Hace cerca de dos años, por petición directa del presidente Juan Manuel Santos, se conformó la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura en Colombia para presentar un estudio del que derivaran recomendaciones para el bienestar de toda la cadena productiva. Las primeras conclusiones se conocieron hace algunos meses y aunque en la introducción del informe final que le fue entregado al presidente Juan Manuel Santos esta semana reza que se contó con plena cooperación de la Federación Nacional de Cafeteros en la construcción del estudio, en esta organización, que representa a más de 500.000 familias productoras de café, las recomendaciones ahora y entonces generaron malestar.
Lo presentado finalmente no difiere mucho de lo que ya se conocía. Hay puntos y reflexiones que no generan controversia, como que del café dependen millones de personas en el país y que es necesario actuar desde diferentes frentes para aumentar la productividad y la competitividad del sector. Pero lo relativo a la institucionalidad de la Federación, su participación comercial y a la vez regulatoria, sumados a la relación que sostiene con el Estado, constituyen lo más firme y vehemente dentro de las recomendaciones y, por supuesto, lo que más descontento ha generado en la Federación.
La Misión, liderada por Juan José Echavarría, dice que “la actual institucionalidad cafetera (en esencia, el complejo contractual Estado-FNC, junto con las leyes y normativas que regulan la actividad cafetera) está sobredimensionada, carece de transparencia, es inflexible y no promueve la competitividad y la innovación. Además, con los años se ha vuelto excesivamente dependiente de los recursos del Estado y en consecuencia podría convertirse en un problema latente para las finanzas públicas del país. Por estas razones es insostenible y debe reformarse”.
La Federación ha dicho que no es reacia a las reformas, pero que es una convencida de la necesidad de alianzas público privadas para el desarrollo de proyectos para las comunidades cafeteras y su participación comercial para garantizar reducción de costos de transacción y que al productor, que muchas veces llega con cargas de menos de 25 kilos, le compren al mejor precio.
La Misión menciona el caso de otros países, como India, Costa Rica, Brasil, México y Vietnam, que han tratado de implementar el esquema de estabilización —como en Colombia—, pero lo han abandonado. Propone, en cambio, una liberalización de la política de precios y que, ante una evidente caída de demanda de café arábiga, Colombia se dé la oportunidad de exportar café de otras calidades, no de la más alta, que “cualquier persona que quiera exportar lo haga”, como le dijo Echavarría a este diario días antes del Congreso Cafetero celebrado en diciembre pasado.
“La demanda mundial por café robusta ha crecido a tasas mucho mayores que la de los cafés arábigas, y los arábigas suaves colombianos han perdido participación frente a otros suaves. Entre los países exitosos se encuentran Brasil y Vietnam, pero también India, Indonesia, Honduras, Nicaragua y Perú. El café apenas representa hoy 1% del PIB y 3% del empleo total en el país”, dice el informe. La posición vehemente de la Federación es no sacrificar la calidad y el reconocimiento del café colombiano.
Carlos Rojas Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Colombia, se mostró muy de acuerdo con los resultados finales de la Misión. “Es un estudio que es coherente y que nos abre los ojos a una situación que la caficultura viene sufriendo desde hace más diez años y que todavía no hemos tomado las decisiones de fondo para arreglar los problemas estructurales”. Resaltó la recomendación que se hace de reducir la regulación y de “quitarle a la Federación esa doble condición de juez y parte en el negocio cafetero”, puesto que esta compite con los exportadores y al tiempo regula las exportaciones. La Federación ha recordado que la regulación se decide en el Comité Nacional Cafetero, en donde el Gobierno tiene mayoría.
En cuanto a la supresión de los subsidios y la excesiva asistencia del Estado, Óscar Gutiérrez, de Dignidad Cafetera, dijo a este diario en diciembre pasado que la Misión asegura que “los subsidios directos son odiosos porque benefician a las personas en particular y que lo que hay que hacer es crear bienes públicos porque arropan a toda la población”. Para Gutiérrez, tocar los subsidios significa mancillar la producción y el ingreso cafeteros.
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Las 10 reflexiones y recomendaciones El café sigue representando una opción de vida para millones de colombianos. La demanda mundial por café está creciendo y el nivel de sofisticación de cafés especiales ofrece nuevas posibilidades para un país como Colombia. Solo con una caficultura rentable será posible erradicar la pobreza en las zonas cafeteras. Hay que elevar aún más la producción por hectárea y reducir los costos. No existe una solución única en café. Aunque algunos producirán cafés especiales de excelencia, otros productores tendrán que diversificar sus cultivos y un conjunto muy amplio tendrá que elevar la productividad y la rentabilidad para continuar produciendo café estándar. Una caficultura rentable y heterogénea requiere de una reforma institucional que promueva la competitividad. Para ello es necesario que esta reforma se oriente a una mayor transparencia de las reglas de juego en el sector, separe las funciones del Estado y del gremio. Separar claramente las funciones del Estado y las del gremio. El Estado debe financiar las carreteras, los servicios de riego y demás bienes públicos. Por su parte, el gremio debe concentrarse en incrementar la competitividad del café. Es necesario eliminar el conflicto de intereses entre la regulación y las exportaciones, y debe flexibilizarse la regulación de calidad en la exportación de café, no solo con el objetivo de mejorar el entorno competitivo del sector, sino de promover la innovación. Para promover un entorno más competitivo, todos aquellos que se dediquen a esta actividad comercial deben actuar en igualdad de condiciones, vale decir, deben pagar impuestos y no deben apalancarse con recursos públicos —parafiscales—. Una caficultura sostenible ambientalmente requiere de buenas prácticas agrícolas (BPA). La garantía de compra solo debe mantenerse en aquellos lugares en que exista evidencia clara de una “falla de mercado”. Los mecanismos de estabilización de precios no son viables en la práctica y la experiencia del PIC no debe repetirse.