En varias ocasiones el Presidente de la República, Iván Duque, le ha dicho al país que el Gobierno está invirtiendo 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el paquete contra el COVID-19, que incluye subsidios, ayudas y créditos. Sin embargo, un informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que hay indicios de un gasto mucho menor que el anunciado y que, de hecho, no hay cifras detalladas que sean de conocimiento público.
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“Hay una gran diferencia entre los recursos que el gobierno dice en declaraciones públicas haber destinado a la crisis y los que pueden verificarse”, señaló el documento que dice que no se permite al público conocer la forma en que se destinan los recursos para enfrentar la pandemia: “es extremamente preocupante e incumple con el espíritu de la Ley de transparencia (1712 de 2014)”.
A través del ejercicio, el Observatorio comprobó que la única fuente para conocer los planes del gobierno son“declaraciones casuales de funcionarios, en las cuales el gasto se desglosa a grandes rasgos y de manera cambiante, sin que el desglose sea legalmente vinculante y no peso a peso, sino por billones o decenas de billones de pesos” y lo describió como un comportamiento “potencialmente ilegal”.
El informe refiere que el máximo valor posible documentado del gasto del Gobierno en la atención a la pandemia es de $5,8 billones: la suma de lo transferido a entidades distintas al Ministerio de Hacienda más los contratos celebrados por el Ministerio. La duda es “cuántos de esos $5,8 billones han salido de las arcas del Estado, simplemente se sabe que han salido de las arcas del Ministerio de Hacienda”, advierte en sus páginas.
El cálculo revelado indica que de los $3,6 billones transferidos por el Ministerio de Hacienda a distintas entidades, apenas $1,7 billones tienen descripciones específicas que sugieren que están destinadas a fines verificables, mientras que $1,9 billones corresponden a rubros sin especificar o a descriptores vagos como “necesidades presentadas” y “fortalecimiento” de las entidades que los reciben “y las transferencias recibidas con motivo de la pandemia que sí están bien documentadas, sólo $4,1 billones del gasto de emergencia han sido reportados al público con un nivel de precisión aceptable”.
A la pregunta ¿cuánto dinero se ha gastado efectivamente en la atención a la emergencia?, el Observatorio Fiscal responde: Dado que el Presupuesto General de la Nación PGN aprobado el año pasado para 2020 no podía haber previsto rubros para la atención a una pandemia que no había surgido, todas las entidades necesitan recibir transferencias extraordinarias para este fin, pues ya habían comprometido sus recursos para fines distintos; “así, el gasto por parte de las entidades distintas al Ministerio de Hacienda no puede ser mayor que lo que han recibido en traslados para la emergencia actual, es decir, no pueden haber gastado más de $3,6 billones”.
Y aunque el Ministerio de Hacienda podría haber ejecutado recursos adicionales por su propia cuenta, el ejercicio de los expertos no evidenció ninguna relación de estos recursos en fuentes oficiales, excepto los contratos con terceros relacionados en el Portal de Transparencia Económica, por un valor de $2,2 billones.
El análisis también cuestiona que en realidad el 6 % del PIB son garantías de créditos (respaldo en caso de impago), no recursos gastados en atención a la emergencia. “La principal fuente de recursos que verdaderamente pueden constituir un gasto son los que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que asciende al 2,4 % del PIB”.
Pero además, el informe es enfático en que “es distinto tener recursos a la mano para cuando se necesiten, que realmente gastarlos en la emergencia”. Según el Observatorio, aunque a la fecha los traslados del FOME y otras fuentes a distintas entidades del Gobierno para la atención a la pandemia son $3,6 billones (0,34 % del PIB), la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades es de apenas $2,7 billones (0,25 % del PIB).
El grupo académico reconoce que si bien en materia de salud pública el Gobierno ha divulgado la información de interés nacional de forma centralizada y clara, “no se puede decir lo mismo con respecto al manejo de los recursos públicos destinados a cubrir las necesidades generadas por la pandemia”, haciendo referencia a que no existe un mecanismo institucional centralizado donde se especifiquen los recursos empleados, sus fuentes de financiación y su destinación específica.
Además, discute que aun consultando las fuentes oficiales (decretos presidenciales, resoluciones ministeriales públicas, páginas web institucionales y declaraciones oficiales) “sólo se puede encontrar información sobre el uso de una pequeña parte de los recursos que el Gobierno dice haber destinado a la emergencia social y económica”.
El Observatorio Fiscal también halló que en las declaraciones públicas oficiales de los funcionarios del Gobierno central se entregaban diferentes cifras relacionadas con la totalidad de los recursos dispuestos, mientras el ministro de Hacienda hablaba de $30 billones, el viceministro dijo que eran $117,2 billones. “Se puede inferir que la diferencia entre las magnitudes expuestas por los funcionarios se debe principalmente a los fondos incluidos en cada declaración”, cita el análisis.
La voz del Gobierno
El pasado 27 de mayo, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia está invirtiendo cerca de $117 billones, equivalentes a más del 11 % del Producto Interno Bruto (PIB), para atender la Emergencia Económica por la pandemia del coronavirus (COVID-19), en el marco del programa de televisión ‘Prevención y Acción’.
En dicha ocasión, el mandatario precisó que más de $24 billones correspondían a recursos manejados por el Fondo para el Manejo de Emergencia (Fome), a los cuales se sumaban los créditos para la protección de la nómina, con garantía hasta del 90 %.
Otros $2,21 billones correspondían a la reducción del recaudo de ciertos impuestos y $2,4 billones eran aportes para entidades subnacionales. También estaban las líneas de redescuentos de Bancóldex y Findeter, que equivalen a $2,42 billones. A ello se agrega el aporte en la reducción de cotizaciones pensionales: $1,8 billones.
Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que se habían atendido cuatro segmentos de la emergencia: el de la salud, con recursos directos para la atención de la emergencia, de alrededor de $7,2 billones; el de auxilios directos a la población más vulnerable, con unos $4,5 billones en giros directos (Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario); el de la necesidad de las entidades territoriales de acceder a más recursos, para el cual se les permitió usar $2,8 billones de ahorro, y el de protección al empleo, pero de este último no se conoció el monto.