores que hayan resultado afectados por los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia”, según se lee en el decreto.
El decreto también suspendió, de forma temporal, los procesos de cobro asociados a los créditos de fomento agropecuario. Y, a su vez, establece un programa para ofrecer financiación a los pequeños productores, especialmente los de bajos ingresos. “El programa incluirá componentes combinables como crédito nuevo, subsidio a tasa, periodos de gracia, garantías, seguro e incentivos de recuperación productiva, a través de intermediarios financieros/operadores habilitados, con destino a la creación y/o recuperación de proyectos productivos con enfoque de adaptación al cambio climático y de cadena de valor o territorial para generar valor agregado y conformar economías de escala que contribuyan al restablecimiento productivo”, se lee en el decreto.
Medidas sobre tierras en medio de la emergencia
Hay un decreto exclusivo que busca reubicar, temporal o definitivamente, unidades de producción agrícola que fueron afectadas por las lluvias.
El sector agro es uno de los grandes perjudicados por los desastres causados por el frente frío de hace unas semanas. De acuerdo con la UNGRD, sólo hasta el 6 de febrero se contabilizaban unas 19.800 hectáreas productivas afectadas. Y el Ministerio de Agricultura habla de unos 450.000 animales de producción que se suman al panorama total del desastre.
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El decreto 0174 faculta al Gobierno para declarar de utilidad pública “la adquisición de predios rurales y sus unidades de producción agropecuaria, franjas de terreno, mejoras de propiedad particular o de entidades públicas que sean necesarios para conjurar la emergencia”.
Esto con el fin de dotar de tierras a campesinos, ejecutar infraestructura agrícola, adecuación de tierras y el restablecimiento de sistemas agroalimentarios.
También se le dan facultades especiales a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que ejerza acciones en temas como ocupación y adquisición de bienes, saneamiento y deslinde de predios. Así mismo, se dictan disposiciones para que los trámites que haya que hacerse ante las oficinas de registro por cuenta de la emergencia sean expeditos y no se demoren más de un día hábil.
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