“Es riesgoso intervenir el mercado, pero también perder productores”: Minagricultura

Del otro lado, también ha sido un sector que se destaca porque se ha expandido en aspectos claves como las exportaciones, abastecimiento, área sembrada y en su impacto en el Producto Interno Bruto. De hecho, se mantiene como el segundo renglón que más contribuye a la economía y creció un 3,8 % en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Las actividades agropecuarias son más que una fuente de ingresos para las familias, pues lo que pasa en el campo atraviesa la seguridad alimentaria y el derecho fundamental de los colombianos a la alimentación. Sobre estos temas, las políticas del Gobierno y los retos del último año del presidente Gustavo Petro, habla la ministra de la cartera, Martha Carvajalino Villegas.

¿Qué dicen las situaciones críticas de la papa y el arroz de lo que pasa con el agro en el país?

Lo que han mostrado el arroz, la papa y los excedentes estacionales es que se requiere de la intervención directa del Estado y del Gobierno. La agricultura es el ingreso del productor, pero también el precio de los alimentos que pagan los ciudadanos. La agricultura, su comercialización y transformación debe ser una política de Estado.

¿Cómo explicar esa necesidad de que intervenga el Estado y de qué manera hacerlo?

Sabemos que es muy riesgoso, pero lo estudiamos para el caso específico del arroz. Es excepcional y esperamos que sea temporal la medida de fijar un precio mínimo, pero se justifica porque hay problemas en el mercado que afectan a toda la cadena.

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Cuando miramos el tema del arroz encontramos varios factores: una sobreproducción mundial y entrada irregular del grano que aumenta los inventarios, principalmente. Se afectaron los precios y necesitamos intervenir para sacar las distorsiones y poder recuperar las reglas básicas de ese libre mercado.

Aunque en el papel está claro, hay denuncias de que la resolución no se cumple…

Lo que pasó fue que la industria dejó de comprar y yo no puedo obligarlos. El año pasado la industria no quiso el incentivo al almacenamiento porque implicaba fijar un precio piso. Por eso entramos a regularlo.

Ese incentivo entregaba unos recursos que ayudaban a absorber parte de las cosechas estacionales para liberar ese arroz en el momento de menor producción. El objetivo inicial era estabilizar las áreas de producción y que la cadena fuera más competitiva, pero han pasado 30 años y nuestro esquema de producción sigue igual. Ahora están las agravantes de arancel cero con la Comunidad Andina y también para Estados Unidos en 2030. Hoy la industria empieza a buscar directamente a los productores y esperamos que esas conversaciones les permita llegar a un acuerdo.

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Si bien es difícil regular el precio del “paddy” verde, ¿en qué va la resolución sobre el arroz blanco?

Nos han hecho bastantes observaciones y las estudiamos todas, por lo que estamos modificando la fórmula y las cuentas de información. Ya para mí es un logro hacer que los productores y la industria se volvieran a sentar a hablar de sus problemas. Toda negociación parte de las diferencias, por lo que toma tiempo y es necesario escucharse.

Foto: José Vargas

Los paperos son otro sector en crisis y en las últimas semanas ha habido muchas tensiones. ¿Finalmente habrá o no paro?

Espero que no haya paro porque somos conscientes de la situación en la que están los papicultores. En efecto, el precio está muy bajo y todavía falta mucha cosecha por sacar. Hice un sobrevuelo por Boyacá esta semana y siguen sembrando papa cuando deberían dedicarse a otro producto.

¿Qué medidas han tomado para aliviar esa situación?

En la mesa nacional tenemos varios mecanismos y trabajamos con las gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Ya tenemos créditos con tasas de interés subsidiadas con recursos del presupuesto para la reactivación económica. Con ello buscamos normalizar la situación financiera de los productores en mora. Y estamos estudiando garantías agropecuarias.

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También tenemos el programa de manejo de excedentes estacionales para la adquisición directa de papa y otros productos para que lleguen a los programas sociales del Gobierno Nacional y hay $20.000 millones en concurrencia de varios recursos.

¿En qué otras estrategias están trabajando para el sector de la papa?

Buscamos avanzar en las compras públicas con el ICBF, así como se hizo con el arroz, aunque el reto es mantener un producto fresco. Y hemos tenido reuniones importantes con la Cámara de alimentos de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), porque hay quejas frente al incumplimiento de la agricultura por contrato. Con ellos hallamos eco en responsabilidad social y programas de maquila de papa industrial que permitan sacar excedentes del mercado y que los productores puedan almacenar papa mientras se recupera el precio. Además, queremos que la industria incentive el cambio de papa Suprema a Industrial para diversificar las variedades.

Finalmente, trabajamos con las centrales de abasto porque juegan un papel muy importante en el precio, por lo que necesitamos tener reglas claras y transparentes de comercialización que nos ayuden a regular el precio.

En medio de la crisis del arroz y la papa se ha hablado de organizar la siembra. Pero es, primero, muy complicado y segundo, ¿tiene sentido en un país que necesita alimentos pedir que “siembren menos”?

No es sembrar menos, es rotar los cultivos. El año pasado la crisis fue con cebolla y con zanahoria, este año es con papa. Esos cultivos estacionales tienen el problema de que si se pagan muy bien, después la gente siembra más, crece la oferta y el precio cae.

Por eso necesitamos que el productor sepa, cuando inicia su ciclo productivo, qué está sembrando la gente y qué le conviene más. Eso requiere un registro de áreas sembradas. Quien debería hacerlo es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Tenemos información, pero cuando ya pasaron las cosechas.

En el caso del arroz, se está sembrando en humedales en Arauca, no son zonas aptas por el bajo rendimiento y altos costos. Tenemos que ordenar la producción, no para decirle a la gente que no siembre, sino para orientar qué sembrar y qué rotar. Otro problema es la debilidad institucional que tenemos para materializarlo.

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En este contexto, ¿por qué el Ministerio publica un borrador de decreto que le suma varias facultades relacionadas con la comercialización de alimentos?

Hay que recuperar la institucionalidad agropecuaria y el decreto busca eso. Miramos las facultades que tenía el Ministerio de Agricultura para hacer regulación de oferta y demanda y vimos que podíamos tomar lo que hacía el IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario).

Hicimos un decreto en 2023 que, en el marco de los programas de reforma agraria, le permite a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) comprar y absorber productos de manera directa. Además, cuando se liquidó el IDEMA, el Ministerio de Agricultura debía asumir sus funciones establecidas en la Ley 101. Tomamos lo que ahí decía para incorporarlo a nuestro decreto de estructura y funcionamiento.

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¿Por qué le interesa al Minagricultura entrar en la comercialización de alimentos?

Es necesario porque hay cosas que el mercado no regula. Si queremos fortalecer cadenas, hay que intervenir en la promoción para diversificar y recuperar productos ancestrales y nativos como la quinoa, maíces originarios y papas nativas. Para eso se necesitan incentivos y apoyos que hay que asegurar con las funciones del decreto. No se trata de una reacción al paro, es algo que veníamos estudiando.

Sin embargo, hay muchas preocupaciones sobre el impacto que pueda tener en la inflación el hecho de que el Gobierno le meta la mano al mercado.

Yo puedo interferir con o sin decreto y ya lo hice. Regulé el precio del arroz y ya estaba regulado el precio de la leche desde hace años. De hecho, los exministros que critican el decreto fueron los que regularon la leche.

Claro, es un riesgo meterse en el mercado, pero el riesgo también es perder productores y que se quiebren con cada crisis. Ellos tienen dos alternativas: usar instrumentos para recuperarse o dejar la producción agropecuaria, lo que no se puede permitir Colombia. Las medidas están dentro de mis facultades legales y tengo que ejercerlas para mantener la producción agropecuaria.

¿Cómo pueden evitar esos efectos negativos cuando van a intervenir los mercados de los alimentos?

Cuando tomamos medidas hacemos los análisis económicos pertinentes, incluyendo el impacto inflacionario. Para ello nos ayudaron los expertos del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y la UPRA. Esperamos tener un impacto muy pequeño que no va a generar un alza inflacionaria, aunque puedo hacer 10 estudios y que la realidad marque otra cosa.

Nosotros tenemos un monitoreo permanente en el arroz verde, seco y blanco. En el momento en que yo vea que el impacto es en el consumidor final sabré que vamos mal porque nuestro gran logro es haber reducido la inflación de alimentos, pero no puede ser a costa de acabar con el productor. Sé que es un riesgo intervenir en el mercado, pero también es un riesgo no intervenir. Esa no intervención nos llevó a perder algodón, cebada y trigo.

¿Qué hace falta para avanzar en esa diversificación en la producción agrícola?

Lo más difícil es lograr diversificar nuestros consumos. Hablamos de las papas nativas, Nariño tiene una producción de papas nativas eficientes y rentables, pero no hay mercado suficiente. Hay que comer arroz, papa, maíz y otros productos originarios. La dinámica en el mundo transita hacia productos sanos, menos procesados, lo que va a poner nuevamente la agricultura familiar en un lugar privilegiado.

¿Qué reto importante tiene el sector agropecuario en este momento?

Necesitamos crecer en área sembrada. Nuestros retos son al menos 14 millones de hectáreas en agricultura, hoy estamos en 5,8 millones y yo tengo el anhelo de que este Gobierno cierre en 6 millones de áreas sembradas en agricultura, que es un hito en la política agraria desde los años 60: pasar de los 5 millones. No buscamos reducir la ganadería, sino que sea más eficiente para no tener 30 millones de vacas en 30 millones de hectáreas. Esto requiere también decisiones políticas y las estamos tomando rigurosamente, sustentadas en lo técnico y jurídico.

¿Qué otros asuntos son prioridades del Gobierno en su recta final?

Nuestra apuesta en este último año de Gobierno es seguir manteniendo los indicadores de crecimiento, seguramente no con datos tan excepcionales, pero sí sostener el volumen de producción y las áreas sembradas. Para eso vamos a continuar con la línea de crédito agropecuario y queremos fortalecer el crédito asociativo para la inversión en plantas de beneficio, secado, transformación, centros agroindustriales y demás. Así creceríamos en volumen de exportación y diversificación de la canasta exportadora.

Eso está ligado a la discusión de democratizar la tenencia de la tierra, abordamos los conflictos de uso del suelo. Lo hemos hecho, por ejemplo, a través de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y de garantizar el derecho humano a alimentación.

¿Qué se debe ajustar en el sector de cara al último año del Gobierno?

El Gobierno puede decir con claridad que las medidas de política pública que hemos tomado para la reforma agraria y el desarrollo rural son adecuadas y pertinentes. Hay que ajustar cosas, sin duda. Cada vez que yo saco una norma a discusión recibo todos los comentarios. Si las medidas no funcionan, las reversamos; y si las medidas funcionan, las consolidamos.

Pero yo espero que en el año que nos queda de gobierno podamos avanzar en muchas apuestas institucionales para recuperar la gobernanza en la producción agropecuaria.

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Otro debate importante es el derecho humano a la alimentación y el trámite de la ley estatutaria en el Congreso. ¿Cuál será el papel del Ministerio en esa discusión?

Hay que rediscutir toda la institucionalidad agropecuaria. Tenemos la expectativa de que queden elementos de participación, de identificación y de reconocimiento de la agricultura campesina respecto a la producción agropecuaria y salvaguardar la actividad para que sea de absoluta protección del Estado. Ello debe implicar en su desarrollo normativo otras facultades para la institucionalidad.

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