Radicada el martes, la Ley de financiamiento que presentó el Ministerio de Hacienda busca que el Congreso apruebe una serie de ajustes tributarios para juntar recursos por unos $12 billones.
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Para la administración del presidente Gustavo Petro estos recursos son necesarios, pues en sus cuentas el proyecto del Presupuesto General de la Nación (en el que se le solicita al Congreso la aprobación de $511 billones) se encuentra desfinanciado. En suma, si el país quiere cumplir con los costos administrativos, responder al pago de sus obligaciones de deuda y realizar las inversiones sociales que demanda el 2025, sí o sí, argumenta el Gobierno, se requiere que a ambas peticiones se les dé luz verde.
Los más críticos de ambas iniciativas señalan que en estos momentos, complejos para la economía colombiana, no hay recursos que puedan satisfacer un presupuesto tan “ambicioso”, y menos una “reforma tributaria” que, argumentan, amenazaría la reactivación económica.
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Según lo explicado a este medio por el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, “las compañías y la economía no son infinitas en términos de poder transferir recursos al Estado”, y menos en un escenario en el que se busca un dinamismo en el sector empresarial.
No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha reiterado que entre los ajustes que incluye esta ley de financiamiento hay una reducción al impuesto sobre la renta para personas jurídicas (con unos umbrales y niveles específicos que varían según el tamaño de las empresas). En teoría, el empresariado colombiano terminaría pagando menos tributos.
“La medida busca promover un entorno productivo más competitivo y eficiente dentro del contexto latinoamericano. Así, la estrategia para una reactivación económica sostenible se materializa a través de la implementación de tarifas marginales en el impuesto de renta que se reducen en el tiempo”, se lee en la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley.
Pareciera entonces contraintuitivo que en un escenario en el que el Estado busca incrementar su recaudo baje el impuesto de renta. La respuesta a esta supuesta paradoja está en los demás elementos que componen el proyecto, los cuales buscan compensar en aumentos y adiciones a impuestos como el patrimonio, juegos de azar en línea y vehículos híbridos, entre otros. También se plantea subir el recaudo vía reducción de la evasión (con el impulso de la facturación electrónica), así como ahorros en subsidios a largo plazo (mediante la promoción del uso de paneles solares en sectores residenciales de estratos 1,2 y 3).
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Para el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aunque son varios los cuestionamientos que genera esta propuesta, también son muchos elementos que merecen ser discutidos. “Destacamos la reducción gradual del impuesto de renta a las empresas y la introducción de tarifas marginales diferenciales; la eliminación del régimen simple de tributación; y la inclusión del IVA para los juegos de suerte y azar digitales”.
¿Qué pasaría si no se aprueba la Ley de financiamiento?
Para este punto, el destino del Presupuesto General es incierto, en la medida en la que no es claro si el Congreso le aprobará el monto pedido por el Gobierno ($523 billones en total). Justamente este miércoles se adelantaba el debate para saber si la iniciativa podía seguir avanzando en el Legislativo (el monto debe quedar listo para el 15 de septiembre, como máximo).
Esto, a su vez, podría complicar el camino de aprobación de la Ley de financiamiento (un proyecto que modifica impuestos, pero con el fin de financiar el presupuesto). Aunque ambas iniciativas son independientes en su discusión legislativa, en materia de voluntades políticas estos dos proyectos comparten el mismo camino, de cierta forma. Si baja el monto del presupuesto, es posible que los horizontes de la ley de financiamiento tengan que ser redibujados.
En principio, algunos analistas consideran que el país no necesita este proyecto. César Pabón, quien es el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, sostiene que lo realmente necesario para Colombia es adelantar un serio programa de austeridad. “Reducir el presupuesto no solo evitaría la discusión de una reforma, sino que también fortalecería las finanzas públicas a mediano plazo”, dice.
El análisis que hace Henrry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, va por la misma vía, en la medida en que, explica, Colombia tiene un problema de caja en el que no tiene muchas opciones para levantar recursos. Sin embargo, hay una oportunidad que podría aprovechar la Nación y que aliviaría el desafío presupuestal que plantea el 2025. Esta es la de echar mano de la reducción en las tasas de interés que anunció el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, para renegociar su deuda externa y así obtener un ahorro que podría rondar los $6 billones.
Otras miradas, como la de Brandon Espinel, profesor de Derecho Tributario de la mencionada universidad y miembro de la Red de Trabajo Fiscal, plantean un escenario más desafiante, en la medida en que estiman que el desfinanciamiento del presupuesto para el próximo año es superior a los cerca de $12 billones que dice el Ministerio de Hacienda, pues este incluso puede llegar a los $46 billones (en parte agravado por el paro de transportadores y la no subida de los $1.904 en el precio del ACPM).
La senadora Angélica Lozano se suma a esta crítica, sosteniendo que el mencionado déficit en realidad ronda los $56 billones. “Las cuentas no cuadran, el Gobierno espera ingresos muy superiores a los establecidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, no hay nada que sustente este incremento”, dice, al añadir que la Ley de financiamiento es un proyecto que anticipa la regla fiscal, endeuda más al país y debilita sus finanzas.
Resalta que no tiene sentido aprobar más recursos a un Gobierno que ha demostrado tener una baja ejecución presupuestal, en donde programas del Ministerio de Vivienda apenas llegan al 8 %, y en otros del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), permanecen en 0 %, según la senadora. “Y eso que el Gobierno quiere reemplazar el petróleo con turismo”, acota la legisladora.
Otras fuentes consultadas por este medio sostienen que es muy probable que el Congreso le dé la oportunidad a la propuesta, siempre y cuando la misma se discuta de forma independiente al presupuesto. Es decir, que su debate no sea en el marco de una ley de financiamiento sino de en el de una reforma tributaria en propiedad.
En suma, si el Congreso no le aprueba esta ley de financiamiento al Gobierno, éste se vería obligado a implementar una serie de recortes en las cuentas que trazó para el próximo año. Como lo ha explicado el ministro de Hacienda, reducir el pago de la deuda no es opción (aunque habría que ver el impacto que tenga la reducción en las tasa de interés de la Fed), por lo que la disminución del presupuesto se daría, principalmente, en la inversión en programas sociales y ajustes en los costos de funcionamiento.
La lista de los sectores que más se verían golpeados, según el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexánder López, es larga.
Sin los $12 billones no se podría cumplir con el programa de mejoramiento de escuelas y colegios; habría afectaciones en los créditos de educación superior, así como en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la financiación a los nuevos cursos que ofrece el SENA. Más de 500 instituciones culturales se quedarían sin presupuesto; se frenaría la recuperación del Hospital San Juan de Dios y la de todos los espacios que financia el Ministerio de Cultura. Los recortes también tendrían ecos en el Ministerio del Deporte, así como en el de la Igualdad, por lo que se perjudicarían instituciones como el ICBF, la infraestructura y equipos básicos de salud; subsidios de otras carteras, como el de Mi Casa Ya, también se verían afectados.
“Si nosotros no logramos esta ley de financiamiento podríamos estar apagando 26 de 31 sectores de inversión social que requiere el país. $12 billones que podrían representar también el presupuesto de inversión de 81 entidades, de 163″, concluyó.
Vale recordar que, si el Congreso no aprueba el presupuesto (el monto, en primer lugar, o la totalidad del proyecto, en segundo), el Gobierno cuenta con la opción de decretarlo. Pero este no es un camino usual para estas iniciativas y, de fondo, es una ruta que es vista como caso excepcional, pues le resta, de cierta forma, algo de legitimidad a la iniciativa.
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