El presupuesto de la Nación para 2025 se enfrenta a un problema crítico: un déficit de $46 billones, equivalente a 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo advierte el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que señala que, sin medidas urgentes para aumentar los ingresos o reducir el gasto, el país se encamina a un escenario de insostenibilidad fiscal.
Este desajuste no surge de la nada. En 2024, el déficit fiscal alcanzó 6,8 % del PIB, muy por encima de 4,3 % registrado en 2023 y de 5,6 % proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estabilizar las cuentas, el gobierno recurrió a las Transacciones de Única Vez (TUV), una maniobra contable que le permitió ajustar el balance primario neto estructural y cumplir con la Regla Fiscal. Pero estas transacciones, por $31,9 billones, no contaron con el visto bueno del CARF, que advierte que su impacto en las finanzas públicas será evaluado en los próximos dos años.
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La deuda pública también se disparó, cerrando en 60 % del PIB, lo que revierte el proceso de consolidación fiscal observado entre 2021 y 2023. La materialización de un menor recaudo tributario (que en 2024 fue $71,2 billones inferior al previsto) tiene efectos persistentes y compromete seriamente el presupuesto del próximo año.
El Plan Financiero del gobierno para 2025 proyecta un déficit de 5,1 % del PIB y una deuda de 60,6 %, aún lejos del ancla fiscal de 55%. Con este panorama, Colombia completaría seis años consecutivos con déficits superiores a 4 % del PIB.
El CARF cuestiona la meta de recaudo tributario del gobierno para 2025, que se fijó en $299,9 billones. Según sus estimaciones, esta cifra es $34 billones más alta de lo que realmente se podría alcanzar.
Además, el decreto de aplazamiento presupuestal de enero por $12 billones solo tendrá un impacto real si se traduce en un recorte efectivo del gasto. En 2025 será de $332,4 billones, 18,6% del PIB, lo que representa una leve reducción frente a 2024.
El ajuste necesario para cumplir la Regla Fiscal no es menor: se requieren $46 billones, ya sea en mayores ingresos o en reducción del gasto. A esto se suman otros riesgos que podrían agravar la situación, como los $28,5 billones comprometidos pero aplazados de 2024 a 2025 y el impacto del aumento del salario mínimo, que añade una presión fiscal adicional de hasta $2,1 billones.
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El costo de la deuda: un peso cada vez más difícil de cargar
Uno de los datos más alarmantes del informe del CARF es la carga que representa el pago de la deuda. Uno de cada tres pesos recaudados en impuestos tendrá que destinarse a pagar intereses, lo que reduce el margen para inversión social y desarrollo.
Este gasto en intereses alcanzará 4,8 % del PIB en 2025, el nivel más alto en la historia fiscal del país. Para frenar esta tendencia, se necesitan decisiones drásticas que reduzcan el déficit y el nivel de endeudamiento.
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¿De dónde vendrán los recursos?
El escenario de ingresos proyectado por el gobierno para 2025 es optimista, pero el CARF considera que las expectativas no son realistas.
- Ingresos tributarios: se estima que los impuestos representarán 14,9 % del PIB en 2025, frente a 14,5 % de 2024. Aunque el crecimiento proyectado por el gobierno (16,7%) supera la expansión esperada de la economía, lo que genera dudas sobre su viabilidad.
- Ecopetrol y excedentes financieros: en 2024, el gobierno recibió $2,8 billones en reintegros de excedentes financieros, pero para 2025 estos ingresos desaparecerán, lo que reduce aún más el margen fiscal.
- Gestión de la DIAN: se prevé que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaude $14,6 billones por mejor gestión tributaria, pero esta cifra es inferior a los $28,9 billones inicialmente esperados en el Presupuesto General de la Nación.
El CARF advierte que, sin nuevas reformas tributarias o medidas estructurales, los ingresos seguirán siendo insuficientes para cubrir el gasto público.
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Estas serían las opciones de Gobierno, según la CARF:
- Reformas tributarias: aunque el gobierno no ha anunciado nuevas reformas, el CARF insiste en la necesidad de buscar fuentes de ingresos permanentes.
- Recortes presupuestales efectivos: la simple postergación del gasto no soluciona el problema; se requieren reducciones reales en el presupuesto.
- Revisión del gasto inflexible: algunas partidas, como las transferencias automáticas o el gasto en pensiones, representan una parte importante del presupuesto y requieren una revisión estructural.
- Gestión eficiente de la deuda: la creciente carga del pago de intereses limita el margen de maniobra fiscal. Se deben buscar mecanismos para reducir el costo del endeudamiento.
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